Cádiz necesita duplicar sus viviendas públicas para atender la demanda de pisos protegidos

Hubo una época en la que la ciudad tenía uno de los parques de vivienda pública más extenso del país. A los pisos de propiedad municipal se les unían los gestionados por las empresas públicas que funcionaban en la ciudad (Astilleros, CASA, Tabacalera e incluso Renfe) y los que estaban en manos de la Diputación. A este listado se le unió la Junta, especialmente tras el inicio de la remodelación del Cerro del Moro y, después, el Casco Antiguo, tras el inicio en 1999 del Plan de Rehabilitación.

La marcha o cierre de estas compañías y el proceso de venta de una parte de este parque inmobilliario a sus inquilinos, siempre a precios muy bajos y lejos del valor del mercado, fue rebajando el número de pisos públicos. Hoy se concentran en manos del Ayuntamiento y la Junta. Entre ambas administraciones se rondan las 3.900 viviendas, superando el Ayuntamiento los dos millares. La Junta ha unido a su listado en sus últimos meses los 60 pisos de Matadero-2, quedando aún por ejecutar una última fase.

Que la propiedad esté en manos públicas garantiza para sus inquilinos un precio del alquiler muy inferior a los que marca el mercado, especialmente en una ciudad tan cara como la de Cádiz. El Ayuntamiento tiene en sus manos casas que no le rentan ni 50 euros al mes. Esta es una cantidad insuficiente para costear el mantenimiento de estos inmuebles, muchos de ellos construidos hace más de siglo, o más como el barrio Manuel de Falla, que data de 1938. El gobierno local mantiene un plan anual, con 1 millón de euros de inversión, para el arreglo de algunos de estas residencias.

Aún reduciendo el global de esta cifra, la cifra sigue siendo muy alta. La ciudad cuenta con unas 56.000 viviendas de las que son principales 46.000. Según datos del INE cerrados en 2022, de este conjunto hay 2.824 pisos vacíos, la mitad de los que había en 2001 (5.943).

El registro de la vivienda, que maneja el Ayuntamiento de Cádiz a través de su empresa pública Procasa, cuenta actualmente con 5.900 demandantes. Es decir, a priori serían 5.900 nuevas viviendas públicas en la ciudad las que harían falta para atender esta demanda más urgente (que se supone que no la única existente). Sin embargo, de estos peticionarios hay 2.674 que no quieren vivir de alquiler y sí están dispuestos a comprar una vivienda. El resto, unos 2.300, sí necesitan una vivienda social.

Se entiende que, en estos casos, el gasto que se pueda asumir en la adquisición de un piso no sería elevado, por lo que tendrían que acudir a las viviendas de protección oficial.

Con todo, entre alquiler social y VPO, Cádiz necesita hoy duplicar el número de viviendas que están en manos de la Junta y el Ayuntamiento, para atender la demanda existente.

Junto a las promociones que el Ayuntamiento ya tiene en ejecución (Santiago, Crópani y García de Sola) y las que va iniciar a corto plazo, y las que se anuncian a medio plazo en Navalips (400, teniendo en cuenta que otras 400 serán de renta libre), ya se manejan más de 600 pisos. En el convenio firmado entre el Ayuntamiento y la Junta se hablaban de otras 300 viviendas en diveros terrenos de la administración regional, aunque aún habrá que concretar su modalidad. Y también se cuenta con la operación en Loreto, con 212 pisos cuyos residentes saldrán del registro de demandantes del Ayuntamiento. Cifras importante aunque aún muy escasas ante el volumen de la demanda que se maneja hoy en la ciudad.