El Pleno mantiene a Cádiz anclado en lo provisional

El estado de absoluta suciedad o de mayor limpieza que antes de la ciudad –según el grupo municipal que se pronuncie– y la ineficaz o digna, pero económicamente limitada gestión de los Servicios Sociales Municipales –dependiendo también del color político desde el que se mire– volvieron a acaparar la mayor parte de las más de siete horas de debate de la última sesión plenaria del curso municipal de ayer. Dos controversias sobre servicios públicos básicos que al final de la legislatura no han quedado del todo o nada resueltos y que parecen mantener a la ciudad anclada en lo provisional y en el pasado. Como novedades, se incorporó en sustitución de José Pacheco la edil socialista Aurelia Morales y renunció a su acta Victoria Rodríguez Machuca, recién elegida delegada de la Zona Franca.

Pese a las permanentes acusaciones de “ilegalidad” y “fraude” y al ambiente faltón e incluso bronco en algún momento, la Corporación consiguió aprobar un acuerdo que garantiza la continuidad de la prestación del servicio de recogida de la basura y de limpieza por parte de la UTE Sufi-Cointer “por el tiempo estrictamente imprescindible para la tramitación y adjudicación del nuevo servicio”, que no deberá exceder de un año desde el próximo uno de agosto. La concesionaria se ha comprometido a hacerlo en las mismas condiciones que hasta ahora, por un canon anual de 16.459.309,92 euros, IVA incluido.

La moción fue presentada por la vía de urgencia por el equipo de Gobierno, que la completó con una adición que implica publicar un anuncio de información previa respecto del futuro concurso, en cumplimiento de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Moción y adición fueron aprobadas con el voto a favor del ejecutivo municipal. El Grupo socialista y Ciudadanos se abstuvieron. Y ante la indignación del resto de los concejales, el PP decidió abandonar el Salón de Plenos. “El Grupo Popular no está dispuesto a colaborar ni a ser cooperador necesario de una situación ilícita, irregular y presuntamente fraudulenta en materia de contratación”, explicó José Blas Fernández. A media voz, alguno de los asistentes calificó de “cobarde” esta actitud que persigue eludir posibles responsabilidades legales de cara a futuras acciones judiciales.

El alcalde lamentó esta reacción del PP ante “un asunto prioritario para la ciudad” y recalcó que tanto Secretaría como Intervención vieron necesario que el asunto pasase por el Pleno. Tanto Juan Manuel Pérez Dorao, de Ciudadanos, como el portavoz del PSOE, Fran González recriminaron al equipo de Gobierno su “absoluta falta de previsión”.

También se aprobó una enmienda de sustitución del PSOE, defendida por Juan Cantero, que conlleva la suspensión del reconocimiento de 2.082.028,12 euros a pagar a la empresa Compañía de Tranvías de Cádiz a San Fernando y Carraca, S.A, por el déficit de explotación de 2015. Salió adelante con los votos favorables de los socialistas y del Gobierno local y la abstención de PP y Ciudadanos. Se pedirá un informe a la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia para que se pronuncie sobre la pertinencia o no del 15% de beneficio industrial que percibe anualmente la compañía.

Con los votos en contra del equipo de gobierno se dio luz verde a una petición del PPen la que solicita la relación de familias usuarias de Servicios Sociales que han recibido ayudas iguales o superiores al 90% del alquiler durante este año y la relación de las que han sufrido retraso en el pago de alquiler . Este punto desató duras críticas tanto de María Fernández trujillo (Ciudadanos) como de María José Rodríguez (PSOE) contra la gestión de Ana Fernández al frente de Asuntos Sociales, quien achacó las demoras a la falta de recursos económicos en los presupuestos hasta ahora vigentes, heredados del anterior equipo de Gobierno. Esta propuesta incluye un punto que obliga al cumplimiento del acuerdo plenario de marzo de 2014, para que el pago del alquiler social se realice antes del 5 de cada mes, y se mantengan los porcentajes del alquiler de vivienda que se estaban sufragando antes de junio de 2015, especialmente sobre las mujeres víctimas de violencia de género según un acuerdo de 2016.

Además, se aprobó por unanimidad otro punto en el que el PSOE pide la conclusión definitiva el plan estratégico de Servicios Sociales y el cumplimiento de los acuerdos plenarios en esta materia. Ana Fernández aseguró que ya está hecho y se presentará en septiembre. Ciudadanos, por su parte, solicitó el pago de todas las ayudas pendientes, petición que se aprobó con la abstención del equipo de Gobierno.

Entre otras propuestas aprobadas, se leyó una del equipo de Gobierno, convertida en declaración institucional, para la rehabilitación, reparación y reconocimiento de todos los trabajadores municipales represaliados tras el golpe de Estado de 1936 y durante la dictadura franquista. El 30% de unos 1.400 funcionarios y empleados públicos fueron sancionados, depurados o asesinados por motivos ideológicos o políticos.