El PP lleva al alcalde al Juzgado por injurias y calumnias

La ofensiva del PP subió ayer un peldaño más. Si el equipo de Gobierno entregó hace tres semanas a la Fiscalía el estudio realizado por la actual gerencia de Aguas de Cádiz sobre las actuaciones y las causas del corte de agua que afectó al barrio de Loreto en octubre de 2014, el Grupo Municipal Popular también ha acudido a los tribunales para judicializar este caso. En esta ocasión, para la defensa de sus intereses ante las graves acusaciones que se vertieron desde el equipo de Gobierno del Ayuntamiento gaditano. Las manifestaciones del alcalde, José María González, en las que afirmó que se permitió "a sabiendas" el consumo de agua contaminada durante dos semanas, la intervención del jefe del Gabinete de Alcaldía, José Vicente Barcia, en la posterior asamblea de vecinos y la confirmación de la postura municipal realizada por el presidente de Aguas de Cádiz, Manuel González Bauza, han motivado la presentación por parte del PP de una querella criminal en el Juzgado de Primera Instancia de Cádiz contra estas tres personas por los presuntos delitos de injurias y calumnias.

Una petición de amparo al considerar la exalcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, el expresidente de Aguas de Cádiz, Ignacio Romaní, y el propio Grupo Municipal Popular que han visto lesionado su honor.

El primer paso se dio con la formulación ayer de la papeleta de conciliación previa. Si la denuncia es admitida a trámite, se deberá señalar un acto de conciliación entre las partes, a partir del cual se interpondrá la citada querella.

En la denuncia se recoge la solicitud del reconocimiento de que las manifestaciones son "injuriosas y/o calumniosas y se han efectuado con la intención de desprestigiar públicamente" a los cargos del PP, que no realicen más declaraciones en este sentido, la rectificación de sus afirmaciones ante los medios y la misma asamblea de vecinos y la reclamación de una indemnización por "graves daños y perjuicios morales" por una cantidad mínima de 100.000 euros.

Ante el horizonte que se abre con esta denuncia, desde el PP volvieron a defenderse ayer por la contestación que realizó Manuel González Bauza al contrainforme que han elaborado el exgerente de Aguas de Cádiz, Juan Miguel Núñez, y el exdirector técnico, Daniel Gómez, al que acusó el actual presidente de la empresa municipal de "carecer de legitimidad" por haber sido hecho por dos cargos designados directamente por el anterior equipo de Gobierno.

En una nota de prensa, desde el Grupo Municipal Popular destacaron que los antiguos gerente y director técnico entraron a formar parte de la entidad pública por oposición en 1987 y 1989, respectivamente, y que llegaron a sus puestos por problemas de salud y el fallecimiento de las personas que los ocupaban desde que Carlos Díaz era el alcalde de Cádiz.

De hecho, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Ignacio Romaní, afirmó que "el PP no cambió ni al gerente de Aguas ni al de ninguna empresa. El que lleva en el cargo es el gerente de Podemos, que sí ha realizado una purga en todos los técnicos y directores de área".

Asimismo, en su respuesta a Bauza, Romaní volvió a recordar que el contrainforme señala que decidieron no informar a la autoridad sanitaria y a la municipal en virtud a los resultados, por lo que el edil del PP le dijo que "por eso saben perfectamente que su alcalde, el asesor y él mismo han mentido y han cometido un delito grave".