La Audiencia de Cádiz deja libre a un detenido con pornografía infantil

Cádiz/La Policía Nacional detuvo a principios del pasado mes de septiembre en Cádiz a un hombre de 68 años de edad al detectarse en su haber material pornográfico de una niña de tan sólo 10 años de edad. Había entonces indicios suficientes que apuntaban a que el investigado habría utilizado a la menor para "captar imágenes sexuales para su consumo" a través de su móvil aprovechando que sus padres la dejaban con él para que la cuidara. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz, el magistrado Miguel Ángel López Marchena, envió a prisión al hombre de manera provisional como responsable de un delito de pornografía y de un delito contra la libertad e indemnidad sexual de la menor. El sospechoso recurrió esta decisión ante la Audiencia Provincial de Cádiz y ahora este tribunal lo ha dejado libre, entre otros motivos, porque no aprecia "riesgo de reiteración delictiva ni de fuga".

La investigación realizada por el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional de Cádiz se inició gracias a la colaboración ciudadana. En un oficio con fecha de 4 de septiembre de 2024 se recoge que durante el visionado superficial del mosaico abierto en el ordenador de un establecimiento al que acudió el investigado para que le borraran sus archivos, aparecieron una gran cantidad de imágenes de una menor de aproximadamente 10 años fotografiada y grabada en actitud sexual.

Asimismo, la madre de la víctima declaró en sede policial que la relación con el imputado era "de amistad de muchos años" y que desde hacía dos la menor pasaba mucho tiempo con él por motivos laborales.

Entonces, el juez instructor ordenó su ingreso en prisión provisional en un auto en el que señaló el hallazgo de unos archivos pornográficos obtenidos de la cuenta de Gmail titularidad del investigado "en los que se le identificaba y oía sin duda alguna". El magistrado apuntó además que "la utilización de la menor fue grave" y añadió que existía la posibilidad de que el hombre repitiese su actitud con otra víctima. "La prisión cumple la finalidad de prevenir otros comportamientos similares y, sobre todo, de proteger a la menor vulnerable, todo ello sin descartar el riesgo fuga", argumentó el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz.

Tras pocas semanas en la cárcel, la defensa del investigado recurrió el auto del juez Marchena al considerar que "la prisión provisional era una medida desproporcionada" y que había otras formas "menos gravosas" de proteger a la supuesta víctima, como la imposición de una orden de alejamiento.

El investigado alegó que no existía riesgo de fuga por razón de su edad (68 años), por su arraigo familiar en Cádiz, donde reside con su familia, y por no tener personas conocidas en otro lugar.

También advirtió que no existía riesgo de ocultación o destrucción de pruebas porque ya se había practicado la entrada y registro en su domicilio y se habían incautado todos sus soportes informáticos.

Y en cuanto al riesgo de reiteración delictiva, el hombre insistió en que carecía de antecedentes penales, por lo que debía prevalecer su derecho a la presunción de inocencia.

El tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz ha estimado el recurso interpuesto por el implicado y ha acordado su puesta en libertad, si bien le ha impuesto la medida cautelar de prohibición de acercarse a la menor, su domicilio, centro de estudios o cualquier otro lugar en el que se encontrara la niña a menos de 200 metros, con retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio español y obligación de comparecer ante el Juzgado Instructor un día a la semana y cuantas veces fuese llamado.

Así pues, la Audiencia de Cádiz ha excarcelado al investigado porque no ve riesgo de reiteración delictiva. El tribunal de la Sección Cuarta valora que "carece de antecedentes y que se ha realizado una entrada y registro en su domicilio", de manera que "ya han sido intervenidos los soportes informáticos".

Tampoco aprecia la Audiencia Provincial riesgo de fuga y contempla así su arrigo en Cádiz capital. "En el presente momento, con los datos disponibles sobre los hechos presuntamente cometidos, no resulta evidente el riego de fuga derivado de las penas que pudieran recaer".

Por último, el tribunal gaditano considera que la protección de la menor puede alcanzarse a través de otras "medidas menos gravosas", como la prohibición de aproximación y comunicación.