AIG y PSOE pedirán que se penalice al propietario de una vivienda vacía en Cádiz con un aumento del IBI entre el 50 y el 150%

Cádiz/Adelante Izquierda Gaditana (AIG) y PSOE acudirán este miércoles de la mano al pleno extraordinario que tendrá lugar en el Ayuntamiento de Cádiz que tratará en exclusiva temas relacionados con la vivienda de la capital. Allí, ambas formaciones de izquierdan formularán una serie de peticiones en forma de enmiendas de sustitución, a la espera de que Bruno García y su equipo de gobierno tomen buena nota para evitar que el problema de la vivienda en Cádiz capital se convierta en un mal eterno.

Así, tanto AIG como PSOE defienden que desde el año 1995 la ciudad de Cádiz ha perdido población "al ritmo de la España vaciada". Más de 45.000 personas tuvieron que abandonar la ciudad en estos años, lo que nos aproxima en fechas muy cercanas a bajar de la cifra de 100.000 habitantes, lo que significaría, según AIG y PSOE, "un importante menoscabo económico en las cuentas del Ayuntamiento" que conllevaría una enorme reducción se servicios municipales.

En el año 2015, el Partido Popular, según recuerdan ambas formaciones, dejó el gobierno de la ciudad con una deuda aproximada de 275 millones de euros, imposibilitando la adopción de medidas contundentes en cualquier área y especialmente en vivienda. En esos momentos la ciudad de Cádiz sufría una de las peores situaciones habitacionales que se conocen. Sólo en el año 2014 se produjeron 282 desahucios, la mayor cifra que nunca se ha dado en el municipio.

Además, Procasa, la empresa pública municipal de Vivienda, se encontraba al borde de la quiebra, con una política basada en la venta del parque público y en actuaciones similares a una inmobiliaria. Esto, junto a otros elementos, provocaba que en esas últimas década se dieran las mayores cifras en la pérdida de población.

Pese a ello, se consiguió poner en marcha un protocolo antidesahucio que atendió y resolvió más de 700 casos, se reguló la proliferación de viviendas con fines turísticos, se sanearon las cuentas de Procasa y se proyectaron hasta 180 viviendas públicas municipales en régimen de alquiler, según defenderán en el pleno de este miércoles. De hecho, las única proyectadas hasta la fecha en este régimen son las que se quedaron del anterior gobierno, que consiguió financiación y que entregó fincas como las de Santa Maria, Botica, Gregorio Marañon. "Unas cifras que confrontan con las que hizo la administración andaluza, por ejemplo, en ese tiempo: cero".

"Estas realidades, nos muestran que no podemos volver a caer en las mismas políticas y errores que provocaron la burbuja del ladrillo del 2008 y que está retomando el Partido Popular en su modelo".

Además, "la política de vivienda debe ir de la mano de un modelo de ciudad y la construcción de promociones privadas en cada espacio no solventará la realidad que sufre Cádiz".

Por todo ello, el Grupo Municipal Adelante Izquierda Gaditana y el Grupo Municipal Socialista propondrán al Ayuntamiento Pleno la adopción de varios acuerdos, entre los que destacan la idea de que se prioricen "recursos suficientes para hacer efectiva la expropiación que posibilita la ordenanza de solares vacíos y edificaciones ruinosas".

Otra enmienda gira en torno a la petición de que se aproveche el estudio ya existentes de viviendas vacías y actualizarlo partiendo de la premisa de" priorizar el derecho al hogar por parte de las familias que no puedan hacer frente a una renta alta o alquiler por encima de la especulación privada de los propietarios de grandes tenedores".

A su vez, AIG y PSOE se unen para pedir el cese de la venta de suelo público que puede destinarse a la construcción de vivienda y cesar en la venta de vivienda pública, para ampliar todo lo posible el parque público de vivienda en alquiler.

En cuarto lugar, piden o pedirán la moratoria para que no se conceda ninguna licencia más para Viviendas Turísticas, "así como un endurecimiento de la regulación en toda ciudad, la prohibición en fincas de nivel uno".

Así mismo harán hincapié en la necesidad de la regulación del PGOU para que en zonas consideradas tensionadas y en fincas habilitadas para albergar vivienda no se concedan más licencias para hoteles: "Paralizar igualmente la concesión de licencias de hoteles y apartamentos turísticos en fincas grado 1.

AIG y PSOE quieren que se realicen campañas informativas respecto de los medios de denuncia de VUTs ilegales por parte de la ciudadanía y de las potestades legales de las comunidades de propietarios para prohibir esta actividad en sus estatutos.

Así mismo defienden la necesidad de que se amplíen los medios humanos del área de Urbanismo y consumo dedicados a la inspección de VUTs y tramitación de denuncias.

Consideran, y así lo defenderán este miércoles a viva voz ante el alcalde de Cádiz, Bruno García, que se actualice la ordenanza fiscal del impuesto de bienes inmuebles, conforme a la actual Ley de haciendas locales, para aplicar un recargo del 50 al 150% a inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente.

En esa lucha contra la falta de vivienda en Cádiz defiden la tesis de la necesidad de la modernización y actualización de los criterios de acceso a la vivienda en la ordenanza reguladora del registro municipal de demandantes de vivienda protegida, estableciendo para cada promoción municipal de vivienda pública, "cupos que no compitan entre sí por criterios económicos, de jóvenes, personas con discapacidad, personas en exclusión o riesgo de exclusión social y resto de la población, estableciendo como norma general una cuota de arrendamiento correspondiente al 30% de los ingresos de la unidad familiar".

"Mejorar la ordenanza de alquiler municipal haciendo más atractiva la cesión de viviendas al programa municipal del alquiler; incluyendo en estas mejoras al menos la contratación y pago directo del arrendamiento o cesión del inmueble por parte del ayuntamiento, el aumento de la subvención para rehabilitación, y la bonificación del 95% del IBI, no restringiendo el programa únicamente a inquilinos en situaciones de emergencia social". Así consta en otra de las enmiendas que incluirán en su discurso PSOE y AIG.

Piden también que "se invierta en un mayor control del cumplimiento de los requisitos por parte de los inquilinos de las viviendas municipales para una mayor rotación y agilización de la lista de demandantes".

Cuotas comunitarias que dejen los números en rojo

En el pleno se escuchará a socialistas y miembros de AIG que Procasa se muestre diligentecon los débitos de cuotas comunitarias "que puedan ocasionar inquilinos de viviendas municipales en las comunidades de propietarios correspondientes, asumiendo el coste a través de asuntos sociales en los casos que proceda o reclamando posteriormente al inquilino el pago, sin perjudicar en ningún caso al resto de vecino"s.

Y no dudan ni un momento en la idea de que "toda vivienda pública de Procasa sea con una finalidad pública y de alquiler y no se conciba para la venta o la especulación".

Viviendas en Náutica

Al igual que se mantienen firmes ante la idea de que "la construcción de vivienda no sea a costa de hipotecar el cinturón universitario de la ciudad y, por tanto, no se venda suelo público para la construcción de vivienda privada y de lujo. Y se respeten así los espacios públicos y de uso educativo como en el edificio de Náuticas.

Que el Ayuntamiento de Cádiz procure, de manera inmediata, suficientes plazas de alojamiento para cubrir el censo existente de personas sin hogar como fórmula transitoria hasta conseguir vivienda definitiva.

Y lanzan una mirada a la Junta de Andalucía solicitándo a la administración regional que "la Junta financie con propios fondos la rehabilitación de la séptima y octava fase del Cerro del Moro, tal y como se acordó las vecina y vecinos, y que estos no pierdan la propiedad de sus viviendas en uno de los barrios más vulnerables de la ciudad".

PSOE y AIG hacen una concreción en torno a las viviendas de la Barriada Manuel de Falla, que "no sea a costa de vender el suelo de las Casitas Bajas cuya titularidad debe seguir siendo municipal para la construcción de viviendas sociales en alquiler asequible y se pongan en marcha otras herramientas de financiación mediante la presentación a subveniciones estatales y autonómicas y solicitando a la Junta de Andalucía declaración de zona degradada".

Asímismo pedirán este miércoles que la Junta aumente su partida para la construcción de vivienda pública a través de AVRA y no mediante constructoras para la venta libre" como quieren aplicar en Loreto y que impondrá un precio mucho más elevado de la vivienda".

A su vez, ambas formaciones están del todo de acuerdo en que se establezca un programa de emancipación juvenil desde Procasa para asesorar a los jóvenes en la búsqueda y acceso a la vivienda. y que se establezca un presupuesto de ayudas a la rehabilitación de comunidades de propietarios o un presupuesto de ayudas al Pago de Hipoteca de la vivienda habitual.

Ellos mismos quieren que se establezca un presupuesto de ayudas a fondo perdido para obras que se consideren necesarias "y/o urgentes de adaptación/reparación en la vivienda destinada a domicilio habitual y permanente del solicitante que no posee los recursos económicos suficientes y de un programa de Ayuda para la Adecuación de Vivienda de personas con necesidades especiales, incluyendo un plan de dotación de ascensores a edificios, en especial a aquellos con gran número de población mayor".

Le dirán a Bruno García que el Ayuntamiento de Cádiz agilice la tramitación administrativa que le corresponda en materia de vivienda instando del mismo modo a la Junta de Andalucía en la tramitación que le corresponda respecto de nuestra ciudad.

Son partidarios también de que se saque a licitación la contratación de una herramienta de análisis, diagnóstico y control en tiempo real del parque de vivienda público y privado de la ciudad con el objeto de identificar el número de viviendas vacías, solares sin uso, viviendas de uso turístico registradas u operando en plataformas sin los permisos necesarios, el número de viviendas propiedad de grandes tenedores, etcétera.

En este completo listado con el que llegarán este miércoles al pleno incluyen la idea de reclamara la Junta de Andalucía la agilización de la tramitación del Bono del Alquiler joven y la aplicación de la Ley estatal de vivienda, para posibilitar la declaración de Cádiz como zona tensionada, para control del precio de los alquileres.

Limitar el número de viviendas por propietario

En cuanto al Gobierno central, así como a la administración andaluza quieren que se limite "el número de viviendas máximas por propietarios tal y como exige la mayoría de la ciudadanía".

Además, quieren que "con la mayor premura posible" se lleve a cabo las regulaciones del PGOU y las herramientas pertinentes para que se apliquen "medidas reales para abordar el problema de la vivienda en lugar de mociones que carezcan de ninguna validez a la hora de regular y se limitan a declaración de intereses y anuncios".