La Junta avala ahora el plan de Cádiz para limitar las viviendas turísticas

La Junta ha dado un claro espaldarazo a la política de control de las viviendas con fines turísticos en toda Andalucía.

Tras meses de dudas e, incluso, de recursos contra las normas ya aprobadas en algunos municipios, Cádiz y Sevilla, el gobierno regional ha cerrado el texto del nuevo decreto que aprobará en unas semanas y que avala lo ya realizado por estos ayuntamientos.

Se asume desde el gobierno regional que existe "una demanda social", sobre un fenómeno que ha ido creciendo de forma desmesurada en poco más de cinco años y que "ha distorsionado el modelo turístico de Andalucía", como reconocía en días pasados el propio consejero del área Arturo Bernal.

Este anuncio ha supuesto un considerable alivio para el Ayuntamiento de Cádiz. La norma contra la turistificación, que reordenaba los equipamientos turísticos de la ciudad, es una de las escasas medidas de gran calado que se ha aprobado en esta etapa de gobierno.

La ordenanza gaditana, muy por encima de la de Sevilla aunque sin llegar a la aprobada en Palma de Mallorca (donde la presión turístico hace imposible a cientos de trabajadores encontrar un piso de alquiler con precios asequibles), mantiene todos las viviendas y apartamentos que ya están legalizados, así como el uso hotelero previsto en el PGOU. Permite, también, la apertura de hoteles y apartamentos en edificios protegidos que, por esa razón, tienen complicado un uso residencial.

Frente a ello, se pone coto a la apertura de nuevas VFT en el casco antiguo, que ya tiene barrios y zonas muy colapsadas con estos equipamientos en detrimento de la vivienda residencial, mientras que pone limitaciones en Puerta Tierra, a fin de seguir preservando el reducido parque de viviendas de la capital.

Con la nueva reglamentación de la Junta a punto de aprobarse, el concejal de Urbanismo, Martín Vila, promotor de este proyecto en Cádiz, confía en que la administración regional no tarde en retirar el recurso que impuso con la norma local, a través de la Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de la Junta.

"Tras un año de espera, el PP ha sacado de la nevera el nuevo decreto que no hace más que legitimar la potestad de los ayuntamiento en este asunto, y que nos ha permitido proteger el derecho a la vivienda. Ahora lo coherente es retirar este recurso y acelerar la aprobación de la norma regional, ayudando a los municipios con menos recursos, y que también sufren esta proliferación de VFT, que son muchos en la costa y en zonas de la sierra".

A la vez que se da el paso, se supone, de anular el recurso, Martín Vila espera que la Junta conteste de una vez por todas a su petición de entrevista con la delegación provincial, solicitada por primera vez el pasado mes de septiembre.

En este encuentro no celebrado aún, Vila pretende trasladar a la administración regional la urgente necesidad de controlar todas las peticiones de registro que se producen para abrir nuevas VFT en la ciudad.

Según los datos que se maneja desde el Ayuntamiento, desde que se aprobó por el pleno la norma municipal, hay algo más de una treintena de VFT en la ciudad que han sido registradas por la Junta y que, sin embargo, están fuera de la ordenanza del Ayuntamiento (ubicando estos alojamientos donde ya no están autorizados), por lo que actúan desde la ilegalidad siendo una competencia desleal para los promotores que sí tienen los papeles en regla. "Si no atienden a nuestra petición de entrevista, tendremos que reclamar por escrito que utilicen los inspectores".

La ciudad, según el registro de la Junta, cuenta con 2.359 VFT que mueven 11.204 plazas. El crecimiento, aunque se ha reducido de forma notable desde la aprobación de la norma municipal, sigue al alza. Esta cifra es superior a la que alcanza las provincia de Córdoba, Huelva y Jaén.

En cuanto a toda la provincia de Cádiz, están registradas 14.387 VFT y más de 70.000 plazas, liderando el sector Tarifa, Conil y la capital. En la región la mayor saturación se da en el conjunto de Málaga, con 55.193 VFT y cerca de 300.000 camas.

El barrio de La Viña y los entornos de Candelaria y Mina son las zonas más saturadas tanto de viviendas como de apartamentos turísticos. Ahora se ejecuta la última fase de la transformación de una finca del Palillero para esta segunda modalidad.