El Estado y el PSOE piden siete años de prisión para Osuna y Fedriani por Quality

La Abogacía del Estado, que representa los intereses de la Zona Franca de Cádiz, y el PSOE, como acusación particular, han pedido siete años de cárcel para el ex delegado del Consorcio entre 2000 y 2004 Miguel Osuna y la misma cifra para el que entonces fue su jefe de gabinete, José Manuel Fedriani, que actualmente ocupa el cargo de director general de la Zona Franca, por el caso Quality Food. En ambos casos se les pide esta pena de prisión por malversación de caudales públicos y además nueve años de inhabilitación para ejercer cualquier tipo de cargo público.

Al que fuera fundador y dueño de esta empresa alimenticia, Manuel García Gallardo, las dos partes coinciden en solicitar en sus respectivas calificaciones provisionales, 17 años de prisión, en este caso por los delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad documental.

A todos ellos se les piden cuantiosas indemnizaciones por responsabilidad civil. En este sentido, por el delito de estafa en concurso con un delito de falsedad documental, García Gallardo y algunos de sus familiares se enfrentan, según lo pedido por la Abogacía del Estado y el PSOE, a un abono de 367.665 euros a Quality Food Industria Alimentaria.

Por el de apropiación indebida se pide a García Gallardo y una persona que se indica como testaferro una indemnización de casi 600.000 euros.

Con respecto a Miguel Osuna y José Manuel Fedriani tienen que indemnizar a Sogebaq, sociedad participada por la Zona Franca a más de 7,2 millones de euros.

De momento no existe la calificación provisional de la Fiscalía, mientras que hay varios recursos de por medio, entre ellos el del propio García Gallardo. Ese a su vez ha pedido el cese de Fedriani porque entiende que está en un puesto en el que podría tener acceso a las pruebas. La Zona Franca piensa mantener al director general en su puesto hasta que no haya un auto judicial definitivo, según lo afirmado a la Cadena Ser.

Quality Food era una empresa de comida cocinada que tuvo una repercusión importante a principios de siglo y donde fue puesta como modelo por el PP. En los escritos de la Abogacía del Estado y el PSOE se insiste en que se incurrió en irregularidades para acceder a subvenciones públicas y para hacer creer que se ingresaba el dinero de las ampliaciones de capital sin que esto ocurriera.

En cuanto a la presunta responsabilidad de los antiguos gestores de la Zona Franca se dice que entró a hacerse con la compra de las acciones a un precio muy superior al que se debía y basándose en informes económicos que no eran reales, a lo que se suma que las decisiones se tomaron, según aparece en los escritos, a espaldas del comité ejecutivo del Consorcio.

La secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha instado al PP a "eliminar de la vida pública" a aquellas personas que están siendo investigadas por la justicia, como es el caso del actual director de José Manuel Fedriani. García ha dicho que "la Zona Franca sigue sumando capítulos negros" en la provincia, al tiempo que ha criticado la "total impunidad" y la "ausencia de exigencias de responsabilidades públicas y políticas" por parte del PP.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz (PP), cree que esa información "es bastante antigua y se está a la espera de que se confirme la firmeza de la misma por los recursos de las partes".