La supuesta causa-efecto del proceso

Manuel García Gallardo, fundador de Quality Food, entró sonriente el martes de la pasada semana a la Audiencia Provincial para encarar el juicio que se celebra contra él y otras cinco personas por el caso Quality Food, la empresa alimenticia fundada por este empresario isleño y que después fuera adquirida de manera mayoritaria por el Consorcio a través de su sociedad instrumental Sogebaq.

En una brevísima declaración ante los periodistas desveló buena parte de la estrategia que iba a llevar su defensa, y también la de su madre en el juicio, y es que el proceso penal se había producido a consecuencia de la derrota que había sufrido Zona Franca en la causa mercantil y para evitar o retardar todo lo posible el pago de sus acciones a él. Eso, dentro de la sala de la Sección Tercera ha podido constatarse en esta sexta jornada.

Los testimonios de los abogados del Estado que prestaban servicio en la Zona Franca de Cádiz eran unos de los más esperados en el juicio que se celebra desde la semana pasada.

Si el miércoles por la tarde fue Manuel Ponce el que tuvo una intervención bastante minuciosa en aquello en lo que tenía constancia, el turno este jueves era para su compañero José Aurelio Ruiz Piña, que fue el que llevó tanto el proceso mercantil que finalmente determinó que la Zona Franca tenía que pagarle 13 millones de euros a Manuel García Gallardo por la totalidad de sus acciones, como la presentación de las querellas y las sucesivas ampliaciones, incluida una que finalmente hizo que la jueza de instrucción sentara en el banquillo de los acusados al que era delegado de la Zona Franca en el momento en el que ocurrieron los hechos que se juzgan, Miguel Osuna.

El letrado de Ana Gallardo Ramírez, la madre de Manuel García Gallardo, fue directo al preguntarle a Ruiz Piña: “¿Este procedimiento penal no se hubiera producido si el pleito mercantil lo hubieran ganado?”. La respuesta del abogado del Estado fue un “no lo sé. Ojalá”.

Y para llegar a esa pregunta se entró en una sucesión de fechas desde que se presentó la demanda mercantil por parte de Zona Franca, que se produjo el 4 de enero de 2005, a un par de reconvenciones que hubo por medio, una paralización que se produjo para elevar una consulta a la Abogacía General del Estado y la contestación a las reconvenciones que se tenía que producir a finales del mes de junio. Sin embargo, la querella que acaba en este procedimiento penal se puso el 9 de mayo de 2005, de manera que estas defensas opinan que la posible pérdida de lo mercantil es lo que lleva a esta otra.

El abogado del Estado, sin embargo, niega la mayor y asegura que tiene constancia que ya desde algún tiempo antes, incluso con Miguel Osuna todavía en el Consorcio (estuvo hasta mayo de 2004) se estaban preparando procedimientos penales.

El pleito de lo Mercantil se produjo con el objetivo de ejecutar lo que se había acordado el 23 de diciembre de 2003 donde se habían dejado unas cláusulas por el que la Zona Franca o la familia García Gallardo se podían hacer con el cien por cien de la empresa con una serie de condiciones. En el caso del Consorcio era que si la valoración que se hacía de la empresa era menor de lo que ya se había puesto en Quality, se quedarían con ella sin tener que aportar dinero alguno como compensación. Eso era el resultado tras realizarse dos valoraciones, que en principio tenía que hacer cada una de las partes pero que finalmente las dos fueron elegidas por la institución pública porque Manuel García Gallardo no ejerció su derecho.

Ruiz Piña afirma que el pleito no planteaba dificultades pero al igual que su colega el día anterior, Manuel Ponce, ha señalado que todo se empieza a torcer cuando García Gallardo reclama que el informe realizado por Ernst & Young no es una valoración sino una constatación de hechos, y ha añadido que cuando se reúnen con el auditor, le dicen que había hecho lo que se le había encargado.

Uno de los elementos que ha sorprendido a muchas de las partes en el juicio es que Ruiz Piña dice que aportó las dos valoraciones pero sin leerlas, aunque él se excusó en que no tenía por qué ponerlas en cuestión ni era un experto en valoraciones.

Ahí entra otra variable hasta la que ese momento Ruiz Piña no le hizo demasiado caso. Esta es el acuerdo de las proyecciones financieras que se aprobaron en un consejo de administración de Quality y que venían, a su juicio, calculadas a través del famoso Plan de Expansión que hizo Deloitte: “Este decía que iban a abrirse unas fábricas en Galicia, Cataluña y Mallorca y ya en ese momento se vio que no se había hecho”. Estas proyecciones servían también de base para hacer las valoraciones.

La defensa de Osuna trató de demostrar que esas proyecciones con respecto al plan de Deloitte las había reducido en dos tercios sobre la previsión inicial, que es lo que dijo Osuna en su declaración la pasada semana, porque eso es lo que se había cumplido de ese plan y, por tanto, darle una mayor realidad. Sin embargo, Ruiz Piña entendía que si se partía de esas proyecciones para hacer la valoración encargada por el juez en lo mercantil, la cosa se iba a complicar mucho.

Una de las cosas que lleva a Osuna a sentarse en el banquillo de los acusados es que supuestamente pudo ocultar información al comité ejecutivo, entre ellas un informe de valoración realizado por Isasa Garelly que era posterior al de Natera y que era más bajo que este último. También señaló que en el proceso de lo Mercantil no se le facilitó toda la información posible aunque “no puedo acusar a nadie de ocultar información pero me deberían haber dado los datos que no me dieron”. Asimismo, la defensa de Osuna ha resaltado que el acta del consejo de administración donde aparece lo de Isasa, no estaba firmada, por lo que ponía en duda la asistencia de Osuna.