Valcárcel depende de cuatro vías de financiación

La puerta que el consejero de Universidad, Rogelio Velasco (de Ciudadanos), cerró al proyecto de habilitar la Facultad de Educación en el edificio Valcárcel en pleno acto de celebración de los 40 años de la Universidad gaditana se ha abierto nuevamente, aunque a modo de ventana. La Junta de Andalucía ha abierto una posibilidad para que el proyecto ansiado por Cádiz capital pueda hacerse realidad. Para ello, plantea ahora una financiación a cuatro bandas que reúna esos 14 millones de euros que a priori costaría implantar la Facultad de Educación en el barrio de la Viña.

Según ha trasladado el consejero tanto al rector de la UCA, Francisco Piniella, como al alcalde de Cádiz, José María González, en sendas reuniones que ha mantenido este viernes –de manera consecutiva, pero por separado– en la sede de la Consejería en Sevilla, “la Consejería estaría dispuesta a valorar un proyecto alternativo” para que el traslado de Educación a Valcárcel salga adelante.

Ese proyecto alternativo pasa, en primer lugar, porque la Universidad incorpore a la Facultad de Educación un centro de investigación universitario de excelencia; algo que abriría la posibilidad de que Europa financiara una parte del proyecto a través de los fondos Feder. Primera pata de esta nueva fórmula que plantea la administración andaluza.

La propia Junta debe ser partícipe de la operación. Para ello cuenta con el recurso del anunciado Plan Plurianual de Infraestructuras que está elaborando la Consejería y que se quiere presentar a principios del próximo año, que podría incluir el proyecto de la Facultad de Educación. No obstante, Rogelio Velasco ha avisado tanto al rector como al alcalde: “la financiación de Valcárcel se debe estudiar en el marco de las necesidades de financiación del resto de las universidades andaluzas”, entendiendo el consejero que “no sería comprensible por el resto de universidades públicas, algunas de las cuales poseen un patrimonio histórico–artístico de relevancia y de costoso mantenimiento, la financiación del proyecto Valcárcel sin que se hubieran evaluado simultáneamente otras necesidades que repercuten directamente en la calidad de la enseñanza”.

Y es que el responsable de Universidad de la Junta quiere separar la parte docente del proyecto de la parte arquitectónica de rehabilitación del edificio, un proyecto este último “que escapa de la competencia de esta Consejería” y que motivaría ese rechazo inicial. Desde el gobierno andaluz se insiste en que el compromiso es “destinar los recursos disponibles a una mejora de la calidad docente e investigadora, así como facilitar el acceso a la enseñanza superior y asegurar una buena formación al mayor número posible de alumnos”.

Atendiendo a esta parte del proyecto que la Junta de Andalucía asumiría como propia, el futuro de Valcárcel pasa, por tanto, por ese plan plurianual que se conocerá en enero o febrero y que deberá incluir –o no– el proyecto de la UCA.

En caso de que finalmente la futura Facultad de Educación esté en ese documento que prepara la Consejería y que estará respaldado por más de 50 millones de euros para actuaciones en infraestructuras universitarias en toda Andalucía, aún quedan otras dos patas de financiación para que la operación saliera adelante.

La tercera administración implicada por el Gobierno andaluz en Valcárcel es la propia Universidad de Cádiz, que tendría que recurrir a esos fondos llamados remanentes no comprometidos que dispone cada universidad (de partidas que no gasta del dinero que reciben de la propia administración andaluza) y cuyo destino tiene que aprobar la Consejería de Hacienda.

Según ha trasladado el consejero, la UCA dispone de cuatro millones de euros para destinar a infraestructuras de remanentes correspondientes al año en curso “y otros tantos en 2020”, con lo cual se obtendría así más de la mitad de la financiación, que ya en su momento se cifró en los 14 millones de euros.

De hecho, la Consejería de Universidad ha asegurado que la UCA dispone en la actualidad de unos 57 millones de euros en remanentes, recordando Velasco que es la propia universidad “quien prioriza sus inversiones con la dotación que recibe de la Junta”.

Y es en este punto en el que entra en juego la cuarta parte implicada en el proyecto: el Ayuntamiento de Cádiz. Rogelio Velasco ha trasladado al rector y al alcalde que sería “interesante plantear a otras administraciones la implicación en la rehabilitación del edificio”, insistiendo en que la Consejería debe centrarse “en materia universitaria y en ofrecer la máxima calidad en la educación superior” en lugar de recuperar el patrimonio histórico de la ciudad de Cádiz.

Este guante lanzado por Velasco al Ayuntamiento ha sido recogido con firmeza por el alcalde, José María González, que al término de la reunión ha asegurado que el Ayuntamiento “no se va a arrugar”. “Sacaremos el dinero de donde sea y como sea”, ha dicho González, que no obstante lamenta el trato que una vez más la Junta le otorga a Cádiz. “Parece que los gaditanos somos andaluces de segunda. Se hacen proyectos enormes, bellísimos y supernecesarios para toda Andalucía, pero cuando le toca el turno a un proyecto de Cádiz, Cádiz tiene que poner dinero también. Como si los gaditanos no pagáramos nuestros impuestos igual que el resto de andaluces, como si los gaditanos tuviéramos que pagar un sobrecargo”, ha denunciado el alcalde a las puertas de la Consejería, en la Isla de la Cartuja.

Ante esta nueva posibilidad que la Junta ofrece para que Valcárcel salga adelante, tanto el rector de la UCA como el alcalde han coincidido en que en los próximos días estudiarán a fondo el planteamiento expuesto por Rogelio Velasco “para ver si es una huida hacia adelante o si efectivamente se trata de una propuesta”, en palabras de González.

Pero, eso sí, tanto la UCA como el Ayuntamiento insisten en que el Parlamento andaluz apruebe la enmienda a los presupuestos de 2020 para que contemplen una primera partida económica para que el proyecto de Valcárcel sea una realidad.