“Macías nunca ha usado dinero de la UCA para su beneficio personal”
Caso de las tarjetas black
El abogado del catedrático acusado de malversación defiende que la gestión de fondos fue correcta.
Al igual que el fiscal, la Universidad de Cádiz pide cárcel e inhabilitación para el ex vicerrector.
Cádiz/“Francisco Antonio Macías Domínguez nunca ha usado dinero de la UCA para su beneficio personal”. El abogado del catedrático de la Universidad de Cádiz acusado de malversar más de 36.000 euros defiende la correcta gestión que realizó el docente de los fondos públicos mientras ostentó el cargo de vicerrector de Investigación entre 2007 y 2011. Solicita, por tanto, su absolución.
En el otro lado, la Universidad de Cádiz se suma a la petición de la Fiscalía y solicita igualmente seis años y medio de prisión y 14 años de inhabilitación especial para el catedrático.
Asimismo, los servicios jurídicos de la UCA ha informado a este medio que en septiembre de 2015 se acordó instruir un expediente disciplinario a Macías Domínguez que tres meses más tarde se archivó “por prescripción de las infracciones administrativas” detectadas. Poco tiempo después, en abril de 2016, la Fiscalía de Cádiz llevó el caso de las tarjetas black al juzgado. Entonces la UCA se personó “de inmediato” en el procedimiento como acusación particular.
En un principio, tres fueron los altos cargos de la UCA investigados en este asunto: el que fue vicerrector adjunto al rector, Francisco de Asís Álvarez González, el ex vicerrector de Posgrado, Francisco López Aguayo y el ex vicerrector de Investigación, Francisco Antonio Macías Domínguez, el único de los tres que se sentará en el banquillo de los acusados, ya que la causa se archivó por prescripción respecto a los dos primeros.
El abogado del catedrático procesado, Álvaro Illesca, sostiene que Macías Domínguez llevó a cabo una gestión correcta “de los casi 150 millones de fondos públicos” que administró cuando estuvo al frente del Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (VIDI) desde 2007 hasta 2011. “A mi cliente se le imputan muchos gastos que él, simplemente, se limitó a autorizar. No eran en absoluto gastos personales, sino del vicerrectorado en sí”.
Sobre los más de 5.000 euros que supuestamente el catedrático cargó a la UCA en cafés, el letrado explica que “lo que realmente se hizo fue comprar una máquina expendedora para el departamento”.
Los cerca de 2.000 euros que se destinaron a caramelos y bombones, “fueron comprados a Afanas a modo de obsequio”, alega el abogado.
Y en cuanto a los 9.000 euros empleados en regalos, la defensa de Macías puntualiza que son “corbatas, pins, diplomas y metopas adquiridas por el Vicerrectorado para entregar a terceras personas en actos oficiales de la UCA”.
Respecto a los numerosos cargos en restaurantes que aparecen reseñados por la Fiscalía como falsos encuentros del acusado con otros altos cargos de diferentes universidades e instituciones, el abogado del catedrático indica que sí fueron almuerzos y cenas de trabajo. “En el escrito de calificación fiscal se menciona a 35 personas. Pues bien, solo tres han negado que acudieran como comensales a estas comidas. Hay muchos profesores y catedráticos que sí han reconocido su participación en estas citas, si bien han matizado que no recordaban ni el día ni el lugar”. Cuestionado por el elevado número de facturas emitidas en el Foster’s Hollywood de El Puerto, el letrado ha manifestado que este establecimiento está próximo al domicilio del procesado, de ahí que fuese allí con frecuencia con motivo de las atenciones protocolarias propias de su cargo.
La Fiscalía acusa también al catedrático de comprar con dinero de la UCA comida para llevar el 24 de diciembre y el 31 de diciembre de 2008. “Esto no fue más que un ágape entre compañeros de su equipo. No hay más”, afirma Illesca.
Por último, el abogado destaca que “no consta un aumento patrimonial de Francisco Antonio Macías en los años que fue vicerrector, así lo refleja el informe policial”.
Para el letrado de Macías Domínguez resulta “curioso” que la UCA solo ha aportado a la causa la agenda digital del encausado desde junio de 2010 a abril de 2011, mientras que los tres años anteriores no figuran, por eso ha solicitado que se adjunte.
También considera “sorprendente” que “el fiscal no haya estado presente en ninguna de las actuaciones judiciales practicadas en fase de instrucción, ni siquiera en la declaración de mi cliente, cuando precisamente esta denuncia parte del Ministerio Público”.
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