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El gobierno andaluz cuenta ya con un borrador del nuevo decreto para la gestión y funcionamiento de los apartamentos y viviendas turísticas en la región. El documento queda ahora en el aire tras adelantarse las elecciones autonómicas para el próximo 19 de junio, pero el mismo avala las medidas de control sobre este tipo de alojamientos puesto en marcha por algunos ayuntamientos, entre ellos el de Cádiz.
El texto, al que ha tenido acceso este diario, es contundente a la hora de plantear la necesidad de poner coto a estos alojamientos, por "la creciente demanda social" existente, y estipula que "los ayuntamiento podrán establecer límites en lo que respecta al número de viviendas con fines turísticos, por edificio o sector", mencionando en este caso una reciente sentencia del Tribunal Supremo que considera factible la limitación de este tipo de alojamientos por parte de los ayuntamiento.
El contenido de este borrador avala de este forma el plan contra la turistificación aprobado por el gobierno de José María González y elaborado por el equipo del edil de Urbanismo, Martín Vila, y que tuvo el voto en contra del PP, la misma formación que junto a Ciudadanos, confecciona este decreto a nivel andaluz.
El documento supone una modificación del decreto de 2016, hasta ahora vigente. "Existen razones de interés general que justifican esta modificación, como es dar respuesta a las necesidades de acceso a la vivienda y la protección de los derechos de las personas residentes ante la saturación de sus espacios vecinales", indica el borrador de la Junta, coincidente en los planteamientos del Ayuntamiento gaditano.
Una de las normas más contundentes previstas por la Junta es que cada persona sólo podrá destinar dos viviendas de su propiedad a la explotación turística, "para evitar la especulación inmobiliaria que sustrae inmuebles al mercado residencial y de que grandes operadores económicos se acojan a esta figura alojativa".
En todo caso, el gobierno andaluz deja claro que estas medidas de control no deben suponer una merma en la oferta de este tipo de alojamiento. Así, se recuerda que la oferta "de viviendas con fines turísticos es muy amplia, en un número que se acrecienta diariamente, con más de 80.000 viviendas" en toda la región, de las que 2.000 están en Cádiz capital.
El decreto dedica dos de sus capítulos al funcionamiento de los apartamentos turísticos y a las viviendas turísticas.
En el segundo de los casos, cuyo control en su expansión es el que más preocupa en aquellos municipios donde han crecido de forma desmesurada en los centros históricos, advierte inicialmente que no se considerarán VFT las contratadas por tiempo superior a dos meses computados de forma continuada por una misma persona; igualmente, sólo se podrán explotar dos viviendas por persona propietaria.
No podrán considerarse como VFT, según el plan de la junta, las viviendas sometidas a régimen de protección pública, las que están en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación y las ubicadas en inmuebles cuyos estatutos de la comunidad lo prohíban. Todo ello dentro de los límites en cuanto a número y situación dentro del término urbana que pueda imponer el ayuntamiento correspondiente, como avala el borrador del decreto.
El documento limita la ocupación máxima de una VFT en 15 plazas, y si el uso es por habitaciones no podrán superarse las 6 plazas. En ninguno de los dos casos se podrán superar las 4 plazas por habitación y al menos dos de ellas que no sean litera.
Tanto en las VFT como en los apartamentos turísticos se prohíbe la restricción de acceso por razones de discapacidad, raza, procedencia, sexo, edad, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social, aunque se les podrá exigir el abandono de la residencia si incumplen las normas de convivencia. Finalmente, se regula la existencia de al menos de dos baños si ñas plazas es superior a 4 y de tres si superan las 8, además de contar con ventilación exterior o a patios en todas las habitaciones.
La explosión de los apartamentos y viviendas turísticas se ha producido en los últimos cinco años, en algunos casos con tanta intensidad, como en Sevilla o Barcelona, que han provocado numerosas quejas ciudadanas, como destaca incluso el borrador del decreto elaborado por la Junta.
Esta nueva forma de alojamiento sí ha permitido complementar la oferta hotelera en muchas ciudades, especialmente aquellas que contaban o cuentan con escasas camas. Es lo que pasó en Cádiz, pero sin ningún tipo de control.
De esta forma muchos barrios en las zonas históricas se han llenado de viviendas y apartamentos que han ocupado fincas, muchas de ellas vacías desde hace años, eliminando la posibilidad de su conversión en viviendas residenciales. Todo ello ayuda a la despoblación y a la vitalidad que el vecindario residentes aporta en el día a día.
En Cádiz el gobierno municipal, no sin muchos problemas, aprobó hace unos meses una nueva norma contra la turistificación que ahora está en proceso de elaboración y que pretende evitar la expansión sin control de estos alojamientos.
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