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Derechos Humanos escenifica ante las casitas bajas su rechazo a la política de vivienda del Ayuntamiento de Cádiz

Lamenta la venta de suelo público para pisos de renta libre en lugar de destinarlo a alquiler social

Las casitas bajas se quedan sin 130 viviendas en un rascacielos de 20 plantas

Caen las últimas casitas bajas de Cádiz, tras 75 años de provisionalidad

Miembros de la Asociación Pro Derechos Humanos muestran una pancarta ante las casitas bajas. / J.S.R.

La Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) no está de acuerdo con la política de vivienda del Ayuntamiento de Cádiz, ahora gestionado por el PP, y así lo ha escenificado en la mañana de este viernes junto al solar de las casitas bajas en el barrio de San Severiano, un lugar en el que el Consistorio proyecta la edificación de pisos de renta libre vendiendo su parte del terreno, el 70 por ciento, a inversores privados. La Asociación reclama más vivienda social en alquiler para personas con escasos o nulos recursos.

Rafael Lara, portavoz de la APDHA en Cádiz, lamentó que el Ayuntamiento pretenda vender su parte del solar “para ingresar siete millones de euros”. “El alcalde dijo que iban a construir vivienda para todo el mundo, no solo social. En la práctica quiere decir que es para la gente que se lo puede costear”, añadió.

Recordó Lara que la vivienda “es el principal problema de la ciudad, sobre todo para las personas más vulnerables, con más de 4.0000 inscritas en el Registro Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas de Cádiz y no hay a la vista ninguna solución para ellas. Y para colmo el Ayuntamiento, las soluciones que da, en contra de lo que venimos reclamando los colectivos sociales, parece ser que es potenciar la renta libre”.

Según el histórico dirigente de la APDHA “planteamos una línea distinta, que se está aplicando en toda Europa, pero cuando llegan los gobiernos conservadores tiran por otro lado independientemente de lo que diga Europa. Incluso independientemente de lo que digan nuestras propias leyes sobre vivienda, tanto la estatal como la autonómica, que priorizan el suelo público y el alquiler”. A su juicio en Cádiz “por lo tanto vamos a priorizar que se la ciudad se vaya poblando de gente con recursos y expulsando a las que tienen menos”.

Destacó Lara el “ejemplo vergonzoso de la Zona Franca con Navalips. Van a construir 800 viviendas, 400 de ellas de renta libre y las otras 400 de VPO para la venta. O sea, para gente que tiene recursos y puede pagar una hipoteca”.

“A eso añadimos la libertad que se está dando para turistificación y las viviendas turísticas, se está expulsando a la población. Esta ciudad va a acabar convertida en un escaparate para los turistas donde será imposible vivir para las personas de aquí con menos recursos”, concluyó.

Eladio García, otro de los miembros de la APDHA, apuntó que en las casitas bajas la iniciativa privada "quiere comprar al Ayuntamiento para hacer una torre de 20 plantas para 120 viviendas". Entonces en Cádiz “al tener pocos terrenos, si se agotan todos los que son de propiedad municipal, ¿quién hace viviendas para las personas que hoy no pueden acceder a ellas? Teniendo en cuenta el carísimo precio de ventas y alquileres. ¿Qué pasa con esas más de 4.000 personas que demandan una casa si vendemos el terreno municipal? Hay que hacer viviendas protegidas en alquiler. Personas que han vivido aquí toda su vida se tendrán que ir. Eso es durísimo para esas personas y para Cádiz”.

Para García “convertir la ciudad en un parque temático no es la solución. Hay que seleccionar para que el turismo sea selectivo, el que deja dinero, que dejará de venir cuando expulsemos a todo el mundo y Cádiz pierda su esencia, que es la gente”. Por último Eladio García expuso que “el PGOU prevé que aquí en las casitas bajas se edifiquen viviendas de renta libre, pero se puede hacer una modificación puntual que no sería complicada”.

La respuesta de Bruno García

La APDHA ya pidió hace unos días al Ayuntamiento que el solar de las Casitas Bajas se destinase a la construcción de viviendas de alquiler para gente joven, para familias con dificultades de acceso a una vivienda en régimen de alquiler, o para el programa ‘Primero vivienda’ para personas sin hogar. Al respecto el alcalde, Bruno García, respondió que “lo que plantea el PGOU es que en ese espacio vayan viviendas de renta libre y lo vamos a mantener así”.

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