Kichi, investigado por prevaricación desde hace tres años

Lleva Fiscalía tres años investigando a fondo lo ocurrido en el Ayuntamiento de Cádiz en ese intervalo de tiempo que marcan desde noviembre de 2018 a abril de 2019, y también a partir de esta fecha en la que García Acuña se incorpora a la plantilla municipal. Una investigación que pretende concretar principalmente si este asesor de Podemos cobró alguna cantidad o se aprovechó de los recursos del Ayuntamiento, además de intentar esclarecer si el papel jugado tuvo alguna influencia en los expedientes municipales.

La primera pregunta se ha limitado a contestarla el Ayuntamiento en diversas respuestas en las que asegura que no se ha librado sueldo ni cantidad económica alguna en favor de García Acuña durante ese período en el que prestó asesoramiento sin ningún respaldo documental que lo habilitara para ello. Pero la investigación realizada por la Udef de la Policía Nacional refleja que el Ayuntamiento “no ha ofrecido respuesta alguna” sobre esa permanencia de este asesor entre 2018 y 2019. Es más, señala el informe de la Udef que la insistencia municipal de que no existía relación contractual alguna con ese asesor “no responde a cómo el individuo podía abordar actividades laborales en el seno del Consistorio, impartir instrucciones de preceptivo cumplimiento, ordenar modificaciones sobre expedientes de contratación, etcétera”. “Todo ello sin ostentar condición de funcionario público alguna”, se pregunta la Policía, que sigue sin resolver si García Acuña percibió alguna contraprestación por esa labor que desempeñó esos cinco meses en el seno del Ayuntamiento. “Si bien el Consistorio reconoce que no tenía relación contractual con aquel, alguna otra entidad, formación… vinculada indirectamente con el Ayuntamiento debería haber asumido la remuneración asociada a la actividad laboral prestada”, considera la Policía.

También niega el Ayuntamiento que la persona traída de Madrid ocupara despacho o utilizara ordenador o aparato alguno de titularidad municipal. De hecho, no consta de la existencia de una cuenta institucional de correo electrónico, ni teléfono móvil ni ningún otro recurso similar; pero la investigación realizada pone en evidencia que García Acuña utilizó esos meses un despacho de San Juan de Dios (frente a Alcaldía) como punto de trabajo y de encuentro con otros funcionarios y miembros del equipo de Kichi.

Tampoco ha podido acreditar por ahora la investigación si esa participación en el Ayuntamiento entre noviembre de 2018 y abril de 2019 se tradujo en una posición ventajosa de esta persona vinculada a Podemos, ya sea con la obtención de puntos que luego influirían en la baremación cuando concurrió al proceso de selección por el que terminó accediendo a la plantilla municipal; o bien por el “conocimiento del funcionamiento interno del Consistorio” que habría adquirido en esos meses; “extremos que beneficiarían directamente al citado en procesos de selección futuros del Ayuntamiento”, considera la Policía, que lamenta que el Ayuntamiento “no ha dado respuesta” a ninguna de las dos hipótesis investigadas.