AIG pedirá en el Pleno el inicio de las obras del centro de salud del Mentidero en Cádiz
La portavoz adjunta de la coalición, Helena Fernández, denuncia que "la Junta vuelve a faltar al respeto a los vecinos y vecinas de la ciudad de Cádiz con una nueva promesa incumplida"
El nuevo centro de salud del Mentidero de Cádiz no estará disponible hasta dentro de dos años

Cádiz/El Grupo Municipal Adelante Izquierda Gaditana elevará al Pleno ordinario de marzo -que se celebrará el próximo jueves 27- una moción en la que reclama a la Junta de Andalucía que acelere los trámites para iniciar "de una vez por todas" la rehabilitación de los números 8 y 9 de la Plaza Mina para su conversión en el centro de salud del Mentidero, tal y como se anunció desde el propio Gobierno andaluz hace casi dos años.
En concreto, fue el 3 de julio de 2023 cuando la entonces consejera de Salud y Consumo, Catalina García, "pregonó en Cádiz este proyecto y fijó la apertura del nuevo equipamiento sanitario para finales de 2025. Pero lo cierto es -ha denunciado la portavoz adjunta de la formación de izquierdas en el Ayuntamiento de Cádiz, Helena Fernández- que las obras aún no han comenzado y que la Junta vuelve a faltar al respeto a los vecinos y vecinas de la ciudad de Cádiz con una nueva promesa incumplida. Mientras el PP se vuelve a reír de los gaditanos y gaditanas, desde Adelante Izquierda Gaditana volvemos a denunciar una vez más que el centro de salud del Mentidero lleva años en un estado lamentable, sin reunir las condiciones mínimas y exigibles para garantizar una atención médica de calidad a las personas usuarias del mismo".
Asimismo, Fernández ha señalado "el castigo permanente al que el Gobierno de Moreno Bonilla somete al sistema sanitario público andaluz para favorecer el privado", por lo que con la moción que AIG elevará al Pleno se pretende instar a la Junta de Andalucía a que deje de trasvasar recursos de la sanidad pública a la privada y a que realice una mayor inversión en sanidad, además de regular y limitar el papel excepcional, subsidiario y temporal de la concertación con el sector privado.
E igualmente, la coalición también ha presentado esta propuesta con la intención de exigir tanto al Gobierno de Bruno García como al Gobierno de Moreno Bonilla que sea "la propia administración andaluza la que afronte sin más dilación la inversión para la adquisición del suelo para la construcción del futuro hospital de Cádiz", como paso previo a la ejecución de las obras que debe realizar la Junta de Andalucía para edificar el necesario complejo hospitalario.
Por otra parte, AIG volverá a reclamar al equipo de Gobierno de Bruno García en la próxima sesión plenaria la suspensión de licencias para viviendas de uso turístico en toda la ciudad, con la puesta en marcha, "de manera inmediata", de una moratoria. El portavoz de la formación de izquierdas, David de la Cruz, ha remarcado que el alcalde de la ciudad "ya no tiene excusas para no dar este paso", después de que el pasado 4 de marzo entrara en vigor el decreto-ley 1/2025 de medidas urgentes en materia de vivienda de la Junta de Andalucía que permite a los ayuntamientos establecer dicha moratoria por un plazo de hasta tres años con el fin de suspender nuevas licencias para viviendas de uso turístico.
Y asimismo, se volverá a insistir en el Pleno en la necesidad de implantar una tasa turística en la ciudad, recordando que ya en enero de 2024 el arco plenario aprobó instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a desarrollar los instrumentos legales oportunos para permitir la implantación de una tasa turística en los municipios que libremente así lo decidan; y que el Ayuntamiento de Cádiz la implante en cuanto sea posible.
Por último, Adelante Izquierda Gaditana abordará en el Pleno ordinario de marzo, como ya anunció semanas atrás, que el Reglamento Ético y de Buen Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz sea cumplido por todas las personas a las que le compete, y que para ello el alcalde lleve a cabo una reestructuración del equipo de Gobierno. En concreto, de la Concejalía de Vivienda y Presidencia de Procasa, al existir, tal y como se recoge en el artículo 11, un "claro conflicto de intereses por parte de la persona que ostenta dichos cargos en la operación de Casitas Bajas".
Asimismo, AIG reclamará la constitución del Consejo de Ética y Buen Gobierno, tal y como recoge el propio Reglamento.
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