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El TSJA niega a la Junta paralizar el plan contra la turistificacion en Cádiz
Considera que el cambio en el PGOU por parte municipal "atiende a los intereses públicos"
20 horas para gestionar un piso turístico en Cádiz
El cambio del PGOU para limitar los pisos turísticos en Cádiz llega a los tribunales
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, TSJA, ha dictado una resolución en la que rechaza la petición de suspender la modificación del PGOU en la que se incluía la nueva norma contra la turistificación en Cádiz.
El recurso de la Junta contra el plan aprobado por el Ayuntamiento el 14 de septiembre de 2022 denunciaba que esta modificación, de cara a la regulación de las viviendas con fines turísticos, no defendía el interés generales.
A la vez, sostenía que la nueva calificación que el Ayuntamiento otorgaba al suelo donde podían implantarse VFT, con uso terciario, entraba en conflicto con el decreto actualmente vigente que las ubica en inmuebles situados en suelo de uso residencial.
Frente a estas apreciaciones, la Sala de lo Contencioso del TSJA resulta muy claro al rebatir lo planteado desde la Junta de Andalucía.
"La modificación del Plan General aprobada por el Ayuntamiento atiende a intereses públicos, debido a la naturaleza de disposición general de la modificación del instrumento urbanístico", indica el Tribunal.
Incide también destacando que el Ayuntamiento "indica que la razón esencial (para esta modificación), es la situación de saturación de alojamientos turísticos, lo que conlleva preservar el casco histórico y el entorno urbano, y ello debe considerarse como razones imperiosas de interés general".
Con todo ello, afirma el TSJA que "no se entiende que la administración municipal infrinja norma alguna", mencionando que no afecta al decreto mencionado por la Junta “pues el servicio de hospedaje supone un uso de hospedaje y deben cumplirse las condiciones de uso residencial”, como se expresa en la norma urbanística.
"La modificación del Plan -se extiende el Tribunal- lo que regula es la limitación de implantación de las viviendas de fines turísticos en determinadas zonas saturadas de la ciudad para la protección de la misma, pero al mismo tiempo las permite como usos alternativos en determinadas zonas".
Ante este auto cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
El Ayuntamiento ya ha trasladado a la Junta un listado de VFT que aparecen en el registro autonómico y que, según Urbanismo, incumplen la nueva normativa municipal por lo que no deberían de contar con este visto bueno para su funcionamiento. La Junta, por su parte, está elaborando un nuevo decreto que, según afirma, dará garantías jurídicas a las actuaciones que puedan llevar los ayuntamiento para el control de las VFT.
Vila: “La Junta no le interesa controlar a las VFT”
"La desestimación de las medidas cautelares presentadas por la Junta para evitar que la modificación del PGOU se aplicase, demuestran dos cosas. Por un lado, que para la Junta del PP lo importante es el mercado y el negocio, dándole igual el derecho de los vecinos a seguir viviendo en Cádiz, y por otro lado que la modificación del PGOU era impecable en lo técnico y en lo jurídico", afirma Martín Vila, concejal de Urbanismo, que destaca que "esta actitud de la Junta no es nueva, mientras que públicamente dicen que van a sacar un decreto para regular y limitar las VFT, lo que hacen es tratar de impedir por activa y por pasiva que los ayuntamientos tomemos medidas. Aunque en este caso, se han llevado un palo que no se esperaban".
Vila menciona las discrepancias entre los datos de VFT que ofrece el INE y el registro de la Junta en toda la región. Para el edil "no hay interés por la Junta para hacer seguimiento, control e inspección cuando de pisos turísticos se trata. Es su forma de defender el modelo turístico de masas, del todo vale, cueste lo que cueste".
"Con la modificación del PGOU hemos roto la tendencia al incremento de pisos turísticos en el Casco Histórico, y estamos situando la oferta ilegal como problema a resolver ahora sí por la Junta, sino que hemos iniciado ya expedientes de caducidad de licencias de apartamentos que se dieron en el interin de tiempo en el que el PSOE tuvo secuestrada a la ciudad con su ‘no’ durante un año a la modificación. Estos expedientes de caducidad son por licencias que se concedieron y que en plazo no han iniciado la actividad, por lo que esas fincas, solo podrán volver a tener finalidad como vivienda y no como piso turístico".
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