Fiscalía ve indicios de delito penal del alcalde de Cádiz por no dar información

El Juzgado requiere una serie de informes al Ayuntamiento para abrir o no proceso judicial contra Kichi

José María González se enfrenta a una pena de inhabilitación que iría de uno a cuatro años

El alcalde, José María González, y el ya exconcejal José Blas Fernández, en un pleno del mandato 2015-2019
El alcalde, José María González, y el ya exconcejal José Blas Fernández, en un pleno del mandato 2015-2019 / Lourdes De Vicente

Las causas judiciales siguen irrumpiendo en la vida cotidiana de la gestión del equipo de gobierno. En esta ocasión, vuelve a ser el alcalde el centro de la diana, apareciendo sobre él una nueva causa que le amenaza de nuevo por la vía penal. La denuncia presentada en su día por el exconcejal del Partido Popular José Blas Fernández y que se creía ya archivada y olvidada ha vuelto a la luz, en este caso de manos de la Fiscalía, que al contrario de lo decretado en su día por el Juzgado de Instrucción sí ve indicios de delito de José María González por no facilitar información a los miembros de la oposición.

En concreto, José Blas Fernández puso en conocimiento de la Fiscalía en el año 2019 la relación de preguntas (cerca de un centenar) que desde la llegada de José María González a la Alcaldía en 2015 le había formulado sin recibir respuesta. Y tras las diligencias practicadas, Fiscalía ha resuelto que se “evidencian hechos de significación penal”, solicitando al Juzgado que proceda a incoar diligencias previas antes de decidir si reabre el proceso judicial que en su día fue archivado o si se procede al archivo definitivo de esta causa que el entorno de González creía ya acabada.

Fiscalía ha requerido informes municipales para confirmar ante qué escenario se halla la denuncia. Para ello, en primer lugar ha requerido un informe del secretario municipal “acerca del procedimiento y tramitación que se sigue en las solicitudes de información recibidas por el alcalde”, remarcando que en las respuestas aportadas por el denunciante siempre se repite la misma “respuesta estandar” –“le significo que se han dado las instrucciones oportunas a la delegación competente al objeto de reclamar dicha información”, se responde siempre por parte del alcalde–.

En segundo lugar, se requiere oficio al Ayuntamiento “con objeto de que remita copia de las actuaciones efectuadas tras las solicitudes de documentación e información que se adjuntan y para que se informe de la causa que motivó, en su caso, la falta de actuación”.

Será cuando se reciban estos dos informes municipales cuando el Juzgado tome una decisión respecto a la causa por la que el alcalde de Cádiz se enfrentaría a una pena de inhabilitación en cargo público que puede ir de uno a cuatro años, según establece el Código Penal en su artículo 542, que es el que la propia Fiscalía ha señalado en la resolución elevada ya al Juzgado de Instrucción número 3, atendiendo a lo que demanda José Blas Fernández en su denuncia.

Por tanto, se enfrenta González a una nueva causa judicial abierta por concejales de la oposición (en este caso sin estar ya en activo como tal). Causa que el Juzgado ya archivó en 2018, entendiendo entonces que existiera en la actuación de González “una dolosa conducta, manifestación de una voluntad cierta y demostrada de mantener una denegación de la información solicitada, ni contradice la obligación de transparencia que debe regir la actividad pública”.

Aquella causa, del año 2018 se centraba en 25 preguntas no respondidas por el alcalde; un número que se ha incrementado hasta cerca de un centenar en la causa que ha investigado Fiscalía y que ha vuelto a rescatar –a la espera de la resolución judicial– un nuevo caso contra el alcalde.

Una media de 15 preguntas al año

La denuncia que ha estudiado Fiscalía sobre la falta de respuesta a las preguntas que en el período comprendido entre 2015 y 2019 elevó el entonces concejal popular José Blas Fernández al alcalde suma un total de 60 expedientes sin respuesta, aunque muchos de ellos aglutina más de una pregunta. La media, por tanto, es de 15 preguntas al año que no fueron respondidas –ni lo han sido hasta la fecha– por José María González.

Las preguntas pendientes de información afectan a todos los órdenes de la gestión municipal y a prácticamente todas las áreas municipales. Desde Hacienda hasta Tráfico, de Urbanismo a Consumo. De Patrimonio a Asuntos Sociales.

La relación del registro de bienes de los miembros del equipo de gobierno; el protocolo de la Junta para implantar la Ciudad de la Justicia en los antiguos depósitos de tabaco; la relación “de las 2.000 familias que dice el alcalde que se les niega la electricidad por no tener el bono social”, especificando el nombre y el domicilio de los afectados; las notificaciones prescritas por haberse suspendido el contrato con Correos; los gastos de publicidad del Ayuntamiento; o los viajes e importes que han gastado los concejales de la Corporación son algunas de las preguntas más llamativas.

A ellas se suman otras curiosas, como el número de teléfono corporativo del gerente de Emasa; la publicidad gastada y las subvenciones a revistas que ha realizado Eléctrica de Cádiz; el número de sanciones por defecaciones de perros en las playas; la situación de las denuncias de un bloque de vecinos al restaurante situado en la planta baja de ese edificio; las causas de que el carril bici de Asdrúbal rodee al quiosco situado en la esquina de la calle Gabriel Matute; incidencias de los autobuses de la Línea 7 al no poder abrir la rampa de minusválidos al coincidir en las paradas con autobuses de la Línea 1; fotocopia del título de grado superior que decía tener la concejala María Romay; número de multas por uso fraudulento de la tarjeta de minusválido en los vehículos; o situación de la Casa de Cádiz en Barcelona.

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