Cádiz debate sobre la vivienda en medio de una bronca política

Hay dos aspectos esenciales en la vida de Cádiz que el necesario debate público, a ser posible sosegado, se transforma, casi siempre, en un enfrentamiento marcado por los intereses políticos.

Los servicios sociales y la vivienda son problemas especialmente jugosos en este choque dialéctico y social. Bien aprovechados, y en esta época de proliferación de redes sociales y de la desinformación es una ayuda, es muy fácil trasladar mensajes falsos o tergiversados para obtener el favor de parte del vecindario.

Ya pasó hace una década, cuando quienes estaban fuera del poder pusieron su diana en los servicios sociales para, ya gobernando, hacer lo mismos (o menos) que hacían los que habían soportado sus ataques.

Y ahora ocurre con la vivienda. Uno de los problemas más graves de Cádiz. No hace falta que en otras capitales del país se manifiesten partidos y ciudadanos reclamando políticas activas en materia de construcción de pisos. Aquí andamos con este desequilibrio, entre la demanda y la oferta, desde hace más de un siglo.

En los cerca de cincuenta años de gobiernos municipales democráticos, Cádiz no ha sido capaz de consensuar un plan de vivienda eficaz. Si no para encontrar pisos para todos (algo imposible: no hay suelo suficiente en el término municipal), sí al menos para aprovechar lo que hay para paliar algo este déficit.

Déficit que, no olvidemos, tiene una evidente prioridad en la vivienda social pero también afecta a los cientos o miles de ciudadanos que quieren vivir en Cádiz siendo propietarios. No hay más que preguntar a los comerciantes, a los hosteleros, al los propietarios de los ultramarinos de barrio, para constatar que todos tienen claro que la ciudad necesita residentes con recursos para ayudar a mantener sus negocios, y para la generación de empleo en la propia ciudad.

Hoy el Ayuntamiento de Cádiz debate sobre la vivienda en un innovador pleno monográfico. El gobierno de Bruno García ha presentado sus propuestas. La oposición, logrando la unidad entre el PSOE y AIG, ha optado por una enmienda de sustitución, con 27 medidas, lo que a priori significa no buscar un acuerdo común de toda la Corporación.

Este es el primer paso para prever que nada en claro saldrá de este debate. Por lo menos nada de lo que de verdad interesa al gaditano en materia de vivienda. Al contrario, antes del debate ha ganado el ruido.

Denuncia de IU sobre Casitas Bajas

Hay más. Al debate se llega pocas horas después de que Izquierda Unida anunciase que ha trasladado a la Oficina Antifraude el “posible” conflicto de intereses que puede darse en el gobierno del Ayuntamiento de Cádiz “ante la anunciada venta de los aprovechamientos municipales del solar de Casitas Bajas a través de Procasa, en tanto que pueda beneficiar a una promotora perteneciente a un grupo de empresas vinculadas con el marido de la concejala de Vivienda y Presidenta de Procasa”, Ana Sanjuán.

Destaca esta formación, que durante ocho año formó parte del gobierno de coalición de José María González asumiendo el control de la concejalía de Vivienda, que “en la labor de fiscalización y de oposición”, se muestran “vigilantes en los procesos de venta de suelo público de todos los vecinos y vecinas, sea en Náutica, Campo de las Balas o en este particular de Casitas Bajas, y más aún si cabe cuando hay vínculos como este que puede dar lugar cuanto menos a un posible conflicto de intereses”.

Para IU, esta es “la Marca PP, que deja el Partido Popular cuando gobierna”. A la vez constata que “más allá de lo que concluya la Oficina Antifraude, es insostenible que las políticas de vivienda de la ciudad las dirija un ‘delfín’ de las promotoras privadas”. Por ello, esta formación requiere a Bruno García “a dar explicaciones de todo esto en el pleno de vivienda y a tomar medidas de inmediato”.

El histórico solar de las Casitas Bajas es propiedad de una inmobiliaria gaditana, que adquirió la totalidad del suelo a lo largo de todo el periodo de mandato de González.

Gobernando aún la coalición de izquierdas, y teniendo en cuenta que parte de este terreno estaba afectado por el aprovechamiento impuesto por la Unidad de Ejecución en el que se encuentra, la promotora (como ya informó este diario) intentó cerrar un acuerdo, asumiendo todo el solar a cambio de financiar la construcción de pisos públicos en otras zonas de la ciudad. Tras las críticas internas en la izquierda que supuso la operación de Cooperativa (cuando se vendió un terreno público para la construcción de pisos de renta libre), el Ayuntamiento de Kichi no quiso dar este paso.

Ya en esta etapa de Bruno García, la propiedad de Casitas Bajas insistió esta operación, intentando activar el trámite del proyecto de reparcelación de la parcela al considerar que le avalaba el silencio administrativo.

Sin embargo, el gobierno del PP (como también informó este diario), elaboró un documento contrario a esta medida.

Como contestación a la medida anuncia por IU, el gobierno municipal indicó ayer tarde que “este suelo no es público, sino que fue adquirido por un privado cuando IU estaba al frente de las delegaciones de Vivienda y de Urbanismo en el Ayuntamiento y que la actuación en estos momentos está igual que cuando dejaron ambas concejalías”.

Afirma José Manuel Cossi, teniente de alcalde de Urbanismo, que a día de hoy este suelo está “legal, jurídica y físicamente igual que en 2021 cuando cambió el gobierno de esta ciudad. Es más, lo único que ha hecho este Ayuntamiento es inadmitir a trámite el proyecto de reparcelación de la UE-EX02R2 ‘Barriada de España’ y descartar la propuesta de adjudicación directa de los aprovechamientos municipales que la empresa propietaria del suelo había solicitado”.

La intención municipal, como ya adelantó este diario, es subastar estas unidades de aprovechamiento municipales para obtener fondos con los que iniciar la reforma integral del barrio de Manuel de Falla, de titularidad pública.

No hay acuerdo ni con la vivienda

La necesaria defensa de la vivienda pública en Cádiz se ha activado, y encrespado, curiosamente en el último año y medio. Diversos colectivos sociales que durante el anterior mandato de José María González solo alzaron la voz de forma muy esporádica, ahora sí se muestran activos,defendiendo la vivienda pública en suelo público.

Con este panorama se llega al pleno extraordinario de la vivienda.

A pesar de la gravedad de este déficit urbano, que incide directamente en la permanencia de la población y que esta no baje de los 100.000 habitantes, con lo que ello supondría de descalabro económico para la capital, la vivienda se ha convertido en ariete contra el enemigo político. Una vez más es el ciudadano el que pierde.

Dejando a un lado la fuerza de los datos: cuántas viviendas se han ejecutado, o se van a ejecutar en determinado periodo político; cuánto suelo se ha dedicado o se va a dedicar a vivienda pública; cuánto dinero se destina o se va a destinar en los presupuestos a la construcción de más pisos, los tres partidos con representación municipal son incapaces de plantear una apuesta común. Y eso que leyendo las propuestas de unos y otros, en muchos de ellas hay una gran similitud.

A pesar del avance que supuso el Plan de Rehabilitación del Casco Antiguo, la ciudad soporta un elevado porcentaje de edificios, públicos y privados, necesitados de mejoras, especialmente en materia de accesibilidad. Un déficit que se une a la necesidad de más pisos que no parece que vaya a lograr, tampoco, el consenso político.

Al final, una disputa local sobre un tema tan relevante, nos resta fuerza a la hora de reclamar a las otras administraciones, la Junta y el Estado, una mayor implicación en la compra de suelo privado para poder construir más vivienda pública, ya sea en alquiler o de VPO.