Facua tacha de "tomadura de pelo" que se cobre una tasa por depuración

La organización de consumidores Facua ha mostrado su malestar con el Ayuntamiento de Cádiz por los vertidos al mar de aguas residuales del casco antiguo, por lo que podría ser sancionado con 100.000 euros si prospera la petición realizada en ese sentido por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

El portavoz de esta entidad de consumidores, Jesús Yesa, calificó como "una tomadura de pelo" que el Ayuntamiento esté cobrando en el recibo bimestral del agua una tasa por depuración de las aguas y después no se haga.

Yesa quiso dejar claro que esa tasa debe ser cobrada porque las aguas han de ser depuradas, "pero lo que sí queremos es que el dinero que se cobra por este concepto se dedique a ello". El portavoz de Facua afirmó que ningún usuario puede reclamar dejar de pagar esta tasa ni pedir que le devuelvan el dinero "porque ni es legal ni es lo político".

Jesús Yesa afirma que lo que se ha producido no se puede achacar a un error técnico "sino que es político y, además, no es casual". Y no lo es porque las dos áreas "que al equipo de Gobierno le importan un pepino son Medio Ambiente y Consumo".

Así, pone de ejemplo que en polémicas como ésta y otras anteriores "nunca responde la titular, Paloma Bordons, y al igual ocurre con Consumo con Carmen Obregón, donde salen los primeros espadas". Yesa opina que "son puros elementos decorativos, pero con el problema añadido de que cobran un sueldo que nos cuesta dinero a los gaditanos".

Facua recuerda que más allá del uso del dinero, el problema de fondo "es que se está produciendo un problema ecológico donde se da un caso de "irresponsabilidad política".

Los técnicos de la Junta de Andalucía han podido constatar que se ha producido el vertido de aguas residuales sin tratamiento previo alguno en cinco puntos distintos de la ciudad: la barriada de La Paz, Puntales, Cortadura, Mirandilla y Lubet.

Las inspecciones se realizaron entre el 9 de noviembre y el 14 de diciembre pasado y de ellas se informó previamente a la administración local por si ésta quería realizar a su vez prueba paralelas, aunque no hubo contestación alguna.

El vertido de aguas residuales sin autorización alguna desde diversos puntos de la ciudad se considera, por parte de Medio Ambiente, como una falta grave, por lo que la multa puede oscilar entre los 6.010 y los 300.506 euros.

El Ayuntamiento de Cádiz puede presentar un recurso contra esta propuesta. Ayer, a pesar de que este medio se lo requirió, no quiso pronunciarse sobre el caso.