AIG lamenta que Bruno García siga apostando en Cádiz por el "modelo fallido” de las VPO en venta

Cádiz/Adelante Izquierda Gaditana lamenta que el Partido Popular y el alcalde de Cádiz, Bruno García, "sigan apostando por el modelo de vivienda protegida en régimen de venta", y más aún "cuando a los potenciales beneficiarios se le ofrecen unas condiciones inasumibles de compra", como ha ocurrido con los pisos del barrio de Los Chinchorros, tal y como han denunciado las propias personas afectadas a través de Diario de Cádiz.

“Resulta paradójico que el alcalde que se autoproclama como ‘el más social’ siga defendiendo la venta de las viviendas protegidas como solución para el gravísimo problema de la vivienda en Cádiz”, remarca la portavoz adjunta de AIG, Helena Fernández, tras constatarse una vez más las cuantías desorbitadas a las que deben hacer frente los gaditanos y gaditanas que aspiran a comprarse una VPO en la ciudad, especialmente las correspondientes a las promociones privadas.

“Con esas cifras, da la impresión de que Bruno García está más preocupado por hacer negocio para clases sociales altas que por gobernar para todos y todas y velar por que los vecinos y vecinas con menos recursos puedan acceder a una vivienda y no se tengan que marchar de su ciudad”, expone Fernández.

La concejala insiste en que la vivienda pública debe ser puesta a disposición de la ciudadanía en régimen de alquiler social y asequible. “Éste es el modelo a seguir, nuestro modelo y el que se está imponiendo en Europa, y no el modelo que defiende el Partido Popular y que en los últimos años ha quedado más que demostrado que no funciona”, poniendo como ejemplo la venta de pisos para jóvenes en Cádiz que puso en marcha el gobierno de Teófila Martínez.

Es por ello que la formación de izquierdas en el Ayuntamiento de Cádiz lamenta a la vez que critica que el primer edil siga apostando por “ese modelo fallido de venta de VPO”. “No se entiende -apunta la portavoz adjunta de Adelante- que el equipo de Gobierno siga empeñado en defenderlo puesto que las condiciones son inasequibles para la mayoría de las familias gaditanas, a no ser que con él el PP esté buscando otro objetivo, un nuevo negocio para las clases pudientes, como pretende hacer con la construcción de viviendas de lujo en el edificio de Náutica”.

Asimismo, la edil rechaza enérgicamente la medida aprobada recientemente por el Gobierno andaluz del PP (nuevo decreto-ley de vivienda 1/2025) de la ampliación del límite de ingresos para optar a una vivienda protegida, incrementando hasta 7 el IPREM para las viviendas de precio limitado, como son las de Los Chinchorros. Y a ello se suma la liberación a renta libre de estas viviendas protegidas a los 7 años, “por lo que parece que esta medida está más pensada para que la administración trabaje como una inmobiliaria que como una verdadera administración pública que debe contemplar el derecho al acceso a una vivienda digna para todos y todas”.

Tal y como publicó hoy este periódico, para conseguir una vivienda de protección oficial en Cádiz –en régimen de venta a precio limitado, en este caso– no basta con estar inscrito en el Registro de Demandantes de Procasa desde hace más de veinte años, que te llegue el turno y cumplir con todos los requisitos exigidos. Ni siquiera figurando entre los 300 primeros puestos de cabeza de una lista con más de 4.000 personas. No. Hace falta conseguir hasta 70.000 euros en 13 meses para pagarlos como anticipo, además de una hipoteca que cubra el 80% de un precio final de hasta 290.000 euros y el 20% restante, es decir, otros 58.000 euros, en el caso del piso más caro.

Según relataron a este Diario de Cádiz algunos de los candidatos que se han visto obligados a desistir de uno de estos pisos, estas son las condiciones que está ofreciendo el Grupo Q a los demandantes de vivienda pública que les está enviando la empresa municipal Procasa como presuntos aspirantes a una de las 55 VPO en régimen de venta a precio limitado que la promotora privada construye en un edificio que se llevó años a medio hacer en el barrio de Los Chinchorros, muy cerca del cementerio de San José.

Las condiciones son tan inasequibles para estas familias, muchas con niños a su cargo, que se han visto obligadas a rechazar la vivienda que llevaban esperando desde hace hasta dos décadas. La primera que les ofrece la empresa pública municipal en 20 años. Se trata de núcleos familiares en los que trabajan los dos miembros de la pareja, ingresando salarios de entre 1.200 y 1.600 euros al mes con los que de ningún modo pueden afrontar una inversión como la que les están planteando.