La Policía Local de Cádiz desmantela todas las acampadas por orden del Gobierno de Kichi

La Policía Local de Cádiz está desmantelando todas las acampadas urbanas ilegales que están proliferando en las últimas semanas sobre todo en el casco histórico de la ciudad por orden expresa del Equipo de Gobierno de José María González, Kichi, ha confirmado a este periódico una fuente municipal.

De hecho este medio pudo comprobar ayer por la tarde que no quedaba ni una sola tienda de campaña en uno de los fosos de las Puertas de Tierra, un lugar que había sido ocupado por parte de las personas desalojadas hace meses de las Bóvedas de Santa Elena y por otras llegadas con posterioridad. También se ha constatado que el campamento levantado en un lateral dela Peña Flamenca la Perla de Cádiz estaba esta tarde desmontado, pero que sus responsables permanecían allí con todas sus pertenencias.

Según ha podido saber Diario de Cádiz, el procedimiento que están siguiendo los agentes de la Policía Local es dar un primer aviso a los infractores de que deben abandonar los lugares públicos ocupados en las 12 horas siguientes. Si al día siguiente permanecen allí se les impone una denuncia por ocupación ilegal de la vía pública. Y si persisten en su actitud, se les retiran todos los enseres de acampada.

Además, la Policía Local ha establecido puntos de vigilancia fijos en el foso de las Puertas de Tierra y en el espacio Entrecatedrales. El levantamiento de estos campamentos montados en lugares de especial protección como los anteriores, ambos Bienes de Interés Cultural, ha provocado las críticas y la denuncia pública de la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), en tanto que un buen número de los desalojados son personas sin hogar, si bien en las últimas semanas se han sumado otras de las que no hay constancia que padezcan esa situación.

Derechos Humanos denuncia que "es la sexta o séptima vez que vuelve a desalojarse a las personas sin hogar en los últimos seis años". "¿Y dónde piensan que van a ir? , tendrán que encontrar otro rincón, y es la eterna procesión", dicen en un comunicado. "Las administraciones, que ordenan estos desalojos tienen la obligación de facilitarles un alojamiento y con unas condiciones mínimas de habitabilidad. Este es un problema complejo y difícil de gestionar en el que deben trabajar de manera coordinada y aportando los recursos necesarios las tres administraciones: Estatal, Autonómica y Local".

"Es insultante meter en el mismo saco a las personas sin hogar y a las que hacen turismo instalándose en cualquier lugar de la ciudad", sostienen desde la Apdha. "Evidentemente la ciudad no puede poblarse de tiendas de campaña, pero ahí es donde las autoridades competentes deben discernir entre unas y otras y solucionar el problema de vivienda de las personas más marginadas e impedir la ocupación abusiva de las que vienen en busca de ocio", argumentan.

"Resulta llamativo que en el desalojo efectuado estos días los Servicios Sociales no hayan sido avisados y desconozcan el hecho, cuando debieran ser los primeros en ser informados para poder trabajar en una solución humana de esta situación", afirman en el comunicado.

"No puede permitirse más que las personas sin hogar sean tratadas como escoria, sin ningún derecho, aunque la Constitución en su artículo nº 47 establezca el

derecho a la vivienda de todos los ciudadanos y el artículo 25 de la Declaración

Universal de los Derechos Humanos también lo establezca así. Ellas también forman parte de la ciudadanía", concluyen desde la asociación.