Suspendido el juicio del caso Quality Food

El juicio por el caso Quality Food, cuya celebración estaba prevista para el próximo mes de noviembre en la Audiencia de Cádiz, se ha suspendido. El motivo del aplazamiento es que la mayoría de los letrados que llevan este procedimiento también están inmersos en la celebración del juicio de los ERE en la Audiencia de Sevilla. Ante la previsión de que los señalamientos coincidan en fecha, se ha acordado posponer la causa gaditana.

En un principio, no hay nueva fecha para Quality Food, un caso que pretende esclarecer una supuesta estafa cometida contra la Zona Franca de Cádiz hace más de una década. Según las fuentes judiciales consultadas, la vista se pospone, como pronto, hasta febrero de 2019.

El tribunal encargado de resolver esta compleja causa, que suma 14 años de instrucción, es el de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz.

El escrito de acusación de la Fiscalía no deja en muy buen lugar al ex delegado de la Zona Franca de Cádiz, Miguel Osuna, ni al que fuera jefe de gabinete durante su estancia en el Consorcio, José Manuel Fedriani. A ambos se les procesa por un delito continuado de malversación de caudales públicos y de fraude a la administración por cómo gestionaron la compra del paquete mayoritario de acciones de la corporación alimentaria en el año 2003. El fiscal pide para ambos una pena total de 10 años de prisión.

Entre otras cuestiones, la Fiscalía entiende que tanto Osuna como Fedriani ocultaron información al comité ejecutivo de la Zona Franca y que se llevó a cabo una ampliación de capital que trajo graves consecuencias para el erario público y beneficios para los propietarios de la empresa, la familia García Gallardo.

Así pues, hay dos personas más para las que la acusación pública pide cárcel. Uno es el empresario y fundador de Quality Food, el isleño Manuel García Gallardo, que se enfrenta a una pena de 16 años y siete meses de prisión por delitos que van desde la estafa, la falsedad en documento mercantil, la apropiación indebida y la malversación, entre otros, aunque éste último en grado de cooperador necesario.

Para su madre, Ana Gallardo Ramírez, la Fiscalía también plantea una pena de prisión levemente menor a la de su hijo, en total 14 años y siete meses.

Otro encausado de Quality Food es el ex director de una sucursal bancaria de San Fernando con la que trabajaba García Gallardo y que supuestamente expidió unos certificados bancarios que acreditaban que el empresario había efectuado el desembolso por sus acciones cuando realmente no lo había hecho. Para él, Víctor Ocaña Ferreiro, el fiscal solicita seis años.

El último procesado es Rafael Borrego Patrón, administrador de algunas sociedades que, según la Fiscalía, actuaba como testaferro de Manuel García Gallardo. Para él, el Ministerio Público pide dos años y ocho meses de cárcel por falsedad en documento mercantil y por un delito societario.