El PP pide la dimisión del alcalde

La investigación de las causas del corte de agua de Loreto en octubre de 2014 a partir del estudio que ha sido elaborado por la actual gerencia de Aguas de Cádiz se sigue enredando. Las declaraciones han ido subiendo de tono con el paso de los días desde que en la presentación del informe el pasado 7 de marzo, tras su puesta en conocimiento de la Comisión Informativa de Sostenibilidad, el alcalde de Cádiz, José María González, aseguró que se ha permitido "a sabiendas" el suministro de agua contaminada en este barrio antes de que se produjera el cierre del abastecimiento. Una grave acusación que se vio acompañada por la intervención posterior en la asamblea de vecinos del jefe de Gabinete del Ayuntamiento de Cádiz, José Vicente Barcia, y las afirmaciones del presidente de Aguas de Cádiz, Manuel González Bauza, ante las puertas de la Audiencia Provincial antes de dar conocimiento de todo este asunto a la Fiscalía.

Ayer, fue el momento del PP para ejercer su defensa a partir del contrainforme realizado por el ex gerente, Juan Miguel Núñez, y el ex director técnico, Daniel Gómez, del que ya informó Diario de Cádiz en su edición de ayer. Ante la respuesta de los técnicos, el Grupo Municipal Popular pasó al ataque y pidió la cabeza de González Santos, González Bauza y Barcia en forma de dimisión del regidor municipal y de destitución del teniente de alcalde de Medio Ambiente y del jefe de Gabinete. El motivo: la imputación al anterior equipo de Gobierno de un delito falso de intento envenenamiento. Una petición que va a ir ligada a la solicitud de una reunión urgente de la Comisión Informativa de Sostenibilidad para la entrega de las explicaciones preliminares de los antiguos gestores de Aguas de Cádiz a la Fiscalía. Asimismo, tomarán las medidas legales que estimen oportunas contra estas tres personas.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cádiz y ex presidente de Aguas de Cádiz, Ignacio Romaní, compareció acompañado de sus compañeros Juan José Ortiz y Bruno García para justificar esta decisión a partir de la valoración técnica y política de la citada contestación. Romaní argumentó para llegar a esta conclusión, en el apartado político, que González Santos "ha mentido, nos ha injuriado, nos ha imputado un delito de intento de envenenamiento al PP y a distintos miembros del PP y se ha reiterado en esa acusación a través del teniente de alcalde de Medio Ambiente -por Manuel González Bauza-".

Un anuncio en el que no rebajó el tono al cargar contra el primer edil, ya que manifestó que "ha perdido toda la legitimidad para ocupar la Alcaldía por haber mentido de manera tan miserable, tan ruin y, sobre todo, tan delictiva".

Pero para llegar a esta conclusión, Romaní repasó en el apartado técnico todo lo incluido en el informe y algún detalle más para incidir en que las acusaciones que había realizado el primer edil habían sido "a sabiendas de que los políticos no habían participado en la toma de decisiones previas al corte de agua".

Para ello, el concejal popular hizo referencia al documento 20141028 que está en el tomo 2 del anexo del estudio, en el que se "constata que los técnicos habían dado cuenta de los trabajos realizados en el barrio de Loreto. Cuando termina todo el procedimiento se informa al presidente y al consejo de administración de todos los pasos que se han dado. En ese informe no se hace referencia a los análisis del 1 al 11 y lo hacen así los técnicos en el informe actual dado que las incidencias son desechadas y los contrastes dan negativo".

Este es un aspecto en el que se detiene el informe de los anteriores gestores de Aguas de Cádiz para justificar que no se diera cuenta de estos resultados ni a la autoridad sanitaria ni a la municipal, eximiendo de esta forma al propio Romaní.

De hecho, el portavoz del PP recalcó en este punto como el motivo por el que no se encargó el informe sobre el origen del corte del agua en Loreto al exgerente y al exdirector técnico, ya que "los técnicos no se iban a prestar a este tipo de juegos orquestados desde el odio, el rencor y la miseria política". Por ello, el popular remarcó que el regidor municipal "no se enseñó" este informe porque "se les escapaba de las manos la única baza que tenían para poder lincharnos en la plaza pública".

Fuera del origen del foco de la contaminación, gran parte de la exposición técnica de Romaní se centró en el tema de los análisis. El edil del PP destacó que "los técnicos que firman este informe dicen en varias ocasiones que cada vez que hay un resultado positivo se hace un análisis de contraste para corroborarlo, tal y como manda la normativa, y siempre da negativo". Ante esto, se quejó de la ocultación de información al entregarse a los medios de comunicación el día que se puso en conocimiento de la Fiscalía del estudio una tabla con los análisis positivos y no se diera el cuadro que compara las pruebas.

Un asunto en el que se detuvo fue en la decisión de la realización de un plan de seguimiento en Loreto tras las quejas que llegaron desde la plaza de la Fuente el 29 de septiembre por malos olores. Romaní defendió que "los técnicos, con la legislación en la mano, podían haber desaparecido de Loreto" el 1 de octubre, fecha en la que se tiene conocimiento, a partir de los análisis de contraste, de que no se confirma el incumplimiento en la calidad del agua.

Sin embargo, las labores en este barrio se mantuvieron, según Romaní, "por el celo profesional" de los trabajadores de Aguas de Cádiz. Por esto, aseguró que si se hubieran marchado "nadie habría impedido que se hubiera consumido agua con bacterias el día 13, cuando de verdad se dio un número de bacterias importante, porque nadie estaría investigando esta situación y sería totalmente legal". Para la investigación, se montaron los puntos de tomas de muestras extraordinarios, uno de los aspectos en los que el contrainforme incide para señalar los "dudosos resultados" de los análisis por las condiciones de recogida " a ras de suelo sin condiciones higiénicas".

Con todo, y a la espera de que los antiguos gestores de Aguas de Cádiz entreguen un estudio más pormenorizado al solo haber contado con 10 días para su realización, Romaní trasladó la responsabilidad a Por Cádiz sí se puede de "elegir y nombrar al sustituto de González Santos", de manera que tenga "el beneplácito" tanto de Ganar Cádiz en Común como del PSOE. Aun así, el portavoz del PP quiso despejar cualquier tipo de teoría de la conspiración al manifestar que no se va a pedir una moción de censura, sino el cambio en la Alcaldía.