Más de 100 empleos peligran con el recorte de terrazas en uno de los barrios con más paro de Cádiz
El concejal socialista Óscar Torres exige al edil de Vía Pública, Martín Vila, que llegue a un acuerdo con los hosteleros de la calle de La Palma, en La Viña, cumpliendo con la ley de accesibilidad
Los afectados siguen a la espera de una respuesta a la petición de una reunión urgente con el acalde cursada por Horeca
Cádiz/Más de un centenar de empleos corren peligro en La Viña, uno de los barrios de la ciudad más castigados por el paro a partir de la inminente aplicación de la nueva ordenanza de terrazas en la calle de La Palma que anunció la semana pasada la Policía Local a los hosteleros de los once bares y restaurantes de esta popular vía peatonal. La mayoría de ellos están abocados al cierre porque con hasta dos tercios menos de mesas que las que tenían anteriormente dejarían de ser rentables, aseguraron a este periódico la semana pasada algunos de los afectados.
Pese a la solicitud de reunión urgente con el alcalde (y también vecino del barrio), José María González, Kichi, cursada a través de Horeca, con el fin de encontrar una solución a la drástrica reducción de mesas que impone la nueva norma, los autónomos continuaban ayer todavía a la espera de una respuesta del equipo de Gobierno. Mientras tanto, siguen estableciendo contactos con los grupos municipales de la oposición. Si el primero en reunirse con ellos fue el presidente de los populares gaditanos, el concejal Juancho Ortiz, ayer lo hacían con representantes municipales socialistas.
El concejal del PSOE, Óscar Torres, acompañado del nuevo secretario general del partido socialista en la ciudad de Cádiz, José Ramón Ortega, y miembros de la ejecutiva local mantuvieron una reunión pasado el mediodía de ayer con varios de los afectados.
Después del encuentro, Óscar Torres hizo hincapié en “la falta de diálogo que está mostrando constantemente el concejal delegado de Urbanismo y Movilidad, Martín Vila, que sigue haciendo y deshaciendo en la ciudad a su antojo, sin contar con los vecinos ni con las personas afectadas, en este caso los empresarios de la calle de La Palma”. En esta línea, el edil socialista ha exigido a Vila “que se siente con los hosteleros y busque puntos de acuerdo para llegar a un consenso, cumpliendo con la ley de accesibilidad”.
Torres ha destacado que los bares y restaurantes de la calle de La Palma, “generan alrededor de cien puestos de trabajo, y la aplicación de la ordenanza en los términos que quiere Martín Vila supondría una importante pérdida de empleos, casi todos ellos de vecinos y vecinas del propio barrio”.
“Martín Vila debe ser mucho más flexible y adecuar la aplicación de la ordenanza a las peculiaridades de cada calle o plaza”, ha señalado Torres, en alusión a la circunstancia de que el criterio establecido para la colocación de terrazas va en proporción al ancho de la fachada del local, “pero en calles del casco antiguo como La Palma, la mayoría de los establecimientos son estrechos y casi sin mesas en el interior porque su principal atractivo es precisamente la terraza”.
Para finalizar, los socialistas le han mostrado su apoyo a los hosteleros y su compromiso en solicitar la convocatoria de la mesa de seguimiento de la ordenanza reguladora de terrazas para tratar el tema con los agentes implicados.
Sin embargo, a los hosteleros no se les escapa que el PSOE votó en su momento a favor de esta nueva ordenanza que salió adelante después de un polémico, tortuoso y conflictivo proceso de participación impulsado por el teniente de alcalde de Vía Pública, Martín Vila. Una ordenanza que es ineludible y de obligado cumplimiento, en tanto que emana del Pleno, y que resultaba imprescindible y urgente debido a muchos factores: a la falta de una normativa municipal específica; a lo compacto del casco urbano, sobre todo del histórico; a la densidad de bares y restaurantes; a determinados excesos y los consiguientes conflictos entre vecinos, personas con discapacidad, peatones, ciclistas y hosteleros; al incremento del turismo y a la creciente y activa reivindicación ciudadana de que los espacios públicos son de todos y deben ser accesibles para todos.
Pero resulta evidente que su aplicación no está siendo ecuánime y que no se está teniendo en cuenta el peso de la hostelería en la maltrecha economía y en el empleo locales ni tampoco el daño que ha hecho y las circunstancias que ha impuesto la pandemia en el sector. En algunas calles y plazas de la ciudad se siguen dando abusos flagrantes -reconocidos y criticados desde dentro del propio sector en tanto que se convierten en competencia desleal– mientras que en otras se es inflexible. Hasta el punto de eliminar casi el total de la mesas imprescindibles para la supervivencia del negocio o poner los veladores en la mismísima calzada, obligando a los hosteleros a montar y desmontar a diario bolardos de 15 kilos de peso. En otros casos se ha llegado a un acuerdo -dentro de la normativa, claro- con los hosteleros afectados, no sin la intervención directa del alcalde.
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