Maite González califica de "un formalismo administrativo" la polémica por su cargo como presidenta de Eléctrica de Cádiz

Cádiz/La concejala de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Cádiz, Maite González, insiste en ampararse en el artículo 24 de los estatutos de Eléctrica de Cádiz para defender la legalidad de un cargo, el de presidenta de esta empresa pública, que lleva cuatro meses ejerciendo a pesar de no haberse constituido los consejos de administrativos, donde esta función debería ratificarse, de esta entidad. Una situación que ha sido denunciada por Adelante Izquierda Gaditana y que la segunda teniente de alcalde califica de "un formalismo administrativo".

"Digo lo mismo que comenté en el Pleno de la semana pasada, el artículo 24 de los estatutos de la compañía Eléctrica de Cádiz determina que la presidencia de los Consejos de Administración, tanto de la suministradora como de la distribuidora, van a recaer siempre en la persona que ostente la concejalía de Hacienda. Fue el día 22 de junio cuando se firmó el decreto del nombramiento de mi persona como delegada de Economía y, en concreto, como la presidenta de Eléctrica de Cádiz, y también fue ratificado también en el Pleno. Como verán, se trata de un formalismo administrativo, de una manera de interpretar los estatutos pero, bueno, en los propios estatutos está ese artículo 24 que lo indica", se ha agarrado la edil en respuesta a las medidas legales que el partido de la oposición estudia emprender contra la concejala del Partido Popular por “un supuesto delito societario en el que podría haber incurrido al ejercer funciones que no le corresponden al no estar legitimada para ello”, según han difundido desde Adelante Izquierda Gaditana.

No ha hablado de medidas legales, pero sí de "no perder de vista" y de "mirar documentación" ha contestado González a las acusaciones del partido de David de la Cruz por las actuaciones del anterior equipo de Gobierno en Eléctrica de Cádiz. "Esto es un formalismo pero lo que no es un formalismo sino una cuestión más importante es la situación en la que Adelante Cádiz y el equipo de Gobierno de Kichi dejó las cuentas de Eléctrica de Cádiz, como tampoco es un formalismo algunas de las decisiones que se tomaron en el seno de ese Consejo de Administración. Así, a falta de que miremos toda la documentación, que se tiene que ver, de los últimos Consejos, esa gestión puede haber supuesto un menoscabo para las arcas públicas", ha apuntado.

"Lo que no vamos a perder de vista es que en esta empresa, que tiene una participación mayoritaria del Ayuntamiento de Cádiz, durante los últimos ocho años, se han tomado decisiones que, a lo mejor, no han sido de lo más positivas para los gaditanos. Con esas decisiones de fondo de los propios consejos de administración, el señor Quirós y el equipo de Gobierno deberían haber tenido el mismo celo que con esta cuestión administrativa porque, a lo mejor, no hubiéramos tenido que pagar el tarifazo de Kichi y la situación de casi quiebra en la que se dejó a Eléctrica de Cádiz, que se tuvo que hacer una ampliación de capital. Esa documentación vamos a mirarla, vamos a mirar la manera de proceder que tuvieron en el Consejo de administración", ha advertido.

La acusación de Adelante Izquierda Gaditana

Adelante Izquierda Gaditana mantiene, como ya defendió este pasado jueves en el Pleno ordinario del mes de octubre, que para que Maite González pueda ejercer como presidenta del Consejo de Administración de la comercializadora y de la suministradora Eléctrica de Cádiz “es preciso que se constituyan esos consejos de administración, paso indispensable que sin embargo aún no se ha dado pese a que han transcurrido casi cuatro meses desde el Pleno de organización".

En esta línea, Adelante Izquierda Gaditana considera que “no se sostiene” la actuación y las decisiones “tan trascendentes” que ha adoptado la concejala del PP “como si fuera ya presidenta” del Consejo de Administración de Eléctrica de Cádiz. Así, recuerdan, González ha suscrito estos últimos cuatro meses diversa documentación de contratos de ambas empresas (suministradora y distribuidora) de Eléctrica de Cádiz por valor de “3,9 millones de euros”, una suerte de “contratos fantasma”, ya que han sido impulsados por la firma de González “sin que su nombramiento se haya completado ni formalizado en el seno del Consejo de Administración que es el máximo órgano de las empresas Comercializadora Eléctrica de Cádiz y Suministradora Eléctrica de Cádiz”.