Proyectos al cajón

Hace unos días, la sección de Efemérides de este periódico publicaba que hace 25 años el Ayuntamiento de Carlos Díaz ultimaba el proyecto para construir un Palacio de Congresos en Santa Bárbara. Ya se había elegido arquitecto (Juan Navarro Baldeweg) y se había doblado la inversión inicial, hasta alcanzar los 1.900 millones de las antiguas pesetas. De esa noticia publicada el 14 de noviembre de 1989 nada llegó a hacerse en Santa Bárbara –todavía hoy en construcción, aunque no para albergar un Palacio de Congresos–. Y eso refleja a la perfección el destino que en estos últimos años han tenido no pocos proyectos anunciados en su día a bombo y platillo y cuyo destino final ha sido el cajón de los olvidos.

Posiblemente uno de los últimos casos que sirven para ratificar todo lo expuesto anteriormente sea el proyecto de Ciudad de la Justicia, que ahora la Junta de Andalucía quiere habilitar en los edificios de oficinas que recientemente ha dejado Altadis. Corría el año 2001 cuando este Diario se hacía eco de la posibilidad de que en el solar de la calle Tolosa Latour se levantara la Ciudad de la Justicia. Desde entonces, se inicia un tortuoso proceso que lleva a la administración andaluza en 2009 a presentar el anteproyecto del futuro complejo, de casi 10.000 metros cuadrados. Ese anteproyecto lo realizan dos estudios de Arquitectura (Estudio Carbajal y Arquitectos Ayala), participando en total ocho arquitectos en su redacción. Posteriormente, a principios de 2012, se presentaría el proyecto definitivo, que entonces se cifraba en 83,4 millones de euros (cuando en 2003 se estimaba una inversión de 30 millones de euros). Las últimas noticias, sin embargo, van dirigidas a la adquisición de las antiguas oficinas de Altadis, en la Zona Franca, cambiando el proyecto de Tolosa Latour (que López Gil cifraba recientemente en 60 millones de euros) por la adaptación de estos edificios (en los que apenas se invertirían cinco millones).

En los últimos tiempos también ha sufrido una drástica modificación el proyecto del Museo del Carnaval. En el año 1999 se constituía la fundación que gestionaría la construcción de este equipamiento, cuyo diseño y proyecto saldrían a un concurso que en el año 2006 ganó el arquitecto Rafael de Giles. La progresiva caída de los patronos de esa fundación que en su momento se habían comprometido a financiar el proyecto de manera conjunta fue retrasando y alargando el proyecto, del que en el año 2012 se anuncia que costaría unos 4,3 millones de euros. Y el desacuerdo final con la Junta de Andalucía en relación a su contribución económica provocó un inesperado giro a finales de ese año 2012, que se confirmó de manera definitiva un año después. El Ayuntamiento renunciaba al emplazamiento inicial del museo (en la plaza de la Reina) y al proyecto de Rafael de Giles y daba a conocer un nuevo proyecto de edificio, en esta ocasión en la plaza Guerra Jiménez y redactado por los arquitectos municipales.

Pero la situación ha vuelto a dar un giro radical, ya que en el acuerdo urbanístico alcanzado recientemente entre Junta y Ayuntamiento se incluye la cesión gratuita de la parcela de la Viña a la ciudad, lo que permitiría reactivar el museo en su emplazamiento original y con el diseño que ganó el concurso convocado en 2006. Por tanto, sobre la mesa hay ahora dos proyectos distintos y en dos sitios igualmente distintos, a la espera de conocer la ¿última? decisión que tome el Ayuntamiento, que tendrá que hacer frente en solitario a la construcción de este equipamiento.

También fue enviado a ese simbólico cajón el proyecto de construcción de una emblemática estación de autobuses en la avenida de Astilleros. La Junta de Andalucía presentó el proyecto seleccionado, del arquitecto Rafael Lucas, en el año 2010. Se iba a construir una estación de 160 metros de longitud en la que iban a tener cabida 16 autobuses de 15 metros y dos plantas destinadas a los servicios propios para los viajeros y el funcionamiento propio de un equipamiento de este tipo. Con la licencia de obras concedida ese mismo año 2010, el inicio se fue demorando hasta que a finales del pasado año la Junta anunció un cambio de planes. Finalmente haría una estación no tan emblemática, con solo ocho andenes (dos de ellos para autobuses articulados) y una única planta. El resultado es que del proyecto inicial de 6,5 millones de euros se va a construir una estación de 1,5 millones, manteniéndose, eso sí, la misma firma en ambos proyectos (JBF Ingenieros y Arquitectos). En este caso, hace unos días que las obras dieron comienzo en la Carretera Industrial, por lo que dentro de unos diez meses debería estar listo el equipamiento.

Tal y como pasara con la estación de autobuses emblemática, también quedó en nada el proyecto que en su día presentó la Junta para la rehabilitación del convento de Santa María, una de las grandes actuaciones urbanísticas y patrimoniales de la ciudad que se topó de bruces con esa especie de mala suerte que persigue a la ciudad.

En el año 2005 convocaba la Junta un concurso de ideas al que se presentó casi un centenar de arquitectos, de los cuales se seleccionaron a ocho, eligiendo posteriormente el ambicioso proyecto del arquitecto sevillano Francisco Torres, que valorado en cinco millones de euros planteaba la rehabilitación del convento y la construcción de 24 viviendas. Entonces se estimaba que a lo largo de 2007 podrían iniciarse las obras. En 2008, la inversión inicial se ampliaba hasta los 7,2 millones de euros y se incorporaban tres alojamientos para familiares. Y a finales de 2010 se conocía que el convenio de las concepcionistas con la Junta se rompía ante la imposibilidad de las religiosas de reunir los 2,6 millones de euros que tenían que aportar.

Se dan a partir de entonces diversos pasos fallidos que desembocan finalmente en una asociación privada creada específicamente para salvar el convento, que es la que ha iniciado la recuperación del conjunto arquitectónico que ahora espera para poder avanzar la colaboración municipal ya comprometida. Mientras, las religiosas suman ya ocho años fuera de Santa María, que tuvieron que desalojar por el mal estado del edificio.

La misma suerte ha corrido el proyecto del futuro Hospital Regional de Cádiz. Otro de los macroproyectos urbanísticos de una ciudad que o bien ha querido abarcar más de lo que puede o está abocada al fracaso de buena parte de lo que se plantea de Cortadura para adentro. En el año 2008 se presentaba al fin el anteproyecto del complejo sanitario, que había resultado ganador de un concurso que costaría a la administración andaluza casi cuatro millones de euros. Una minucia comparado con los 200 millones de euros que se estimaba de coste de un hospital que iba a ser el doble de grande que el Puerta del Mar (102.000 metros cuadrados más otros 22.500 metros cuadrados para la actividad administrativa), que iba a contar con 814 camas, 750 de ellas en habitaciones individuales, que iba a triplicar el número de quirófanos hasta habilitar 26 y que iba a ampliar los servicios a los pacientes.

Los años fueron pasando sin que el proyecto avanzara; y así ha llegado a la actualidad, donde ya la Zona Franca plantea la rebaja de las condiciones del edificio o su construcción por fases, sin que el SAS por el momento se haya pronunciado al respecto.

Al cajón han ido también varios proyectos que se presentaron o en los que se estaba trabajando en el Castillo de San Sebastián (desde que el Ayuntamiento se lo encargara a Alberto Campo Baeza hasta el que presentó el Gobierno central, pasando por diversas propuestas, ideas o proyectados planteados por las diferentes administraciones en la carrera hacia el Bicentenario de la Constitución), que hoy espera ser rehabilitado en un alto porcentaje sin tener muy definido su aprovechamiento futuro; y la misma suerte ha corrido recientemente el proyecto que el prestigioso Rafael Moreno redactó para el hotel de Valcárcel, al que Zaragoza Urbana también le ha aplicado la tijera de los recortes.

Un Cádiz sobre maquetas y papeles, en definitiva, que un día se anunció y que descansa hoy en algún cajón olvidado.