La Fiscalía archiva las diligencias por la crisis del agua de Loreto

Cádiz/La Fiscalía Provincial ha decretado el archivo de las diligencias informativas que se abrieron tras la entrega por parte del concejal de Medio Ambiente y presidente de Aguas de Cádiz, Manuel González Bauza, del informe elaborado por la actual gerencia de la empresa municipal sobre la gestión de los cortes del suministro de agua potable en el barrio de Loreto en septiembre y octubre de 2014. El decreto, al que ha tenido acceso Diario de Cádiz, señala que en la actuación desarrollada por los anteriores gestores "no puede en ningún caso hablarse de mala praxis" en todas las acciones que se realizaron en esta crisis. Asimismo, también se constata en el auto que no hubo una "ocultación intencionada" de los resultados de las analíticas a la autoridad sanitaria.

Tras ocho meses de pesquisas, el dictamen es contundente en sus conclusiones al valorar la gestión de los anteriores gestores de Aguas de Cádiz y eximirles de cualquier responsabilidad.

Tras el análisis de los documentos remitidos por Aguas de Cádiz de su investigación, así como los informes solicitados tanto a la Delegación Territorial de Salud de la Junta, el laboratorio de la UCA, el informe y los testimonios del exgerente de Aguas de Cádiz, Juan Miguel Núñez, y el exdirector técnico, Daniel Gómez, la Fiscalía señala que el asunto que se trata es "un incidente constatado de contaminación que no produjo afección conocida a ningún ciudadano de los afectados por el corte del suministro".

El principal punto de controversia que ha llevado a que el asunto llegara a manos de la Fiscalía ha sido la falta de comunicación a la autoridad sanitaria de los resultados anormales de las analíticas que se señala en el informe del actual consejo de Aguas de Cádiz. En la resolución se manifiesta que hay "una lectura muy distinta" entre los distintos responsables en los márgenes que se deben tener en cuenta en las analíticas, la calificación del riesgo y la actuaciones a llevar a cabo. Asimismo, a partir de un informe de una consultora externa, se añade una nueva valoración a sumar que "parte de la dificultad de la tarea de valoración ante la medición de indicadores de contaminación que no miden la contaminación misma sumada a la concurrencia de múltiples factores que pueden tener incidencia". Unas diferencias que también resalta que aparecen a la hora de tener en cuenta la alta presencia de bacterias aerobias y considerarlas como "indicador de contaminación microbiológica".

Ante esto, la Fiscalía argumenta que es "innegable" que lo que el informe reprocha a los anteriores gestores es "la falta de comunicación de resultados a la autoridad sanitaria, pero no la no adopción de medidas oportunas para evitar un daño a la salud de la población".

Junto a esto, indica que en su momento, a partir de los informes de la autoridad sanitaria, las causas del foco de infección "no fueron correctamente dilucidadas". Ésta es una de las claves del estudio de los actuales responsables de la empresa. Sin embargo, el dictamen añade que las circunstancias de la contaminación "tampoco han sido establecidas de forma incontrovertida a posteriori". Incluso, en otro punto de los fundamentos que han llevado a esta decisión se afirma que "es mucho más fácil dilucidar las causas de los acontecimientos una vez que éstos han transcurrido y han sido superados". De hecho, remarca que la comisión ha contado con esta "ventaja" para realizar una investigación que califica como "brillante" por el uso del modelo hidráulico que ha llevado a la elaboración de la hipótesis de su posible causa. Asimismo, también afirma respecto a la obligación de determinar por lo que dicta la normativa el origen de la infección que "con la investigación efectuada con diligencia, y con los medios y materiales disponibles, ya debe entenderse satisfecha dicha imposición normativa al gestor".

Un asunto que se resalta en el decreto es que mientras que se produjo el incidente que propició el corte del agua potable "se adoptaron medidas reparadoras y de prevención que supusieron un importante desembolso".

Otro aspecto que ha llevado al archivo del caso es que la Delegación Territorial de Salud considera en su informe que la gestión que se realizó de esta crisis por parte de Aguas de Cádiz fue "correcta y adecuada". Además, también se apoya en un extracto del informe de la comisión técnica de la empresa municipal que elaboró el estudio en el que se indica que "no se pone en cuestión la entrega y profesionalidad que el personal demostró durante el incidente". Ante esto, la Fiscalía interpreta que "la valoración de la gestión efectuada es positiva", por lo que reseña que en las conclusiones del citado trabajo "nos encontramos con una serie de conclusiones y desiderata que no dejan de moverse en el ámbito de una teórica gestión perfecta u óptima y que sería deseable se tuvieran en cuenta en el futuro por parte de aquellos que las suscriben".