Uno de cada cinco andaluces está en situación de exclusión social

El dato es demoledor: uno de cada cinco andaluces se encuentra en situación de exclusión social. Cáritas de Andalucía ha dado el aviso sobre una situación que dicen estar agravándose en estos últimos años y que hunde su principal causa en los problemas de acceso a la vivienda. Más de 7.000 personas sin hogar fueron atendidas en la comunidad autónoma por Cáritas el pasado año, y en base precisamente a esta labor que presta ha dado la voz de alarma sobre una situación que va a más.

El millón y medio de andaluces que se encuentran en situación de exclusión social conforman lo que Cáritas llama la sociedad estancada. Y dentro de esa cantidad preocupante señala a 760.000 personas que estarían en situación de exclusión social severa; “son el grupo sobre el que se ceba la desigualdad y la precariedad en sus diferentes formas”, explican desde la organización eclesiástica. Y en el extremo de esta situación de exclusión estarían más de 300.000 personas que directamente “han sido olvidadas por la sociedad” y que por su elevado número de problemas y dificultades han sido “expulsadas” de la sociedad, según califica Cáritas.

La organización regional, que precisamente este domingo celebra la jornada de Personas Sin Hogar (cuyo lema este año es Ponle cara, con el objetivo de sensibilizar a la población de lo que está ocurriendo en las mismas calles y plazas de cada localidad), señala a la vivienda como “un motor elemental de la desigualdad y un factor clave en las dinámicas de exclusión social”. Y precisamente la vivienda es uno de los principales problemas que hay en Andalucía, donde Cáritas contabiliza nada menos que 226.000 personas que viven con la incertidumbre de quedarse sin casa, o 750.000 andaluces (casi el 10% de la población) que una vez que atienden los pagos y las deudas que originan sus viviendas viven bajo el umbral de la pobreza.

Estos datos tienen un reflejo directo en las cáritas parroquiales de prácticamente toda Andalucía, desbordadas a diario en la necesidad de atender servicios relacionados con la vivienda (pago de alquiler, de hipotecas, de recibos de luz, agua u otros suministros...). Más de dos millones y medio de euros destinó la entidad religiosa a este fin el pasado ejercicio en la comunidad.

Cáritas señala –y para ello se apoya en el denominado informe Foessa que recientemente se ha hecho público– que el problema de acceso a la vivienda tiene como causas de fondo la precariedad laboral y salarial, la falta de protección social, el desbordamiento de los servicios sociales, la falta de coordinación entre las administraciones públicas y la falta de un parque público de viviendas de alquiler social adecuado. Y para colmo, Andalucía es una comunidad en la que el gasto en prestaciones sociales no sólo está por debajo del Estado, sino que es “notablemente inferior”. “La cobertura de la prestación es inferior al 20% de la población en pobreza severa, y la cuantía de las mismas continúa siendo insuficiente para garantizar unas condiciones de vida mínimas”, señalan desde Cáritas Andalucía.

Ante este panorama seriamente negativo, la organización católica lanza una serie de propuestas dirigidas a múltiples agentes con el objetivo de erradicar este problema de la vivienda en Andalucía.

Así, a las administraciones públicas plantea el desarrollo de políticas públicas de prevención del sinhogarismo reales y eficaces impulsando medidas de acceso a vivienda pública de alquiler social ofreciendo alternativas cuando se den procesos de pérdida de alojamiento, potenciando las empresas de inserción como medida de prevención a desempleados de larga duración o con bajas posibilidades de empleabilidad, mejorando los protocolos de salida de espacios como la cárcel o el hospital, o aplicando una dotación suficiente para atender a las solicitudes de Renta Mínima de Inserción que se tramiten y no rebajar las partidas presupuestarias dedicadas a este capítulo.

A las entidades sociales propone Cáritas “la creación de mayores espacios de coordinación y trabajo en red para avanzar en las respuestas integrales que impidan el agravamiento de las situaciones descritas”.

Y a la ciudadanía en general le plantea “un cambio en la mirada y un acercamiento a las personas sin hogar con las que se cruza cada día”. Para ello, piden que se muestre “interés y cercanía ante las situaciones de amenaza de la pérdida de vivienda de personas cercanas, orientando o acompañando hacia la ayuda pertinente”, que en aquellos casos de arrendamiento de vivienda se valoren otros factores “que no sólo comprendan el lucro”, que la sociedad participe en asociaciones y colectivos de barrio “sacando a debate y reflexión la situación de familias con amenaza de desahucio”, y dentro del tejido empresarial se fomente “el trabajo decente, promoviendo la tolerancia, la inclusión y el compromiso con nuestra realidad más cercana”.