Protegido para nada

Cádiz/A finales de 2009, para sorpresa de casi todos, la Junta incluyó en el Patrimonio Histórico Andaluz una serie de edificios de la ciudad que, a partir de ese momento, obtuvieron una protección legal que impedía su derribo, como al poco pasó también con la Ciudad del Mar. Uno de estos inmuebles era la antigua sede de Ibérica Aga, una fábrica nacida en 1925 (aunque las oficinas protegidas se levantaron en los años setenta), que en 2015 fue adquirida por la Zona Franca por 2,8 millones de euros.

Frente al resto de los edificios protegidos ese mismo año (la torre de Telefónica, la Estación Marítima, el colegio Villoslada, la iglesia de San Severiano, una clínica dental en la calle Tamarindos y la Harinera Vilafranquina), las instalaciones de Ibérica Aga no tienen uso alguno desde que la empresa Abelló Linde las cerró en abril de 2010. Hoy están vacías, con parte de la fachada cubierta de pintadas, sin cierros ni ventanas, aunque su propietario actual, la Zona Franca, afirma que "está cerrado y mantenido". Edificio protegido, pero para nada.

Dentro del plan de reordenación de todo el polígono exterior de la Zona Franca, el Consorcio diseñó en esta parcela, en 2015, la construcción de un centro para emprendedores. Jorge Ramos, entonces delegado del Estado de la Zona Franca, anunció entonces un proyecto ambicioso y con visión de futuro, pues el centro iba dirigido a jóvenes emprendedores incluyendo la construcción de viviendas para este colectivo.

Entonces se procedió al derribo de un edificio de uso industrial, una nave de oficinas y dos de almacenamiento. Se mantuvo en pie el bloque protegido por la Junta, del que sólo queda la estructura de ladrillos, hoy parcialmente cubierta de pintadas no solo en su exterior sino también en dependencias interiores donde se pueden ver también elementos de construcción abandonados. En aquel momento se indicó que se iba a aprovechar las obras de derribo en la manzana para cerrar los huecos del edificio, lo que finalmente no ha ocurrido, con lo que ello supone de riesgo ante posibles okupas.

Desde la actual dirección del Consorcio se considera este proyecto "muy importante para la ciudad", que no se ha descartado ejecutar aunque aún no se haya acometido. Se justifica este retraso en el desarrollo de la operación la imposibilidad de actuar en toda la unidad de ejecución, como se considera lógico, pues la Zona Franca es propietaria únicamente del 39% de esta parcela. "No tiene sentido llevar adelante un plan tan costoso mientras que el resto de la unidad sigue sin urbanizar", se afirma. En este sentido, desde el Consorcio se considera que debe ser el Ayuntamiento el que impulse el desarrollo de esta operación. En mismo sentido, el Consorcio considera que debe ser la administración local la que afronte la reorganización de todo el polígono exterior.

Este análisis del equipo del actual delegado, Alfonso Pozuelo, choca sin embargo, con lo ya expuesto por sus predecesores, José de Mier y Jorge Ramos, que en su día vendieron como uno de los planes más ambiciosos del Consorcio la expansión por el polígono exterior, iniciándose entonces la compra de viejas naves, por parte de diferentes administraciones, para que fuese la propia Zona Franca la que se convirtiese en motor de la economía gaditana, desde Navalips hasta Talleres Faro y Super Cádiz pasando por la propia Ibérica Aga, todo aún sin urbanizar y promocionar. Para ello se creo junto al Ayuntamiento la Oficina de Captación de Inversiones para el Desarrollo del Polígono Exterior, que elaboró un estudio sobre el estado de todas las empresas radicadas en estos terrenos.