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Cádiz/Teófila Martínez, presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), ha vuelto esta mañana a insistir en que el proyecto de parque eólico marino frente a las playas de La Caleta, en Cádiz, y de La Costilla, en Rota, no es un proyecto de su institución, pero que tiene la obligación de tramitarlo. Martínez ha asegurado, además, que si fuese alcaldesa de alguna de las poblaciones de la Bahía, se opondría a él.
"Respecto al proyecto presentado ante la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz para su tramitación, que afecta a ubicar un parque eólico en aguas portuarias, yo, como presidenta de la APBC quiero dejar una vez más muy claro que se han hecho los trámites a los que la institución que presido está obligada, que ha habido transparencia, que no es un proyecto de la APBC, y por tanto, no promueve la APBC, no lo ha sacado a concurso la APBC, ni lo defiende la APBC, si no que está obligada a tramitarlo", ha dicho Martínez a Radio Cádiz.
"En estos momentos estamos en el trámite de exposición públicapara que todo el mundo se pueda pronunciar, pero especialmente aquellas administraciones a las que desde la APBC hemos pedido informes y posicionamientos, que van desde el Ayuntamiento de Cádiz, el de Rota y El Puerto, hasta distintas delegaciones de la Junta de Andalucía. También se lo hemos pedido al Mando de Unidades de Acción Marítima de Cádiz, a la Dirección General de Política Energética y Minas, a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y a la Capitanía Marítima de Cádiz, entre otras instituciones", añadió la presidenta de la institución.
"Cuando tengamos esos informes serán evaluados y pasarán a una tramitación del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria y de ahí, a tenor de esos informes, puede salir aprobado o rechazado. Pero aunque fuese aprobado, sería trámite imprescindible para su viabilidad la Declaración de Impacto Ambiental que tiene que hacer el Estado Español, o sea , el Ministerio de Sostenibilidad [para la Transición Ecológica], que es lo definitivo, haya o no haya oposición. Eso es lo que marca si este proyecto puede salir adelante o no", aclaró.
"Ese trámite es largo y, por tanto, no nos tenemos que alarmar, nos tenemos que posicionar las instituciones y todo aquel que quiera hacerlo. Pero hay tal normativa garantista en nuestras leyes, que puede estar todo el mundo tranquilo de que se va a tramitar con la máxima transparencia, con la máxima diligencia, pero también con las máximas garantías. Si es viable, tendrá que tener todos los parabienes de todas las instituciones, incluida la Declaración de Impacto Ambiental", explicó.
"Yo soy la presidenta de la Autoridad Portuaria y estoy obligada a tramitarlo y a no impedir que se tramite por parte de la Autoridad Portuaria, pero si me preguntan si yo fuese alcaldesa de Cádiz, de Rota, de Puerto Real o de El Puerto, mi posición sería que no. Pero es que soy la presidenta de la Autoridad Portuaria y no puedo negarme ni hacer que la Autoridad Portuaria se niegue a su tramitación. Eso es fácil de entender. Tan fácil como que es un proceso administrativo regulado. Ni la APBC promueve, porque tendría que haber sacado un concurso, ni es su idea, ni es su proyecto y sólo tramita. Está claro", concluyó.
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