La Zona Franca acumuló pérdidas por más de 60 millones en cinco años

Los vocales del comité ejecutivo de la Zona Franca han conocido este miércoles la existencia de una auditoría operativa de la Intervención General del Estado sobre las cuentas de 2017 y que abarca la gestión del Consorcio en los últimos años, con datos desde 2013, cuando era delegado especial del Estado, Jorge Ramos, del Partido Popular.

El documento presenta un estado muy preocupante de las cuentas del Consorcio y, al comité ejecutivo le ha causado extrañeza que la auditoría no llegó por el registro de entrada, ni sus alegaciones fueron enviadas con registro de salida y su existencia no fue informada al comité ejecutivo.

La auditoría consta de 109 páginas y entre los datos que aparece está que la entidad ha acumulado pérdidas en el período que va desde 2013 a 2017 por importe superior a los 60 millones de euros, lo que supone una media de 12 millones anuales.

También que la Zona Franca ha recibido recursos externos, es decir, no procedentes de la actividad, que integran su patrimonio por un total de 118 millones euros.

Así, los resultados financieros acumulados en este período de tiempo ascienden a 61 millones de euros. En la auditoría se resalta que si se tiene en cuenta que la aportación del Estado para el período ha sido de 64 millones, se puede deducir que el 95% de las aportaciones del Estado alcanzarían para atender el pago de intereses.

La Zona Franca de Cádiz presenta un ratio de endeudamiento del 81% en 2017, llegando incluso tres años antes a estar en el 103%. En cuanto a su capital circulante en 2017 es de menos 19 millones de euros, aunque la cifra fue aún peor en 2016 con 105 millones.

Según lo que dice el interventor en la auditoría, todos esos problemas pueden haber tenido efectos en el deterioro de la situación financiera del Consorcio. Así, dentro de lo que es la valoración global, el auditor habla de que durante el período estudiado, se presenta importantes deficiencias procedimentales, incumplimientos normativos y debilidades del control interno.

De este modo, se habla de que gran parte de los problemas detectados por el interventor radica en “un mal uso” de los préstamos del Ministerio de Industria de los fondos Reindus. La auditoría revela que ninguno de los pagos se ha atendido por lo que esto ha generado una enorme deuda y unos intereses devengados por continuos retrasos o aplazamientos.

La auditoría desvela omisiones de trámites necesarios, debilidad de control, carencia de planes estratégicos de inversiones, conjunto de inversiones deficitarias y falta de control, transparencia y publicidad.

En el apartado de la contratación pública incluso llega a decir que resulta necesario realizar cambios en los procedimientos de contratación. En este sentido afirma que los pliegos de los contratos contienen una amplia diversidad de criterios técnicos y sus ponderaciones, así como fórmulas de valoración de ofertas económicas, diversidad, “que resulta contraria a la recomendable homogeneidad de criterios y fórmulas para unos contratos de obras que presentan características sustanciales análogas a nuestro juicio”. Eso cree que menoscaba el cumplimiento de los principios de objetividad, igualdad y oferta económica más ventajosa.

También le llama la atención al auditor la cantidad de los modificados en relación con los contratos de obras. De este modo, los 34 expedientes celebrados en el período de análisis de 2013 a 2017 se aprobaron modificaciones no convencionales en diez de ellos, lo que supuso un coste de más de 1,2 millones de euros.

La actual dirección de la Zona Franca, en manos de la socialista Victoria Rodríguez (PSOE), ha llamado la atención de que a pesar de que el 2 de mayo de este año el interventor general envió el borrador de la auditoría a la Zona Franca mediante una plataforma telemática a la que tan sólo tenía acceso el anterior delegado,Alfonso Pozuelo, y el director financiero, no tiene entrada en el registro general. Ahí se daba un plazo de un mes para presentar las alegaciones.

El 24 de mayo hubo un comité ejecutivo pero Pozuelo no hizo referencia a la auditoría a pesar de que una semana después, el 31, el auditor recibió las alegaciones. Ni en dos comités posteriores ni en el traspaso de poderes, se hizo referencia a la existencia de la misma, según las fuentes consultadas.