Apoyo unánime, con reproches cruzados, en torno a la Institución Provincial Gaditana

Cádiz/La propensión –parece que crónica– de los ediles de todas la formaciones políticas con representación en la Corporación Municipal gaditana a los reproches mutuos y cruzados, televisados por la emisora municipal, no impidió que ayer, en el pleno ordinario y telemático del mes de junio, llegasen a algunos acuerdos por unanimidad. Pero también a algunos desacuerdos verdaderamente imcomprensibles.

Entre las nueve y media de la mañana y las cinco y diez de la tarde se culparon y se lanzaron puyas, estas últimas sobre todo entre la socialista Mara Rodríguez y el concejal no adscrito Domingo Villero, que parece haberle arrebatado algo. Pero no hubo bronca, salvo en un momento en torno a las tres en el que el presidente del Grupo Municipal Popular, Juancho Ortiz, subió el tono y volvió a acusar al alcalde de “no trabajar” y de “esconderse en su cocina durante la pandemia”. Una acusación a la que el regidor, en su calidad de presidente de la sesión plenaria, tuvo que responder llamándole al orden, “porque no estamos en la barra de un bar”. Habrá quien considere irrelevantes estas consideraciones, pero, como todo el mundo sabe, el ambiente y el clima condicionan el comportamiento, la convivencia y hasta el futuro de las especies...

Pero centrémonos en lo más positivo, en los acuerdos alcanzados por unanimidad. Ayer, el Pleno aprobó instar a la Consejería de Educación a mantener las 60 plazas de oferta pública de escolarización del colegio público de la Institución Provincial Gaditana, después del anuncio de cierre por parte de la Diputación y de la Junta.

La propuesta recoge la exigencia al Ejecutivo andaluz de construir una segunda planta en el Carola Ribed, así como de tomar las medidas que sean necesarias para facilitar la conciliación de las familias que se han quedado sin su centro escolar y evitar en la medida de lo posible que hermanos y hermanas terminen en diferentes centros. También, la petición a la Diputación de que encuentre una solución al despido de las cinco trabajadoras de la limpieza. La moción salió adelante con una enmienda en la que se insta a la Junta al mantenimiento de la segunda línea de Infantil del CEIP La Inmaculada.

“Una educación pública es la única que garantiza que la educación sea un derecho para todos y todas, mediante la inclusión del alumnado con necesidades educativas específicas, el alumnado migrante o el alumnado más desfavorecido socialmente, la única con función igualadora”, dijo la concejala de Educación y portavoz del Equipo de Gobierno. Ana Fernández reprochó al PP y a Ciudadanos que “con el cierre de un colegio público, con el desmantelamiento de la pública, lo que hacen es potenciar una sociedad desigual”. Y las concejalas de Ciudadanos y del PP aprovecharon para defender la política educativa del Ejecutivo andaluz en el que cogobiernan y desviar el tiro a la Diputación, vía portavoz del Grupo municipal socialista, por cierto, ex alumna del colegio cerrado por la institución provincial gobernada por su partido. Mara Rodríguez defendió su actitud de frontal rechazo al cierre y de apoyo a las familias afectadas y redirigió la trayectoria de la bala de las culpabilidades a la concejala de Educación y a todo el Equipo de Gobierno, a cuyos miembros dijo no haber visto en las concetraciones. Fernández defendió la getión del Gobierno local, “el que más ha invertido en la educación pública en esta ciudad, sin que sea su competencia directa” .

Por unanimidad también se aprobó la propuesta del Equipo de Gobierno para la subida de las tarifas de taxis, de la que informamos en otra pieza. De la misma forma se acordó la creación de la Mesa Técnica de Seguimiento del I Plan contra la Violencia de Género de la Ciudad de Cádiz, con una enmienda del PP para que se incluya en ella a personal técnico de la Policía Local, la Policía Nacional y el Instituto Andaluz de la Mujer. Justo después de este punto, se dio lectura a una declaración institucional con motivo del Día del Orgullo.

Con el apoyo de todos los grupos y sin debate se aprobó también un punto para rectificar un error material detectado en el texto de la Ordenanza de Circulación. Y una propuesta del Grupo Municipal Socialista –que sí que generó confrontación– instando al Equipo de Gobierno a solicitar a la Consejería de Turismo la firma de un convenio para que Cádiz pase a formar parte del Plan Turístico de Grandes Ciudades. Y dentro del sector turístico se respaldó por todos una propuesta del Grupo Municipal popular para la puesta en marcha de un “ambicioso” plan de promoción turística de Cádiz.

También se dio luz verde por unanimidad a una enmienda de adición presentada por Adelante Cádiz que recoge la apuesta por la puesta en marcha de las 123 propuestas que fueron elaboradas por la Mesa del Empleo y entregadas a la ministra de Transición Energética para la puesta en marcha de un Plan de Industrialización de la Bahía de Cádiz; instar a la Junta a la inversión que traiga consigo la instalación de la Facultad de Educación en el edificio de Valcárcel; el blindaje de los servicios públicos y la intención de generar un marco de concertación social.

A las unanimidades se sumó la aprobación de una propuesta de Ciudadanos para la elaboración de un Plan de Protección y Reactivación de las empresas locales de Cádiz, así como otra iniciativa para la adhesión del Ayuntamiento de Cádiz a la Red Andaluza de Entidades Conciliadoras (RAEC).

Curiosamente decayó una propuesta popular para “instar al Gobierno de la Nación a resolver de manera urgente los problemas de cobro de las prestaciones por desempleo de los españoles afectados por los ertes y a prorrogar los mismos e implementar medidas dirigidas a autónomos, pymes y mutualistas”. PP, Ciudadanos y Villero votaron a favor, pero se encontraron con el no de Adelante Cádiz y el PSOE.

Entre las propuestas socialistas también se aprobó la relativa a un acuerdo marco político para la reactivación social y económica de Cádizante la crisis generada por la pandemia. Y decayó una del Equipo de Gobierno, presentada por el concejal de Hacienda, José Ramón Páez, para sumarse a una tasa europea covid-19 para las grandes fortunas.