Política de toga y banquillo

"El alcalde declarará como investigado”. “El Gobierno local denuncia en los juzgados”. “Ciudadanos lleva al juzgado al alcalde”. Estos son solo tres ejemplos de los titulares a los que en estos últimos tiempos ha acostumbrado la vida política municipal. La discusión de los plenos y la confrontación de ideas en ruedas de prensa parece haberse quedado atrás en este mandato municipal para dar paso a los tribunales. Una puerta ocasionalmente abierta en el pasado y por la que en estos últimos años se han acostumbrado a entrar y salir los concejales posiblemente con excesiva frecuencia.

Es cierto que en anteriores mandatos corporativos también ha habido procesos judiciales abiertos por los propios partidos. Durante el período de Teófila Martínez como alcaldesa, por ejemplo, se desarrollaron procesos por la adjudicación del contrato de limpieza a Sufi Cointer (elevado a los tribunales por el PSOE), por el trágico accidente del Campo de las Balas (también denunciado por el PSOE y archivada la causa, lo que costó la reprobación del entonces portavoz Rafael Román, que luego, a su vez, fue también anulada), por el alumbrado público (aquí con Izquierda Unida y su entonces portavoz Sebastián Terrada como principal actor), o por el caso Matadero (causa iniciada por el PSOE en la que también se personó Izquierda Unida), amén de una demanda que José Blas Fernández le ganó al entonces concejal socialista Federico Pérez Peralta por insultos, lo que le costó una indemnización económica. Apenas cinco causas judiciales en una década. Número muy inferior al que en estos tres últimos años se ha contabilizado.

Al poco de iniciarse el actual mandato, el equipo de gobierno llevó a los tribunales a Teófila Martínez y su equipo a consecuencia del informe de Aguas de Cádiz sobre el corte de suministro en Loreto. Esa causa quedó archivada, pero inició otra de los populares contra el alcalde, el entonces teniente Manuel González Bauza y el asesor de Alcaldía José Vicente Barcia por injurias y calumnias, al acusar a los populares de suministrar agua contaminada “a sabiendas”. Este proceso sigue abierto en la actualidad, ya que el Juzgado de lo Penal –vía a la que recurrió el PP– desestimó la demanda y los populares recurrieron a la Audiencia Provincial, que aún no se ha pronunciado.

El archivo de la causa del caso Matadero provocó otra demanda por difamaciones del PP (a través de la concejal Mercedes Colombo) a los concejales de Ganar Cádiz Martín Vila y Eva Tubío. Querella que recientemente quedó igualmente archivada.

La aprobación de los presupuestos de 2016 también terminó en los tribunales, tras elevar al Tribunal de Cuentas el PP el documento que aprobara el equipo de gobierno en solitario. Este proceso conllevó la suspensión del presupuesto, que además había sido prorrogado durante 2017 y hasta que en fechas recientes se ha aprobado un nuevo presupuesto –que, por cierto, tiene aún posibilidad de recurso hasta el próximo 3 de diciembre–.

Otra denuncia del PP contra el actual equipo de gobierno fue la del convenio firmado entre Ayuntamiento y Eléctrica de Cádiz para el alumbrado extraordinario en la Navidad de 2016, cuya tramitación sembró muchas dudas entre los populares, que llevaron el caso a Fiscalía sin que por el momento se haya adoptado ninguna resolución.

Y en fechas recientes se ha estado dirimiendo una última demanda contra el alcalde, también por parte del PP (en este caso en la persona de José Blas Fernández), que lo acusa de no dar información a la oposición. Esta denuncia ha sido archivada en primera instancia, aunque Fernández ya ha presentado recurso. Por lo tanto, la causa sigue abierta.

La respuesta del gobierno a estos ‘ataques’ del PP se ha centrado en la figura de Ignacio Romaní y en las supuestas irregularidades cometidas como presidente de Aguas de Cádiz, que le han llevado a ser denunciado en el juzgado, en el Tribunal de Cuentas y en la Fiscalía. Por el momento, esta causa no ha prosperado.

A nivel municipal, el último ejemplo lo ha puesto el grupo municipal de Ciudadanos, que denunció al alcalde por prevaricación en la tramitación de las licencias de los chiringuitos de la playa, lo que desembocará en la declaración como investigado de José María González el próximo 12 de diciembre (al aplazarse la declaración prevista para el pasado jueves).

Pero no sólo entre concejales se han venido recurriendo a los tribunales. El equipo de gobierno ha tenido también en la Subdelegación del Gobierno un acicate constante. Desde el auto que obligó a retirar la bandera republicana (en 2016 y en 2017, costándole en este último caso 1.000 euros la broma al Consistorio) a la demanda presentada contra la municipalización y el posterior recurso que ha presentado tras la sentencia favorable al Ayuntamiento. “Fíjate cómo es la situación contra el equipo de gobierno, que el alcalde recibió una sanción administrativa por los sucesos que tuvieron lugar en el estadio Carranza durante un partido del Cádiz”, trasladan desde el entorno del equipo de gobierno (recordando un caso que quedó archivado tiempo después, coincidiendo con la llegada de Agustín Muñoz como subdelegado).

A todo ello hay que sumar las denuncias recibidas por Europa Laica (contra la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad a la Patrona) o por la organización Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (por la supresión de un ciclo de cine israelí, lo que fue considerado un gesto xenófobo y antisemita).

Los casos, por tanto, no sólo no cesan sino parece que se incrementan. Hasta tal punto que desde el equipo de gobierno están confiados en que hay nuevas causas “en el horno” (en referencia a futuras denuncias que se presentarán en los juzgados en próximas fechas), asegurando que se trata únicamente de una “estrategia de la oposición para debilitar la acción del alcalde y su equipo”. Y desde la oposición, por su parte, se mira a los tribunales como “el único recurso que nos queda ante la negativa del equipo de gobierno de atender nuestras propuestas y demandas por otro conductos”.

Hasta el momento, todas las causas que señalan directamente a algún político han quedado en nada, lo que ha evitado que la justicia influya en la labor de cada concejal. Pero lo que sí ha quedado claro en estos tres años es que la política municipal dirime muchas cuestiones, quizás demasiadas, en los tribunales. En este sentido, curiosamente, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 (que ha llevado varias de estas causas) señalaba en su última sentencia –archivando la causa luego recurrida de José Blas Fernández contra el alcalde– la idoneidad de “evitar una judicialización de la vida política para dirimir cuestiones que nunca debieron abandonar la esfera política”.