El alcalde de Cádiz asegura que serán aún más restrictivos con las viviendas turísticas ilegales

El Ayuntamiento de Cádiz será aún más restrictivo con las viviendas con fines turísticos, según ha anunciado esta mañana el alcalde, Bruno García, en respuesta a los periodistas tras la Junta de Gobierno Local.

García recordó que ya han solicitado a la Junta de Andalucía la baja de 277 licencias de viviendas con fines turísticos (VFT) que no estaban dedicadas a ese uso o que no cumplían con los requisitos de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobada por el anterior equipo de Gobierno y actualmente en vigor para el control de este tipo de alojamientos en zonas saturadas.

La proliferación de VFT en los últimos años ha reducido y encarecido a niveles insoportables la oferta de alquiler residencial, obligando, en muchos casos, a la marcha de muchos vecinos a otras localidades del entorno donde la vivienda todavía es accesible.

"Estamos dándole una vuelta más para hacerlo más restrictivo", en lo compete al Ayuntamiento dijo el alcalde, en respuesta a un periodista que preguntó por el inminente desahucio de una mujer de 87 años en el barrio de El Pópulo, uno de los más castigados por la turistificación. De hecho, cuando se conoció el caso y se apuntó a que el objetivo del 'lanzamiento' de esta inquilina era la conversión de su piso en una vivienda turística, el Ayuntamiento solicitó a la Junta de Andalucía la baja de todas las licencias en ese inmueble, entre otros.

En cualquier caso, el teniente de alcalde de Urbanismo, José Manuel Cossi, recordó que el control de la legalidad de las viviendas con fines turísticos corresponde a la Consejería de Turismo y que el Ayuntamiento sólo puede actuar desde el punto de vista de la disciplina urbanística, es decir, desde la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que se aprobó para evitar la excesiva turistificación en la ciudad. Fue en respuesta otro periodista que preguntó sobre la petición pública de IU de un pleno extraordinario para establecer medidas contra la turistificación y de un cuerpo de inspectores municipales que controle la oferta turística ilegal.

Tras la aprobación de esa modificación del PGOU con los votos en contra del PP y del concejal no adscrito Domingo Villero, en el casco histórico sólo pueden implantarse nuevos pisos turísticos y VFTs en fincas de grado 0 y 1, y en Extramuros, sólo en planta baja, primera y segunda.

Respecto al inminente desahucio de una vecina de El Pópulo de 87 años, después de 57 años residiendo en el mismo piso, el alcalde dijo que "están muy cerca de la situación" y que quieren "formar parte de la solución", aunque insistió en que se trata de un conflicto privado, entre personas. "Cuando se apuntó a la posibilidad de que fuese con intención de conversión en vivienda con fines turísticos actuamos rápidamente hasta donde pudimos", recordó Bruno García.

Al hilo de las denuncias vecinales sobre excesos en algunas zonas de la ciudad por parte de algunos hosteleros a la hora de montar las terrazas de sus establecimientos, Bruno García aseguró que "se está cumpliendo con la ordenanza vigente", que se da parte a la Policía Local cuando se comete una irregularidad y que el Ayuntamiento pretende "garantizar la convivencia de los vecinos con estos negocios".