Martín Vila también tendrá que declarar en el juzgado por los chiringuitos

Cádiz/La polémica por la gestión de los chiringuitos se agiganta en los tribunales. El Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz ha citado al concejal de Urbanismo, Martín Vila, para declarar en calidad de investigado por la querella criminal presentada por la Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz (AECCA) por un presunto delito de prevaricación administrativa. Esta denuncia, que ha sido admitida a trámite y ha provocado la futura comparecencia del líder de Ganar Cádiz en Común dentro de las diligencias previas abiertas por la juez, se centra en el cambio de criterio sobre la superficie que pueden ocupar los establecimientos playeros. La citación está prevista para el próximo 14 de febrero, a las 10.15 horas.

El hecho que ha motivado a los empresarios para llevar a Martín Vila ante los tribunales ha sido la decisión que el pasado 13 de junio se tomó a través de un decreto de Urbanismo de incoar cuatro expedientes de protección de la legalidad urbanística contra cuatro chiringuitos por superar los 150 metros cuadrados de superficie que se contemplan en el pliego de condiciones para la adjudicación de la explotación de estos establecimientos y el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Asimismo, también se iniciaron los respectivos expedientes sancionadores y se tomó como medida cautelar que se procediese a que no se pudiera usar el espacio que excediera lo permitido por el Ayuntamiento. Una medida que en la denuncia se señala como "claramente arbitraria, injusta y contraria a derecho". De hecho, la Junta de Gobierno Local ya aprobó el pasado 30 de noviembre las reclamaciones a los negocios para el restablecimiento de la legalidad urbanística.

Para defender este argumento, los chiringuitos parten del inicio de la controversia que mantienen el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y los empresarios con el comienzo de la tramitación de la transmisión de la titularidad de la concesión de la ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre en favor de los hosteleros. Así, este procedimiento se abrió el 3 de noviembre de 2017 con un decreto de Alcaldía en el que se pidió la incoación del expediente, mientras que en la Junta de Gobierno Local que se celebró el 10 de noviembre de 2017 se solicitó al Gobierno andaluz el traspaso de los títulos habilitantes.

A partir de esta transmisión inter vivos, que se efectuó el 29 de noviembre de 2017 a través de una resolución de la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta, los chiringuiteros tramitaron ante la Administración autonómica la modificación sustancial de las concesiones para intentar conseguir su adaptación al Reglamento General de Costas en tres aspectos: la apertura durante todo el año, el aumento de la superficie y la ampliación de las concesiones a 30 años. Ante esto, Medio Ambiente otorgó las autorizaciones en precario a cuatro chiringuitos con fecha del pasado 22 de febrero, permitiendo el uso de 270 metros cuadrados por parte de los establecimientos y la apertura durante todo el año mientras que esta variación de las condiciones se resolvía.

Éste es el momento en el que empiezan las diferencias entre las partes, ya que el Ayuntamiento cambia de parecer sobre la transmisión de las concesiones de ocupación de los chiringuitos. El Consistorio sigue sin reconocer este procedimiento, aunque la Junta de Andalucía asegura que ya se ha finiquitado. Ante esto, el municipio procedió a la apertura de los expedientes sancionadores y de protección de la legalidad urbanística al considerar que los permisos temporales no tenían validez al no haberse completado el traspaso, manteniendo que los establecimientos estaban vulnerando lo recogido en los contratos y en el PGOU respecto a la superficie de las instalaciones.

En la acusación que se realiza en la querella, AECCA sostiene que el Ayuntamiento ha permitido y ha sido titular de instalaciones en las playas con una ocupación mayor a los 150 metros cuadrados que marca el PGOU. Así, esta argumentación se sustenta en un informe elaborado por la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta. En él, se indica que el Ayuntamiento ha sido titular de instalaciones con mayor tamaño de lo que permite la normativa urbanística "a través de la unión de dos títulos habilitantes". Asimismo, también se señala que en el vigente Plan de Playas se autorizan espacios para hamacas y sombrillas con más de 150 metros cuadrados, un tamaño que, además, han superado diferentes instalaciones deportivas que se han colocado en las playas de manera puntual. Por último, se resalta que el propio Consistorio ha solicitado la modificación sustancial de la concesión de un chiringuito en la playa de La Victoria para que pueda contar con 270 metros cuadrados.

Junto a todo esto, se suma la polémica surgida el pasado verano con la instalación del Cádiz Arena en la playa de La Victoria, por la que la Junta de Andalucía ha puesto al Ayuntamiento una sanción de 19.725 euros por no contar con el título habilitante para la ocupación de la arena. Además, entre otras cuestiones, se apunta en la denuncia que este espacio superaba los reseñados 150 metros cuadrados y contaba con "un establecimiento expendedor de comidas y bebidas en su interior, donde se vendían bebidas alcohólicas a pesar de esta prohibida su venta en espacios deportivos".

Por todo ello, AECCA considera que "no existen razones que justifiquen este trato discriminatorio, arbitrario e injusto en la incoación de los expedientes administrativos". Los empresarios mantienen que Martín Vila "en ningún momento ha explicado en sus resoluciones la diferencia normativa que justifica un tratamiento desigual" por parte de la Delegación de Urbanismo.

Asimismo, respecto a las autorizaciones en precario con las que cuentan los chiringuitos, en la demanda se reseña que Vila "ignora las resoluciones" de la Delegación Territorial de Medio Ambiente, ya que el Ayuntamiento "carece de competencias para el inicio de los expedientes de protección de la legalidad urbanística".

Por último, en relación a la limitación que impone el PGOU a los chiringuitos, los empresarios defienden que "el PGOU es una norma de rango inferior, contraviniendo dicho PGOU lo preceptuado por el Reglamento de Costas en relación a las superficies máximas permitidas para los establecimientos expendedores de comidas y bebidas al servicio de la playa", ya que en esta normativa se permite un máximo de 270 metros cuadrados para las instalaciones más otros 30 metros cuadrados para los aseos.

Ésta es la segunda denuncia sobre la gestión de los chiringuitos que ya se encuentra en los juzgados. La primera la presentaron los concejales de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao y María Fernández-Trujillo, contra el alcalde de Cádiz, José María González, por dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por la transmisión de la titularidad de las concesiones de ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre. De hecho, el regidor municipal declaró la semana pasada en el Juzgado de Instrucción número 3 en calidad de investigado por las diligencias previas abiertas por esta demanda. De fondo, está la disputa entre la Junta y el Ayuntamiento por el citado traspaso de los títulos habilitantes, que se resolverá por la vía contencioso-administrativa.