Kichi y sus visitas al Juzgado

La fotografía de José María González Kichi entrando en un Juzgado o declarando en una Sala ante un juez se está convirtiendo en algo habitual. Desde su llegada a la Alcaldía en 2015, González se ha enfrentado a diferentes causas judiciales por denuncias puestas en su contra, ya sea por otros partidos políticos o por entidades privadas. El último ejemplo ha llegado esta mañana, cuando el alcalde ha tenido que acudir al Juzgado para declarar por la suspensión de un ciclo de cine israelí que desembocó en la demanda de la organización Acción y Comunicación sobre Oriente Medio.

Anteriormente, el alcalde ya había acudido al Juzgado a declarar por el denominado caso Loreto, en dos ocasiones: una primera cuando se celebraba juicio contra la anterior alcaldesa, Teófila Martínez, y su equipo de gobierno por la gestión ante la crisis del agua en el barrio de Loreto en 2014. Y una segunda cuando se archivó esta causa y los populares demandaron al alcalde por injurias y calumnias; proceso que sigue a la espera de resolución definitiva después de que la Fiscalía recurriera la condena de la Audiencia Provincial al alcalde (tras otro recurso del PP a una primera desestimación del Juzgado de lo Penal).

Además de estas comparecencias, también tuvo que acudir Kichi recientemente al Juzgado para prestar declaración sobre unas afirmaciones que realizó en relación a los chiringuitos de la playa y a la polémica originada respecto a la titularidad de estos equipamientos, y por las que recibió una demanda del entonces grupo de Ciudadanos.

Al margen de estas visitas al Juzgado, suma Kichi otra serie de asuntos jurídicos pendientes de resolución o de evolución. En este bloque, están una denuncia del PP contra el convenio firmado en 2016 para ampliar la iluminación extraordinaria de Navidad, que está pendiente de resolución tras el archivo de Fiscalía; y otra demanda popular, en este caso del exconcejal José Blas Fernández, por no recibir la información solicitada al alcalde (que en un primer momento se archivó pero Fernández recurrió la decisión).

Ninguna de estas causas ha supuesto hasta la fecha condena alguna a José María González (salvo la del caso Loreto, que aún no es firme). Y tal cantidad de cuestiones jurídicas, a las que se suman otras tantas abiertas contra el Ayuntamiento como administración o contra otros concejales y asesores del equipo de gobierno, ha puesto sobre la mesa el debate sobre la continua judicialización de la actividad política que está atravesando el Ayuntamiento de Cádiz desde la irrupción de Podemos en el año 2015.