La Residencia de Tiempo Libre y su incierto futuro

El primer pleno del año, que se celebrará el próximo viernes, contará con la ya tradicional lista de 'peticiones' a la Junta de Andalucía firmadas por el grupo municipal popular.

Entre las exigencias que se van a plantear destaca una que se presupone tendrá escaso éxito: la petición para que la Junta ejecute ya el proyecto de construcción del futuro complejo que va a sustituir al actual edificio de Tiempo Libre.

Este centro hotelero gestionado por la Consejería de Trabajo se encuentra cerrado desde hace unos años debido al mal estado en el que se encuentra el edificio. Según la Junta, es necesario su derribo ante el riesgo de desprendimiento.

La intención inicial de la Junta es levantar una nueva residencia de tiempo libre junto a un edificio para oficinas de la administración. En el nuevo Plan de Ordenación Urbana, pendiente de aprobación por parte de la propia Junta, el Ayuntamiento ha admitido esta petición aunque ha situado el centro hotelero con vistas al mar y no a la trasera de la calle Muñoz Arenillas, como pretendía Trabajo.

Mientras tanto, el edificio se encuentra abandonado y en precario estado de mantenimiento. El Ayuntamiento requirió hace meses a la Junta para que ejecute labores de rehabilitación en la fachada; ahora se pretende también que a lo largo de este año la propietaria del edificio adelante trabajo elaborando el diseño que tendrá en su momento la manzana.

Para el gobierno local, "este es un proyecto importante, como un motor más para la economía de la ciudad pues mueve al año más de cuatro mil pernoctaciones", recordando que ya la propia Consejería manifestó la importancia del mismo.

Sin embargo, fuentes de Trabajo indicaron hace apenas unas semanas a este diario que esta operación no entra dentro de sus prioridades, en plena crisis, especialmente por su coste, ya que puede rondar los 90 millones de euros.

En el pleno también se debatirá otra moción para instar a la Junta a que elimine el decreto de reordenación del sector público y ponga en marcha una mesa de diálogo que permita una reestructuración adecuada de toda la administración. "Hay que dignificar la función pública mediante cauces de diálogo con todos los colectivos implicados y no mediante decreto impuesto", se pide desde el PP.