La Diputación recuperará el edificio cuando esté vacío

La compañía Zaragoza Urbana, dueña del edificio del antiguo Valcárcel desde hace siete años, no podrá cerrar la operación de reversión del inmueble a su antiguo propietario, la Diputación Provincial, hasta que la finca no se haya desalojado a todas las personas que ocupan sus dependencias desde hace ya medio año.

Esta es la premisa con la que se trabaja desde la empresa zaragozana. No existe papel oficial que refleje esta aseveración, pero las conversaciones que se mantienen entre la institución provincial y la firma privada giran entorno a esta exigencia planteada desde el palacio de la plaza de España.

Zaragoza Urbana compró el edificio para convertirlo en un hotel de cinco estrella. Se encargó a prestigiosos arquitecto el proyecto de reforma y se valoró la inversión en unos 50 millones de euros. La idea era tener el edificio listo para el Bicentenario de la Constitución de 1812, pues debía convertirse en residencia de los visitantes ilustres, además de utilizarse su sala de congreso para reuniones relacionadas con este evento.

Los problemas políticos que durante la tramitación del proyecto surgieron entre el Ayuntamiento y la Junta retrasaron el inicio de las obras hasta que, solventados éstos, la crisis económica hizo inviable la operación privada, optando Zaragoza Urbana por desligarse del acuerdo firmado en su día con la Diputación.

Sin embargo, la reversión de la propiedad del inmueble se está dilatando en el tiempo más de lo que preveía Zaragoza Urbana, que ya había realizado diversos pagos a las administraciones implicadas. El último parón en las negociaciones lo provocó las elecciones municipales del pasado mes de mayo, que acabó con un cambio político al frente de la Diputación. El nuevo gobierno de la institución provincial, del Partido Popular, no ha tenido especial interés por agilizar la recuperación de este inmueble por cuanto ésta ya estaba ocupado por un grupo de ciudadanos, lo que le obligaría a ser ellos los que diesen la orden de desalojo.

De esta forma, se llega a seis meses de la ocupación. Un portavoz de Zaragoza Urbana indicó ayer a Diario de Cádiz que en cuanto al problema de la ocupación del edificio, el tema seguía en manos de la Justicia y había que respetar los plazos y el proceso legal; en todo caso, se indicó que la denuncia presentada en su día en Comisario se basaba en la documentación elaborada por los arquitectos que alertaban del riesgo que, en materia de seguridad, suponía la ocupación de un edificio necesitado de importantes obras estructurales.

Por su parte, la Diputación fue ayer extremadamente escueta a la hora de explicar su posición: "Hay un contrato en vigor y la Diputación espera que se cumpla". Y nada más desde la plaza de España.