De juzgado de guardia

Cádiz/Una radiografía de los edificios de la ciudad que albergan sedes judiciales saca las vergüenzas de unas infraestructuras que hacen aguas se miren por donde se miren. Las deficiencias son sumamente acuciantes y algunas entrañan graves riesgos. Los funcionarios que desempeñan su trabajo en estas pésimas condiciones tienen claro el porqué de estas carencias: la inversión en Justicia no interesa electoralmente, de ahí que las partidas presupuestarias asignadas a esta administración sean, a su entender, irrisorias.

Los Balbos

De Juzgado de Guardia. Ya lo dice el título de la presente información. Las instalaciones del edificio Los Balbos, donde se alojan cuatro Juzgados de Instrucción, cuatro Primera Instancia más el de Guardia, son penosas.

Queda aún reciente en la memoria la estampa de los bajos de San José con los techos reforzados con vigas. Ahora ese sótano no sólo está apuntalado, sino que está condenado. Tras una inspección de trabajo se ha determinado la prohibición de acceder a este habitáculo por el riesgo que entraña. Todas las puertas que dan a él están precintadas. Y aunque en un principio no se contempla riesgo de derrumbe, ha surgido un nuevo problema en este sótano: no se están llevando a cabo tareas de mantenimiento en él, lo que está dando lugar a una acumulación de suciedad, insectos y aguas procedentes del baldeo del mercado de abastos, el 'vecino' de la planta superior.

La Justicia que se administra en San José adolece de más defectos estructurales. Algunos tremendos. Resulta inconcebible, pero así es, que una persona con algún tipo de discapacidad física no pueda acceder al Juzgado de Guardia caso que así lo requiriera. Sencillamente, no hay rampa para minusválidos. Ni intención de habilitarla. Si alguien con movilidad reducida tiene acudir a esta sede judicial, debe entrar por los Juzgados de Instrucción, montarse en un ascensor (que falla con bastante asiduidad) y 'hacer transbordo' en un montacarga (donde también se trasladan a los presos) y llegar entonces al Juzgado de Guardia. Una vez allí se toparía encima con un escalón que le dificultaría gestionar cualquier trámite de manera independiente. Funcionarios de Justicia que trabajan en Los Balbos se han visto obligados a salir a la calle para que una persona con movilidad reducida (o una madre con un carrito) firmase una notificación. "A esto hay que añadir que el Juzgado de Guardia no dispone de sistemas de seguridad", critica Pablo Sánchez, el juez decano de Cádiz.

De sinsentido podría calificarse que el inmueble que aglutina los órganos encargados de las investigaciones judiciales no cuente con salas de reconocimiento, carencia que se intenta subsanar a través de vídeoconferencias. Lo curioso es que el Juzgado de lo Mercantil, que no precisa en absoluto de estas salas de reconocimiento, sí dispone de ellas.

Los Balbos acoge las referidas sedes judiciales desde 1988, cuando se habló de un traslado "provisional". Ahora, 30 años después, se antoja "una eternidad". El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STJA) denuncia una larga lista de despropósitos: ausencia de sistemas de evacuación, aseos en pésimo estado, sistemas de ventilación arcaicos, ascensores que se atascan, mobiliario antiguo... Un suma y sigue para el que no parece haber respuesta clara, sólo parches, como la reciente eforma de un cuarto de baño para convertirlo en los nuevos calabozos.

Carranza

Hace muy pocas semanas, durante la celebración del juicio por el caso de la perrera de Puerto Real, una testigo entró en la sala de vistas con ayuda de una muleta. Solicitó declarar sentada, lo necesitaba. El magistrado titular del Penal número 4 de Cádiz, por supuesto, accedió a su petición. Pero no había ni una sola silla libre. La causa que se estaba juzgando en los bajos del estadio Carranza trajo consigo a numeroso público, la mayoría, miembros de protectoras animalistas. La minúscula sala en la que muchos asistentes permanecieron de pie durante varias horas consecutivas, ni siquiera era la que le correspondía al Juzgado de lo Penal 4 para sus señalamientos, sino que era la asignada al Juzgado de lo Social. Prensa, abogados, acusados y público se removieron en sus banquetas. "Si hace falta me levanto yo de mi asiento para que usted testifique", le dijo el juez Julio Serrano a la testigo, a quien finalmente se le cedió una silla.

La estampa descrita no es, por muy lamentable que parezca, nada inusual en los cinco juzgados de lo Penal de Cádiz, donde los distintos operadores (jueces, fiscales, abogados...) se han acostumbrado a gestionar no sólo los asuntos judiciales, sino también a resolver importantes déficits técnicos y materiales. Y esto desde hace ya una década, que es el tiempo que ha transcurrido desde que estas sedes judiciales se trasladaran de la Cárcel Vieja de la capital gaditana a Carranza de manera provisional (una mudanza que de eventual ha resultado tener poco).

Uno de los principales problemas que hay que sortear en los Penales de la ciudad es la inexistencia de sistemas de seguridad. No hay detectores de metal en la sala de espera, lo que supone un serio peligro si se tiene en cuenta que en ella suelen coincidir personas recientemente enfrentadas -en el caso se los juicios rápidos-, lo que puede dar lugar a disputas y enfrentamientos previos al juicio. No hay, sin embargo, medios de control ni protección en el acceso principal. Hay vía libre para 'colar' lo que sea.

Otra deficiencia de gran envergadura es el tema de los calabozos y el traslado de presos. Las paredes de las celdas son de pladux y las puertas abrían (en pasado, ya se corrigió) hacia dentro, del tal forma que un detenido podía bloquearlas con tan sólo empujarlas con su cuerpo. De otra parte, la conducción de un preso desde la cárcel hasta el juzgado en cuestión donde va a ser procesado es un procedimiento muy costoso, en tanto que implica la movilización de numerosos agentes de seguridad. Además de caro, es un traslado lento, porque el furgón policial tiene que hacer tres paradas diferentes dependiendo del órgano donde vaya a ser enjuiciado, en el Penal, en San José o en la Audiencia. Por lo tanto, no hay causa con preso cuya vista comience a la hora fijada. Nunca.

Clamoroso también es que un testigo protegido tenga que pasar a escasos metros del acusado, de la persona con la que él (o un allegado) mantiene un conflicto que no ha podido ser solucionado sin la intermediación de un juez. En los Juzgados de lo Penal se suele avisar al testigo protegido para que acuda al juicio una media hora antes de la celebración del mismo. Para evitar el encontronazo, éste espera en una estancia contigua que prácticamente está puerta con puerta con la sala de vistas. Un despropósito, a todas luces, pues, antes o después, testigo y acusado acaban pasando uno al lado del otro.

Los sistemas de vídeoconferencia funcionan muy mal, no sólo porque se hayan implantado programas incompatibles entre las diferentes comunidades autónomas, sino también porque los equipamientos fallan. No se oye al declarante y hay múltiples cortes e interferencias. La testifical se convierte en un acto exasperante. Tanto es así que los letrados llegan a renunciar a testigos que, en un principio, habían solicitado por considerarlos claves para la defensa de su patrocinado. Destacar además que hasta hace relativamente poco tiempo no todas las salas de vista de los Penales disponían de sistema de vídeoconferencia, un déficit que los propios jueces suplían intercambiándose por turnos las dependencias a la hora de prestar testimonio a distancia.

Resulta especialmente sangrante que varios despachos de los Penales 1 y 5 así como de Menores se inunden cuando llueve. Hablamos de tres-cuatro dedos de agua por encima del suelo a causa de los problemas de filtraciones que arrastran los bajos del Estadio Carranza. El peligro es más que evidente, habida cuenta que la instalación eléctrica está a ras del piso.

La relación de 'debes' podría seguir creciendo: ventilación natural nula, instalaciones de aire acondicionados deficitarias, espacios mínimos, pantallas led sin estrenar donde en teoría deberían anunciarse los juicios a celebrar (lo que evitaría que los agentes judiciales tuviesen que llamar a gritos a los implicados en una causa), insuficientes salas para señalar vistas que se prolongan por más de un día...

Los operadores jurídicos que trabajan en los Penales claro que aspiran a una Ciudad de la Justicia digna pero el traslado a los Depósitos de Tabaco se vislumbra, para muchos de ellos, como un apaño más que no solucionaría su rompecabezas laboral, al que ya están hasta acostumbrados.