Kichi y Martín Vila presionan al PSOE para que apoye la limitación a los pisos turísticos

El tiempo pasa, y no pasa nada. Trece meses se han cumplido desde que el equipo de gobierno intentó, sin éxito, establecer límites a la implantación de pisos turísticos en la ciudad; tiempo en el que no ha cambiado nada, se han seguido concediendo licencias, el número de pisos ha seguido aumentando y los partidos no han sabido cerrar un acuerdo. Y transcurrido este tiempo, y después de las últimas cifras dadas a conocer por este periódico -que sitúa el número de viviendas turísticas en 1.826, solo por detrás de Tarifa y Conil-, el gobierno municipal se ha propuesto no seguir dejando pasar meses y ha puesto en marcha otra ofensiva para sacar adelante su plan de limitar las licencias para este tipo de alojamientos, señalando especialmente al PSOE, al que buscan desde hace trece meses como aliado.

Hace unos días, y a raíz de los últimos datos disponibles en la Junta de Andalucía sobre la actividad turística en viviendas de la ciudad, desde el Ayuntamiento se insistía en que el PSOE no había dado respuesta a la última propuesta de ordenanza que desde mediados de junio tiene en su poder el grupo municipal que lidera Mara Rodríguez. Ni matizaciones, ni rechazo, ni aceptación de los socialistas al documento. Un escenario que ha provocado la reacción en redes sociales del propio alcalde de la ciudad, José María González Kichi, que ha pedido al PSOE municipal que “sea coherente y defienda en Pleno lo mismo que en su programa”. Y para ello, ha compartido un recorte del programa electoral socialista en el que planteaba la redacción de una nueva ordenanza sobre los pisos turísticos “buscando limitar su número para evitar su gentrificación”. “De momento seguimos esperando...”, señala el alcalde en su cuenta de Twitter, aseverando que la ciudad “merece que se ataje la turistificación” al hilo de esos últimos datos publicados el miércoles por este periódico.

Más extenso ha sido el concejal de Urbanismo, Martín Vila, que tiene en los pisos turísticos otro de sus grandes proyectos en la ciudad (junto al carril bici, el aparcamiento, la peatonalización y otras cuestiones en las que se vinculan su doble faceta como responsable de Urbanismo y de Movilidad). “No valen ya las excusas, ni las mentiras de la falta de diálogo ni el falso dilema del consenso, o se está con quienes quieren seguir especulando, o se está con los vecinos”, ha afirmado el concejal en redes sociales, anunciando que será a principios de septiembre cuando vuelva a convocarse el pleno para frenar esta proliferación de pisos turísticos.

Al hilo de esta convocatoria, Vila ha querido recordar cómo en julio del pasado año “de nuevo la oposición bloqueó la propuesta, votando en contra PP, Cs y PSOE. La excusa... no perjudicar a los inversores sin importarle los vecinos y usando argumentos que el tiempo ha ido desmontando”. Critica el concejal el argumento entonces empleado por la oposición de que el mercado se regula solo, “y la consecuencia directa de dicha votación en contra es la noticia de que estamos a punto de superar los 2.000 pisos turísticos, los precios de venta y alquiler de vivienda siguen aumentando, vecinos siendo expulsados de sus barrios y una ciudad perdiendo su identidad”.

Por eso, el responsable de Urbanismo defiende que la regulación de los pisos turísticos “es la clave para que el turismo sea sostenible en el tiempo, garantice la convivencia efectiva y que el empleo que se genere sea de calidad y estable”, compartiendo “este clamor por la regulación” con las asociaciones de vecinos del casco histórico, que según Vila “saben mejor que nadie que muchos vecinos están siendo expulsados de sus casas, e incluso denuncian la inacción de la Junta con las viviendas turísticas ilegales”.

“Por eso, 13 meses después, y con una propuesta expuesta al público desde final de julio, vamos a convocar a principios de septiembre Pleno Extraordinario. No hay tiempo que perder”, afirma Martín Vila, que lamenta que en este tiempo perdido en Cádiz haya habido otras ciudades, “como Sevilla y Madrid gobernadas por el PSOE y el PP”, hayan iniciado regulaciones al respecto.