Lozano pide a Alaya que envíe los ERE al Supremo

Una causa que le quitan de las manos y otra que se resiste a envíar al Supremo. La defensa del ex viceconsejero de Presidencia Antonio Vicente Lozano y del ex director general de Presupuestos de la Junta de Andalucía Buenaventura Aguilera ha reclamado a la juez Mercedes Alaya que envíe la causa de los ERE de inmediato al Tribunal Supremo, al considerar que se ha agotado la instrucción y que no pueden seguir produciéndose "dilaciones indebidas e injustificadas" en la tramitación del procedimiento que se inició ya hace más de tres años.

El abogado José María Mohedano recuerda, en un escrito presentado el pasado 27 de febrero en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que la instrucción de los ERE, "según el auto dictado el 25 de octubre de 2013 por la Audiencia Provincial de Sevilla podría haber alcanzado el límite máximo de instrucción por el juez ordinario antes de elevarse la causa al juez competente en las causas de aforamiento que, en este caso, sería la Sala Segunda del Tribunal Supremo". En esa resolución, la Sección Séptima de la Audiencia apuntaba que "cabría pensar que poco más queda por instruir salvo oír a los imputados, lo que podría corresponder en su totalidad al tribunal de aforamiento", y concluía que "en tal caso parece que podría haberse alcanzado el límite máximo de instrucción por el juez ordinario antes de elevarse la causa al juez competente en las causas por aforamiento".

De acuerdo con ese auto, el letrado apunta que Alaya "ya no tiene competencia para actuar en esta causa" y en consecuencia reclama que "eleve de forma inmediata la exposición razonada ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo que ha anticipado desde hace tantos meses y en tantos pronunciamientos y todo ello al amparo en lo establecido en el artículo 759 en relación con el artículo 21 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

Dice el defensor que desde septiembre de 2013, cuando se dictó el auto de preimputación de los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, Alaya ha tenido "tiempo suficiente para afrontar con calma el calendario de declaraciones y los informes que han llegado y, en cualquier caso, para haber reclamado a la UCO con toda urgencia los que faltaban por practicarse. Efectivamente, tiempo suficiente para poder culminar con dignidad el trabajo que hace ya tres años inició el autodenominado por la juez de Instrucción este equipo, ellos y yo, de unos pocos incansables", recuerda Mohedano parafraseando a la instructora.

El letrado entiende que, de acuerdo con la doctrina del Supremo, en esta investigación se están sufriendo "dilaciones indebidas por parte del juzgado, pues las mismas son injustificadas y constituyen una irregularidad irrazonable en la duración mayor de lo previsible o tolerable". La defensa sostiene que el caso de los ERE se ha convertido en una causa general contra la Junta, ya que lo que se plantea es "sostener un pretendido actuar ilegal por parte de los dos poderes propios de la comunidad autónoma, de todas las empresas dependientes de la Junta y de otra multiplicidad de instituciones públicas y privadas", por lo que afirma que "en realidad se está abriendo una investigación global o universal bajo la rechazable actuación prospectiva ("para ver si se encuentra algún delito") y bajo parámetros no ya de signo inquisitivo, sino de estructura inquisitorial. Se trata de encontrar algún delito de los que ahora no existe ni el más mínimo indicio".

Por ello, prosigue el escrito, no parece irrazonable convenir que si después de casi tres años de investigación policial y judicial "el único fundamento que se produce para abrir una inquisitio generalis (coloquialmente causas generales) contra las distintas entidades de la Administración pública son posibles irregularidades presupuestarias sin que de tan dilatado e incansable periodo de investigación se haya podido detectar detrás de cada discutible anomalía administrativa ningún proceder delictivo, ya no tiene ningún sentido seguir alimentando un macroproceso por mucho que los criminalizadores de todas las esferas de la vida pública y privada se empeñen en buscar rasgos penales en cualquier técnica presupuestaria o conducta política o administrativa, discutible, naturalmente sólo cuando incurran en ella quienes están alineados en posiciones políticas adversas".