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Batalla legal por la custodia de un menor
Cádiz/Ana, la abuela que se negó a entregar a su nieto a la Junta de Andalucía después de que la administración decidiese que ella no era la persona idónea para criarlo, fue juzgada ayer precisamente por no atender a dicho requerimiento. Tanto la Fiscalía como la Junta la acusaron de un delito de sustracción de menores y solicitaron para ella penas de prisión: dos años y medio y tres, respectivamente.
Y aunque la petición de cárcel planteada por ambas acusaciones fue elevada, no es la pena más grave a la que se enfrenta esta abuela gaditana. En caso de ser condenada, Ana no podría ejercer la patria potestad del niño, al que atiende y cuida desde el mismo día en que nació por los problemas de toxicomanía que sufrían entonces los padres del pequeño.
Ana llegó ayer al Juzgado de lo Penal número 4 de Cádiz después de una complicada batalla judicial. En el verano de 2017, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales determinó el cese del acogimiento provisional que la abuela ostentaba sobre su nieto. La Junta declaró que ella no era la persona idónea para cuidarlo y la requirió para que entregase al niño a los Servicios de Protección del Menor para su posterior acogida por parte de una familia ajena.
Ana se negó a dejar su nieto y llevó su caso a los tribunales. Demandó a la Junta de Andalucía, fue a juicio y, en mayo de 2018, el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Cádiz le dio la razón. En la sentencia, la juez señaló que si Ana no acató la orden de la Junta fue porque era lo mejor para el menor, razón por la que le concedió su acogida. Esta resolución judicial devino firme porque no fue recurrida ni por la administración autonómica ni por la Fiscalía.
El conflicto legal no quedó ahí. La Junta de Andalucía también movió ficha en este asunto y denunció por lo penal a la abuela por el delito de sustracción de menores, una querella a la que se sumó la Fiscalía Provincial de Cádiz pese a que en el juicio civil por la acogida del menor, el fiscal no se opuso a que Ana lograse su tutela.
Más de un año después de conseguir la acogida legal de su nieto, la ‘abuela coraje’ –como algunas personas llaman cariñosamente a Ana– se sentó ayer en el banquillo de los acusados por incumplir la reclamación de la Junta. “Vi injusto dar a mi niño a otra familia estando yo aquí, era un crimen separarnos, por eso pensé que tenía que ser un juez quien decidiera si yo debía criar o no a mi nieto”, declaró Ana ante el juez.
Durante la celebración de la vista oral, la mujer recordó que cuando los técnicos de Servicios Sociales y de Protección del Menor determinaron que no debía mantener la custodia provisional del menor alegaron, entre otros motivos, que ella tenía un gran apego hacia su hijo toxicómano, el padre del menor. “Mire usted –le explicó al magistrado– tengo tres hijos, dos con carrera universitaria y otro con problemas de adicción. Me ha tocado, no lo oculto. Y claro que intento ayudarlo. Pero que quede constancia que eché a mi propio hijo de casa cuando la Junta y el Ayuntamiento me dijeron que debía hacerlo si quería seguir conservando la tutela de mi nieto”.
Ana subrayó también que su actitud en todo este procedimiento ha sido siempre “de colaboración”; que cuando se le recomendó que escolarizase al pequeño, lo inscribió de inmediato en una guardería; y que cuando las entidades públicas le recomendaron que se mudase a una vivienda más grande en beneficio del niño, lo hizo a pesar de sus limitados ingresos, una pensión de 700 euros.
Tres técnicos de la Junta de Andalucía que llevaron el seguimiento de Ana y su nieto declararon ayer en el juicio en calidad de testigos. Las tres trabajadoras manifestaron que la abuela se comprometió a entregar al niño a finales de julio de 2017, lo que nunca llegó a producirse.
Las empleadas indicaron que entre julio de 2017 y enero de 2018 intentaron “hasta en cinco ocasiones” localizar a Ana [por las mañanas, nunca por las tardes] sin éxito. Fueron a buscarla a su casa acompañadas por la Policía Autónomica; acudieron al domicilio de sus padres y allí, según narraron, la bisabuela del menor (enferma de Alzheimer) les dijo que Ana estaba escondida para evitar la retirada del niño; en otra ocasión, encontraron al padre del menor (toxicómano) y éste, señalaron, no les quiso informar sobre el paradero de Ana. Por ello, las técnicos afirmaron que no pudieron continuar con el seguimiento estipulado por la administración para las familias en régimen de acogida.
Ahora bien, a preguntas de la defensa de Ana, representada por la letrada Esther Coto, las trabajadoras de la Junta admitieron que desde que la abuela consiguió la acogida de su nieto en los tribunales hace ahora un año, no volvieron a contactar con ella. La abogada les preguntó que si habían visitado el domicilio habitual de Ana de nuevo, si la habían llamado por teléfono, si habían acudido a la guardería en la que estaba inscrito el menor... La respuesta a todas estas cuestiones fue “no”. En vista al desconocimiento manifiesto de la situación actual del niño, la defensa recordó que “la Junta, a día de hoy, sigue siendo el tutor legal del niño”.
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