Tirón de orejas a Eléctrica de Cádiz por falta de transparencia

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía le ha dado un tirón de orejas a la Comercializadora Eléctrica de Cádiz por incumplir hasta 18 puntos de la Ley de Transparencia de Andalucía. Esta decisión se ha producido a raíz de una denuncia del Partido Popular y en la resolución fechada el pasado 13 de julio, este consejo le da un plazo de dos meses a la empresa semi pública desde la notificación de la misma para subsanar las deficiencias en la transparencia de esta compañía.

Eléctrica de Cádiz lleva unos meses en el ojo del huracán y más en la última semana después de que el pasado lunes se celebrara un pleno extraordinario en el Ayuntamiento para aprobar una modificación de crédito de más de 3,3 millones para que el Consistorio pusiera su parte en la ampliación de capital de seis millones. Esta decisión se produjo tras las pérdidas en el pasado ejercicio de 7,3 millones de euros, a lo que hay que unirle, tal y como aparecen en los informes de los expertos, otros cuatro millones en el primer trimestre de este año.

La denuncia del Partido Popular venía a decir en líneas generales que en su página web “no facilita información institucional y organizativa; sobre las personas que ejerce la máxima responsabilidad; sobre planificación y evaluación; de relevancia jurídica; sobre procedimientos y participación ciudadana; sobre contratos, convenios y subvenciones; así como económica, financiera y presupuestaria”.

Además, también denunciaba que tampoco tienen disponibles modelos normalizados de solicitud “para ejercitar el derecho de acceso ni publican la información necesaria para facilitar su ejercicio”.

Cada uno de estos apartados se extendía de manera pormenorizada en la denuncia del Partido Popular. Entre otras cuestiones decía que la normativa en cuanto a la transparencia llevaba ya vigente ocho años, “por lo que han tenido tiempo suficiente para poder realizar inversiones, preparar y contratar personal especializado e incluso crear entornos digitales específicos para adaptarlo a la cuarta Revolución Industrial en la que nos encontramos”.

Y desde Eléctrica de Cádiz, al que se le pide que alegue en este proceso administrativo, hace un reconocimiento porque dice que “a la vista del requerimiento realizado por ese Consejo, esta parte se compromete a implementar, en el menor tiempo posible, todas las medidas de publicidad activa requeridas”. Entre las seis que propone estaba la contratación por procedimiento simplificado del servicio de diseño, desarrollo, implantación, mantenimiento y soporte de un nuevo portal web de transparencia conforme a los requerimientos legales aplicables”.

También la designación de una persona responsable de la sociedad en materia de transparencia que coordine los trabajos con la empresa encargada de la implementación del portal web de transparencia y que “asegure la actualización periódica de la información pública que debe ser objeto de publicación”.

En los fundamentos jurídicos, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía rechaza algunas de las peticiones del Partido Popular, pero sí hay otras muchas que dice que Eléctrica de Cádiz tiene que solventar porque se encuentra bajo el amparo de la normativa ya que más del 55% del accionariado pertenece al Ayuntamiento de Cádiz,

En esta resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, dice que “se desprende la existencia de cumplimientos defectuosos en algunas obligaciones de publicidad activa por parte de la empresa denunciada, por lo que en virtud del artículo 23 de la Ley Pública de Transparencia de Andalucía, este Consejo ha de requerir la correspondiente subsanación para la publicación de la información que resulta exigible”.

En los 18 puntos que enumera el Consejo está desde la estructura organizativa de la sociedad a la oferta pública de empleo, los procesos de selección del personal y la información sobre los contratos formalizados durante el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2016. A ellos se les une también los presupuestos de la mercantil desde 2016 y las cuentas anuales “que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización emitidos por parte de órganos de control externo sobre la entidad solicitaría, todo ello desde diciembre de 2015”.