Derechos Humanos reclama un nuevo Reglamento de Participación Ciudadana en Cádiz

Colectivos ciudadanos

La asociación presenta un estudio que lamenta la escasa implicación de los colectivos sociales en las políticas municipales de la ciudad

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Balcón principal del edificio del Ayuntamiento de Cádiz.

El Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Cádiz, con apenas seis años de vigencia, se ha quedado "obsoleto". Esta es la conclusión global del estudio diagnóstico realizado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Cádiz tras realizar una detallada encuesta a los colectivos sociales de la capital. Aunque en vigor desde el año 2017, tras redactarse un año antes, el actual Reglamento municipal arrastra desde su creación una serie de carencias que impiden que el que debería ser su objetivo principal, el de permitir la implicación de la ciudadanía en el día a día municipal, se cumpla. Su primer fallo, según Derechos Humanos, fue nacer sin que se consultara a todos los colectivos sociales de la ciudad.

Rafael Lara, histórico dirigente de la asociación gaditana, y Ana Rosado, trabajadora social de este colectivo, han expuesto públicamente esta mañana los resultados de un estudio que no deja en muy buen lugar a los anteriores rectores municipales y que pone tarea a quienes desde hace seis meses manejan los hilos de la ciudad desde San Juan de Dios. Y es que, en opinión de Rafael Lara, el actual Reglamento se aprobó sólo con la colaboración de las asociaciones de vecinos y sin que después se haya desarrollado desde 2017 más allá de la Mesa de Personas Sin Hogar o del Consejo Local de Cooperación, pues el resto tienen un carácter tan "burocrático" que impide que sean operativas: "El Consejo Local de Inclusión Social, por ejemplo, no se reúne desde 2016". Un Reglamento, afirma, que "ni siquiera puede consultarse" en la web municipal.

El estudio de Derechos Humanos permite cuantificar en 173 los colectivos sociales de Cádiz, de los que un 21%, un total de 36, son asociaciones vecinales. Son, según Lara, colectivos más o menos activos que muestran la "riqueza" del tejido asociativo de la capital. Y estima que estos colectivos deben participar en la política municipal y que, para ello, es indispensable "desbloquear" la participación ciudadana iniciando de nuevo el proceso para contar con "un nuevo Reglamento" que sustituya al que ha quedado "obsoleto". Porque, y esto resulta fundamental, los colectivos han expresado su interés en participar en mesas y foros que actualmente "no responden a sus necesidades".

Ana Rosado, por su parte, ha explicado que las encuestas realizadas a los colectivos sociales han constado de 25 preguntas divididas en cuatro bloques: identificación de la entidad, la entidad y su participación ciudadana en Cádiz, las propuestas y las observaciones y comentarios.

Desde Derechos Humanos se destacan seis de las conclusiones de este acercamiento a la realidad participativa de la capital: "Evitar la brecha digital a partir de un lenguaje accesible y de un directorio interconectado y actualizado; hace falta una mayor coordinación entre unas asociaciones que, desde el covid, atienden a personas cada vez más heterogéneas; que la participación ciudadana sea el verdadero nexo de unión para trasladar las demandas a la administración pública; que las mesas y foros no estén jerarquizadas ni burocratizadas, y que también admitan a colectivos, como el LGTBI, sin personalidad jurídica; sustitución del Reglamento para lograr, entre otras cosas, que las decisiones de estos foros sean vinculantes, y la necesidad de dotar con más recursos, y no con apoyo precario, a unos colectivos que deben contratar personal para hacer frente a todo su trabajo.

La participación ciudadana, un derecho de la democracia

Mantiene la Asociación Pro Derechos Humanos que la participación ciudadana es un derecho de una buena democracia que, además, se sustenta sobre la Declaración Universal de los derechos Humanos y sobre la propia Constitución Española. Una participación que esta asociación entiende que debe ser directa, vinculante e indispensable en el ámbito local, en el municipalismo, donde se deciden las políticas más cercanas para la ciudadanía. En la presentación del estudio, Derechos Humanos explica su visión del asunto: “Los mecanismos de participación no se agotan obviamente en un Reglamento, por más que sea imprescindible para articularla. Debemos dotarnos de un modelo de ciudad participativa que ciertamente debe ser una cuestión de especial complejidad en las grandes ciudades, pero que no debiera serlo tanto en pequeñas ciudades como la nuestra (...). La participación además no puede limitarse a algunos colectivos sociales, sino que debe intentar abarcar el conjunto. Con todas sus diferencias en las formas de hacer las cosas y en sus objetivos. Y debe encontrar fórmulas de participación directa de la ciudadanía, hoy inexistentes en la práctica”.