El PP retira su propuesta de impulsar la venta de viviendas en régimen de alquiler

Adelante Izquierda Gaditana y PSOE se unieron en contra de esta intención, que según AIG, podría haber dejado en la calle a 38 familias gaditanas e IU denuncia el intento de "desahucio"

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Imagen de archivo de una promoción de viviendas de Procasa / Jesús Marín

Adelante Izquierda Gaditana celebra la retirada de la propuesta llevada este viernes al Consejo de Procasa por parte del Equipo de Gobierno que podría suponer, según AIG, el desahucio de 38 familias que habitan en las viviendas municipales en régimen de alquiler con opción a compra en las calles San Juan Bosco y José Cerezo al cumplirse los diez años estipulados, procediendo a su venta “con la consiguiente pérdida de vivienda pública tan necesaria en la ciudad”. Esta retirada ha sido consecuencia de las críticas vertidas por PSOE y AIG. La concejala, Helena Fernández, alerta, además, de que, según el informe presentado al Consejo, “a estas familias se les ofrecerá la venta casi a precio del mercado, que sumado a la inflación de los precios y los tipos de interés hipotecarios, hará imposible que estas familias puedan comprarlas, como ya ha ocurrido con otras promociones similares como refleja el mencionado informe”.

Desde el PSOE también mostró su satisfacción por la paralización de la venta de estas viviendas. Así, José Ramón Ortega aseguró que «hay opciones para evitar sobrecargar a los inquilinos y no perder vivienda pública de propiedad municipal».

Por su parte, la concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Cádiz, Ana Sanjuán, lamenta las críticas de los grupos de la oposición asegurando que «lamentamos mucho que el plan de AIG y PSOE para los gaditanos que accedieron a una vivienda pública en alquiler con opción a compra antes de 2015 sea mandarlos a Camposoto o al Río San Pedro si quieren finalmente comprar».

Ana Sanjuán recuerda a los responsables de AIG que en los últimos ocho años su apuesta por la vivienda pública en la ciudad «ha sido construir 63 viviendas, una media de ocho por año, cuando antes de 2015 era de 100. Y además, todas ellas en fincas que fueron expropiadas en esa etapa por el PP». Ha añadido que, además, «todo ello ha sido con la complicidad de los socialistas gaditanos, que han permanecido callados todos estos años».

Por su parte, desde IU Cádiz ciudad denuncian “el intento de desahucio por parte del Partido Popular a través del Consejo de Administración de PROCASA de la mayoría de las familias que viven en las 180 viviendas de alquiler con compra que existen en la actualidad.”

La formación señala que “estas promociones de alquiler a jóvenes con derecho a compra las realizó el mismo Partido Popular en la década del 2000, y han supuesto un descalabro económico importante para las cuentas de PROCASA al solo venderse 42 de las 185. El Partido Popular las ofreció como asequibles para los jóvenes pero la realidad es que los precios finales de compra fueron similares a los del mercado libre, puesto que las viviendas ni siquiera eran protegidas.”

IU Cádiz añade que “pese a que se indicaba en el contrato que los vecinos y vecinas que no optasen por la compra serían realojados en viviendas del parque público municipal no va a ser así en todos los casos. Las familias de estas viviendas aunque cumplen requisitos para estos alquileres asequibles no todas cumplen para ser beneficiarios de vivienda social, ni hay actualmente suficientes para ofrecerles, por lo que, de “facto” serían desahuciadas y puestas en la calle, y Bruno García es conocedor de ello.”

IU Cádiz recuerda que “ante esta situación, en el anterior mandato y entendiendo que PROCASA es una empresa pública y por tanto con vocación social, la sociedad municipal acordó que mientras las familias pagaran sus rentas no serían expulsadas. Sin embargo, el equipo de gobierno dirigido por Bruno García lo que pretende es poder venderlas cuanto antes para cubrir la carga hipotecaria que soporta la empresa, aunque para ello familias que llevan diez años pagando el alquiler se vean ahora expulsadas de sus casas por el propio Ayuntamiento. Todo ello a costa además de deshacerse de un patrimonio público de viviendas tan necesario en la ciudad para sus actuales inquilinos y para los futuros.”

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