El Gobierno afirma que el mantenimiento del molino de marea del Río Arillo es competencia de la Junta
La declaración como BIC en el año 2002 obliga a la administración autonómica a asumir las obligaciones del cuidado de este patrimonio cultural
Las últimas incorporaciones del patrimonio gaditano a la Lista roja de Hispana Nostra
La Demarcación de Costas del Ministerio de Transición Ecológica afirma que la recuperación y mantenimiento del molino de marea del Río Arillo, que se ha convertido en la última incorporación de la Lista Roja del patrimonio de la Asociación Hispania Nostra, es competencia de la Junta de Andalucía al ser declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2002.
Este miércoles desde el Ayuntamiento de Cádiz señalaban a Costas como responsable de la situación actual del molino que fue construido en el año 1759 para abastecer de harina a Cádiz y San Fernando, ante lo que el área de Patrimonio Histórico tenía previsto reclamar su recuperación al Gobierno.
Sin embargo, desde la administración estatal señalan que la Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas establece que "los bienes inmuebles declarados de interés cultural situados en dominio público marítimo-terrestre quedarán sujetos al régimen concesional", y en ausencia de concesión, como es el caso, "será la Administración promotora de la declaración la responsable de cumplir con las obligaciones impuestas a los poseedores de patrimonio cultural o artístico". De este modo, la responsabilidad recae en la administración autonómica andaluza.
La inclusión del molino de marea del Río Arillo en este listado, cuyo objetivo es visibilizar aquellos enclaves culturales que agonizan para provocar su rehabilitación, ha puesto sobre la mesa el pésimo estado de esta singular arquitectura que lleva apuntalada desde el año 2007. Además, según el informe que incluye Hispania Nostra, carece de las cubiertas y solo mantiene en pie los muros y la estructura de los arcos sobre el agua.
Precisamente antes de la pandemia se celebró un encuentro entre todas las administraciones implicadas para activar un plan de recuperación del que se viene hablando desde finales de la década de los 90, cuando se dieron los primeros pasos para expropiar el terreno, con el anterior gobierno municipal al frente. Llegaron a diseñar incluso un proyecto cuyo coste se acercaba al millón de euros en 2008, tras emprender en 2007 unas obras de urgencia para evitar su ruina total con la consolidación y apuntalamiento de la estructura. Ahora, si no se actúa pronto, parece abocado a este fatal destino.
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