Un arresto con propina

"Vamos a pasar el segundo día de arresto domiciliario juntas, porque de lo contrario nadie se entera de esta injusticia", afirma María Luisa Valle, al frente de las 45 trabajadoras de Limasa, la empresa encargada de la limpieza de los colegios y dependencias municipales, que a las doce de la pasada madrugada iniciaron juntas unos de los dos días de arresto domiciliario al que fueron condenadas por el Juzgado de Instrucción número 4, acusadas de lesiones y alteración del orden público.

Los hechos se remontan al 26 de diciembre de 2011, cuando las trabajadoras acudieron a un pleno del Ayuntamiento en demanda de que se les abonara su nómina y la paga extra de Navidad, siendo desalojadas del salón de sesiones por la Policía Local.

María Luisa Valle señala que "si la alcaldesa no hubiera dado la orden a la Policía Local los agentes no nos hubieran desalojado al grito de ¡A por ellas!".

Una de sus compañeras, Ana Camelo, añade al respecto que "la Policía Local se excedió en sus funciones, ya que le quitaron a una compañera una cámara fotográfica, pese a que no está prohibido hacer fotos en el pleno, y ahí se lió".

Asimismo apuntó que "los policías están para defender a los ciudadanos, que son los que le pagan, no sólo para defender a la Corporación Municipal".

Horas antes ya el grupo de mujeres había acudido a la sede de la asociación de vecinos María Auxiliadora del barrio de Trille, en la calle Alegría, donde tenían previsto pasar juntas las 24 horas en localización permanente, que es la denominación del arresto cuando se realiza fuera del domicilio, aunque estarán encerradas una hora más, ya que la pasada madrugada los relojes se atrasaron una hora.

Allí llevaron colchonetas, sacos de dormir y sillas de playa para pasar la noche del sábado al domingo y, aunque el ambiente era alegre, acorde con el nombre de la calle, cada una llevaba su procesión por dentro, ya que unas habían tenido que dejar a sus esposos, hijos e incluso también sus nietos, y en algún caso hasta a sus padres mayores de edad para cumplir el segundo día de arresto, ya que la mayoría del grupo ya pasó el primero en sus propias casas.

Todas llevaban una camiseta de color blanco en las que se leía "En lucha por nuestros puestos de trabajo" y a las puertas de la sede colocaron fotografías del momento en que fueron desalojadas del pleno, así como carteles con las leyendas "Por pedir nuestro salario, arresto domiciliario", "Las mujeres arrestadas por denuncia de la alcaldesa de Cádiz" o "Así nos paga el Ayuntamiento de Cádiz a las mujeres trabajadoras ¡Arrestándonos!".

Curiosamente a la entrada de la sede vecinal una placa recordaba que el 4 de septiembre de 1999 la alcaldesa Teófila Martínez inauguraba la misma.

Dispuestas a cumplir el arresto y a seguir defendiendo su trabajo, "este arresto lo vamos a cumplir y toda España nos tiene que oír", como coreaban, agradecieron las numerosas muestra de solidaridad y apoyo que habían recibido, desde la Federación Local de AMPAS a la HOAC, pasando por la Asamblea San Mateo 15-M y Palillero 15-M, PSOE, IU, Autonomía Obrera, Izquierda Anticapitalista y el colectivo de trabajadores del Metal.

No olvidaron a la asociación de vecinos de Trille, que les había ofrecido todas sus instalaciones para que pasaran la noche de la forma más cómoda y entretenida posible.

El encierro lo iban a iniciar después de cenar en sus casas y hoy, tras desayunar, iban a recibir a las personas que decidieran acudir a manifestarles su solidaridad.

En cuanto al almuerzo, ya habían llegado a un acuerdo con una baguetería cercana a la que iban a comprarle unos bocadillos, lo que además iba a suponer unos ingresos imprevisto al establecimiento.

A las doce de esta noche habrán cumplido su arresto y a las siete de la mañana de mañana lunes volverán al trabajo para limpiar los colegios y dependencias municipales.

También tienen intención de acudir al pleno municipal, convocado para las nueve y media de la mañana del lunes, seguramente el último antes de que se aplique la modificación del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento, que regulará las intervenciones en las sesiones plenarias por parte de los ciudadanos.