Las administraciones reorientan el proyecto de Valcárcel en Cádiz para que sea realidad

El objetivo que se han marcado las administraciones implicadas en la operación urbanística en torno al edificio de Valcárcel es claro: hay que reorientar el plan inicial para que el proyecto sea viable, factible y, sobre todo, financiable. Toda vez que ya se tiene claro que la Facultad de Educación no vendrá a Cádiz, al corazón del barrio de la Viña, el trabajo se centra ahora en mantener la idea de dar uso universitario a Valcárcel por medio de unos costes que se puedan asumir.

Esa parece ser la prioridad más clara que se marcan los agentes implicados en esta operación. Y es que conviene recordar que el convenio en el que estuvieron trabajando Junta, Diputación, Ayuntamiento y Universidad allá por 2022, cuando la Consejería de Universidades estaba en manos de Ciudadanos, la Diputación liderada por el socialista Ruiz Boix, el Ayuntamiento con Kichi de alcalde y la UCA con el rector Piniella -un panorama bastante diferente al actual- estaba cifrado en la friolera de 50 millones de euros; teniendo en cuenta que esa intervención millonaria no contemplaba aún la construcción de las instalaciones deportivas, que entonces aceptaban las cuatro administraciones sin que estuviera presupuestada.

El origen de esos más de 50 millones de euros está, conviene también recordarlo, en los 14 millones de euros en los que en primer momento se tasó el traslado de la Facultad de Educación. 

Teniendo estas cifras en cuenta y contemplando también que cada actuación dentro de la operación de Valcárcel tenía un coste determinado y concreto, que la Universidad tenía presupuestado, el objetivo es ir haciendo el proyecto de menor calado para que las cuentas vayan saliendo. De ahí la primera decisión adoptada, que le tocó anunciar al Ayuntamiento, para descartar las instalaciones deportivas del Campo de las Balas, lo que debaja la operación en 50 millones.

La idea ahora defendida por el alcalde de desechar el edificio de nueva construcción que se iba a levantar en la trasera de Valcárcel sigue también ese camino de reducción de costes. En concreto, la UCA tasó en 11.603.842,45 euros la construcción de ese edificio trasero, que aportaría a la facultad 8.695 metros cuadrados.

Por tanto, su eliminación reduce el proyecto por ahora hasta los 38,5 millones de euros.

El grueso de esa partida iría a parar a la inevitable y cada vez más necesariamente urgente rehabilitación del histórico edificio, que en el año 2023 se cifraba en 26.405.620,12 euros. Y a este coste añadía el proyecto algo más de 4 millones (4.001.474,81 euros, en concreto) para la reurbanización del entorno del edificio. En concreto, para para los 4.193 metros cuadrados de espacios libre entre Valcárcel y Duque de Nájera y otros 2.983 metros cuadrados de viales. Aunque de este espacio y partida presupuestaria solo había que asumir un 73,50%, ya que el resto correspondía a Zaragoza Urbana, empresa que tiene previsto levantar un hotel junto a Valcárcel, en las antiguas pistas deportivas del colegio colindantes con la calle Virgen de la Palma.

En este punto hay que señalar que el coste de urbanización será ahora mayor, al incorporar a la nueva realidad la trasera del edificio, en sustitución de ese edificio de 11,6 millones que no se va a levantar.

También contemplaba la UCA otros 6 millones de euros para el equipamiento que necesitaba la nueva Facultad de Educación; coste cuya actualización ahora dependerá del uso que finalmente la Universidad decida dar a Valcárcel y de los grados, estudios o servicios que decida implantar allí.

Las licencias necesarias para las obras, cifradas en más de un millón y medio de euros, y diversos estudios técnicos aún pendientes conpletaban la operación que ya ha quedado descartada y a la que están buscando ahora nueva orientación, más ajustada a las posibilidades reales mostradas por las administraciones implicadas.

Atendiendo a este criterio, conviene recordar que el documento de compromiso que estaban perfilando las administraciones repartía los costes de la operación entre 29 millones de euros que iba a abonar la Junta de Andalucía en cuatro anualidades; los 9.980.433,11 euros que abonaría la UCA en tres anualidades, a los que además sumaría otros 3 millones al término de las obras para el equipamiento que necesitaba la facultad (valorado en algo más de 6 millones); los 5 del Ayuntamiento (que en aquel momento, con Kichi de alcalde, se guardaba la posibilidad de que esa partida fuera "objeto de compensación por el Ayuntamiento por el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras; además de la ejecución directa por el Ayuntamiento de las urbanizaciones necesarias previas al final de las obras”, según el contenido literal del convenio; y Diputación, que decía participar en la obra con la cesión gratuita del inmueble (que valoraban en 30 millones de euros) y que se comprometió a financiar los otros 3 millones de euros del equipamiento de esa facultad.

La nueva realidad, en la que trabajan las administraciones desde hace meses y que podría estar concluida para ser presentada antes de que acabe el año, reducirá esas aportaciones; salvo la del Ayuntamiento, que en principio mantiene esa financiación de 5 millones de euros, aunque su existencia real depende aún de que logre enajenar el Campo de las Balas en una operación pendiente aún de iniciarse.