"Sorpresa" en el Obispado tras implicarse a Ceballos en la causa de los ERE

Sorpresa es posiblemente la palabra que resuma y defina las sensaciones generalizadas tras conocerse la petición de la Guardia Civil para que el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla impute al obispo emérito de la diócesis, Antonio Ceballos, en el caso de los ERE por un presunto delito de tráfico de influencias. Sorpresa porque los tentáculos de esta macrocausa que investiga las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía para la financiación de expedientes de regulación de empleo hayan llegado a la Iglesia gaditana, y sorpresa porque el directamente implicado haya sido el anterior obispo. Tras conocerse la noticia el lunes, "sorpresa" fue también la primera valoración que en el día de ayer llegó desde el Obispado de Cádiz.

Un llamativamente escueto comunicado lanzado al mediodía fue la única respuesta que ayer salió de Hospital de Mujeres. Y en apenas seis líneas, además de mostrar su sorpresa por la información aparecida "en que se menciona al Obispado de Cádiz y Ceuta y a su obispo emérito con motivo de una antigua subvención", indicaban desde la Iglesia que "entendemos que la Diócesis ha actuado en todo momento respetando la legalidad vigente". Y en base a ello, "manifestamos nuestra mejor disposición a colaborar con la Justicia, en todo cuanto nos pidan, confiando en una pronta aclaración". No entraba el comunicado en más consideraciones ni hacía mención expresa de Antonio Ceballos, teniendo en cuenta además que los hechos que ha investigado la Guardia Civil guardan relación con una etapa anterior en el Obispado, donde ni el titular de la diócesis ni el resto de personas responsables que más directamente estuvieron gestionando todo el proceso de adquisición del antiguo hospital, su rehabilitación y su conversión en residencia de mayores son los mismos de ahora.

Así las cosas, la cuestión depende ahora de la decisión que tome en todo este asunto el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla tras analizar el informe emitido por el área de delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras. En principio, la jueza titular de esta sala deberá decidir si llama o no a declarar a Ceballos, y en caso de que lo haga en calidad de qué iría (testigo o investigado).

Mientras, el obispo emérito sigue con su vida actual en Jaén, donde reside en un centro gestionado por las Hermanitas de los Pobres atendiendo diferentes cultos y actividades a sus 81 años de edad. En el día de ayer, este periódico intentó establecer contacto con Ceballos, cuyo entorno rehusó que atendiera las llamadas.

Antonio Ceballos ha sido señalado por la Guardia Civil como presunto autor de un delito de tráfico de influencias por un escrito que envió en 2008 al entonces consejero de Empleo de la Junta, Antonio Fernández (cuya imputación también se solicita en este caso, al igual que la del exviceconsejero, Agustín Barberá, y el exdirector general de Empleo y Seguridad Social, Juan Márquez) solicitándole colaboración para hacer frente a la ampliación del ERE que afectaba al medio centenar de trabajadores de San Juan de Dios, al haberse ampliado el plazo de obras inicialmente previsto. Esa carta derivó en una ayuda especial de 300.000 euros que concedió la agencia Idea (sin que existieran los principios básicos de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación) y que -según señala también la Guardia Civil- no se gestionó de manera correcta por el Obispado, que supuestamente utilizó ese dinero "para abonar todo tipo de facturas".