Interior ya trabajó en 2018 en un acuerdo con el Ayuntamiento para la nueva Comisaría de Cádiz
Nuevo equipamiento
El Ayuntamiento y el Ministerio elaboraron un convenio que facilitaba la construcción de la nueva sede policial en Astilleros
La relación entre el Ayuntamiento de Cádiz y el Ministerio del Interior de cara a cerrar un acuerdo para construir la nueva sede de la Comisaría Provincial en terrenos de la avenida de Astilleros, fue algo más que un "contacto oral", según se afirmaba desde la Subdelegación del Gobierno, tras criticar que el gobierno local lamentase el silencio de Interior sobre este nuevo equipamiento.
Las conversaciones entre las dos administraciones fueron extensas e intensas, hasta el punto de redactarse un borrador de convenio que, sin embargo, no llegó a firmarse, sin duda por la lentitud con la que se redactó el nuevo acuerdo del Plan Plaza de Sevilla por el cual este solar, propiedad de Adif, pasaba a manos municipales, lo cual se logró hace apenas unos meses.
Este diario ha tenido acceso a las comunicaciones, a través del correo electrónico, que mantuvieron altos cargos técnicos de la concejalía de Urbanismo y de la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad del Estado a fin de analizar el contenido de este convenio y concertar encuentros entre las dos partes, proceso que se produjo a lo largo de 2018.
En marzo de ese año, desde la Gerencia de Infraestructura se informaba al área de Urbanismo en Cádiz: "Tengo a mi equipo trabajando en el borrador de protocolo para la permuta que se pretende, teniendo en cuenta el borrador que en su momento nos fue remitido por ese Ayuntamiento. Con el fin de conseguir en el plazo menor posible un texto que cuente con la conformidad de las partes, considero conveniente establecer los contactos directos necesarios entre personal técnico, responsable de este cometido, de ese Ayuntamiento y este Organismo".
Un mes más tarde, desde el mismo organismo estatal se informaba de una próxima visita de técnicos del área de infraestructuras, para analizar las obras que se ejecutaban en la vieja sede de la Comisaría, en la avenida de Andalucía, por lo que se planteaba un encuentro para estudiar el avance de esta permuta, especificando que "con carácter previo, este personal contactará con algún técnico de ese Ayuntamiento, para determinar aquellos aspectos técnicos relacionados con lo expuesto que resulte conveniente tratar en la visita".
Los cambios políticos en el Gobierno central ralentizaron toda esta actuación. Una vez constituido el gabinete de coalición presidido por Pedro Sánchez se reactivaron las negociaciones entre el Ayuntamiento y Adif, pues la redacción del nuevo convenio sobre Plaza de Sevilla era esencial para poder sacar adelante este acuerdo con el Ministerio del Interior.
En todo caso, sí se avanzó en el texto del convenio entre las partes que se centraba en la permuta de distintas propiedades: el solar en la avenida de Astilleros, por parte municipal, y los edificios de la vieja Comisaría y de las dependencias policiales en Fernández Ladreda, en la zona del frente de la Puerta de Tierra, por parte de Interior.
El documento, que en todo caso no ha pasado de un borrador, especificaba que "el Ayuntamiento de Cádiz con el fin de colaborar en la consecución de un mejor servicio de la Policía Nacional, ofrece su colaboración mediante la permuta de inmuebles (...) para favorecer la mejora de las condiciones de trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en concreto de la Policía Nacional".
Las claves del borrador del convenio
El convenio, cuyo texto ya estaba en estudio en 2018, incluía el paso a manos municipales de los edificios propiedad del Estado en la avenida de Andalucía 28, con una superficie construida cercana a los 4.000 metros cuadrados y ocho plantas de altura, y el solar en Fernández Ladreda, donde edificios para viviendas, oficinas y almacén con una superficie de suelo de 632 metros cuadrados. Por su parte el Ayuntamiento aportaba una parcela de 1.813 metros cuadrados en la avenida de Astilleros que aunque estaba considerada en el PGOU como uso terciario, se consideraba como compatible su uso dotacional, que sería el afectado por la nueva Comisaría.
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