Kichi ante el juez: de la denuncia de CCOO a la declaración como investigado

La investigación que ha realizado Fiscalía durante estos últimos tres años y que ha terminado con la imputación del que fuera alcalde de Cádiz, José María González Kichi, y varios concejales y asesores por posible delito de prevaricación tiene su origen en una denuncia del sindicato Comisiones Obreras.

No es una denuncia como tal, de hecho, sino que ante las dudas que le generaba la presencia en el Ayuntamiento de este Fernando García Acuña y las respuestas no convincentes que recibían a sus preguntas, el sindicato decidió poner los hechos y los documentos que obraban en su poder en manos de la Fiscalía entendiendo ya entonces “que pudieran ser constitutivos de un presunto delito de prevaricación y usurpación de funciones”.

Fue el sindicato el primero que detectó “graves irregularidades que se han venido produciendo por parte de determinadas autoridades públicas del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz, respecto a distintos expedientes de contratación”. Y es que ya habían trasladado al entonces concejal de Personal (David Navarro) las dudas respecto a “la incorporación desde hace unos meses al Gabinete de Alcaldía” de este asesor sin cargo, que “desarrolla su trabajo en dependencias municipales, así como al parecer está conociendo de asuntos de la gestión administrativa de este Ayuntamiento, tratando de forma directa con funcionarios de carrera de esta administración” sin que constara su alta como funcionario o asesor en la plantilla.

Es precisamente esto, la gravedad de que se dieran instrucciones a funcionarios y se tomaran decisiones sobre expedientes municipales por parte de alguien (Fernando García Acuña) que “no era ni funcionario ni personal laboral del Ayuntamiento ni asesor del equipo de gobierno”, lo que el sindicato consideraba “de manera clara y palpable una usurpación de funciones en el ámbito de la Administración Local” de la que hace responsables tanto al autor de las indicaciones como al entonces alcalde “y los concejales conocedores de estos extremos”.

Más allá de esta realidad respecto al asesor de Podemos traído de Madrid y al que se otorgan poderes especiales en el Ayuntamiento sin relación contractual alguna, el sindicato CCOO también puso en conocimiento de la Fiscalía las dudas suscitadas con respecto a la incorporación de García Acuña a la plantilla municipal mediante un procedimiento culminado en abril de 2019. “Todo el interés del entonces equipo de gobierno era que el señor Acuña fuera personal del Ayuntamiento”, concluye el sindicato en el escrito que dio origen a la investigación que ha terminado con el ex alcalde y parte de su equipo siendo citados para declarar en sede judicial como investigados.